El terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Panamá el viernes no dejó fallecidos y causó cerca de una treintena de heridos leves, pero dañó más de 2.000 infraestructuras. El balance —más de 1.280 viviendas y 619 centros escolares, además de edificios públicos, centros de salud, hoteles y vías— convierte el episodio en algo más que una emergencia localizada: es una prueba para la supervisión de las construcciones y la continuidad de servicios esenciales.
La concentración de daños en la península de Azuero, donde predominan comunidades pequeñas y parte de la población es de edad avanzada, añade una dimensión social al problema. Las afectaciones en carreteras y puentes pueden dificultar el acceso a atención médica, abastecimiento y evaluaciones técnicas justo cuando más se necesitan. La magnitud de esas consecuencias dependerá del estado de cada inmueble y de cuánto tiempo permanezcan interrumpidas las conexiones; el balance disponible no permite determinar todavía el alcance de las pérdidas económicas ni la duración de las reparaciones.
Una norma actualizada no basta sin fiscalización
Panamá dispone de un reglamento estructural expedido por primera vez en 1984 y actualizado en 1994, 2004, 2014 y 2021. Ramiro Vargas, vicedecano de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá, sostiene que la normativa incorpora criterios técnicos vigentes, pero advierte que su eficacia depende de que se cumpla y se fiscalice durante las obras. El contraste entre una regulación actualizada y daños extendidos señala un desafío de implementación, aunque por sí solo no demuestra que las edificaciones afectadas incumplieran las reglas.
La construcción informal, la falta de análisis técnicos y el mantenimiento deficiente son riesgos identificados por el especialista. También lo es la capacidad limitada de algunas alcaldías del interior, que, según Vargas, carecen de ingenieros entre su personal para supervisar obras. Si los municipios no pueden revisar diseños, materiales y procedimientos, la aplicación de la norma puede variar de una localidad a otra. Esto hace más difícil prevenir vulnerabilidades antes de un sismo y establecer responsabilidades después de los daños.
La cifra de centros escolares afectados merece atención particular, porque el cierre de instalaciones puede alterar la educación y dejar a familias con menos opciones de cuidado. Las afectaciones en centros de salud plantean un riesgo adicional: un edificio que requiere inspección o reparación puede reducir la capacidad asistencial en una emergencia posterior. Estas consecuencias no son automáticas ni uniformes; dependen de la evaluación estructural, la disponibilidad de instalaciones alternativas y la velocidad con que se restablezcan los servicios.
La recuperación también puede revelar desigualdades
Las reparaciones pueden impulsar mejoras duraderas si las evaluaciones distinguen entre daños superficiales y fallas que comprometen la seguridad. Reparar sin diagnóstico suficiente, en cambio, puede ocultar problemas y reproducir prácticas vulnerables. El reto será combinar inspecciones técnicas, priorización de inmuebles ocupados y transparencia sobre las decisiones de rehabilitación, sin tratar como equivalentes una vivienda dañada, una escuela y una estructura crítica para el tránsito o la atención sanitaria.
La distribución de la asistencia también importa. Los hogares con menos recursos, las personas mayores y quienes dependen de actividades agrícolas o ganaderas pueden tener más dificultades para trasladarse, documentar daños o financiar reparaciones. Si la ayuda llega con retraso o exige trámites difíciles de completar, la recuperación puede ampliarse de forma desigual. Al mismo tiempo, una respuesta pública coordinada podría identificar viviendas inseguras y canalizar apoyo hacia las comunidades más expuestas; su efectividad dependerá de la información disponible y de los recursos técnicos y financieros.
Réplicas y conocimiento del territorio
Desde el sismo se han registrado más de 300 réplicas. Vargas considera que estos movimientos refuerzan la necesidad de estudiar fallas geológicas activas y tipos de suelo. La información sobre el terreno puede orientar futuras decisiones de diseño y planificación, pero no basta para anticipar con precisión cuándo ocurrirá otro evento ni qué estructuras resultarían más afectadas. La incertidumbre geológica exige planificación sostenida, no conclusiones precipitadas basadas en un único episodio.
El experto señala que la resistencia depende también de detalles de diseño, como los refuerzos en puertas y ventanas, las uniones entre paredes y los anclajes de los techos. Esa observación ayuda a explicar por qué la antigüedad o el material, considerados por separado, no determinan el desempeño de un edificio. El propósito del diseño sismorresistente es limitar daños y evitar colapsos que pongan vidas en peligro, no garantizar que las construcciones queden intactas ante cualquier movimiento.
El balance del terremoto ofrece una oportunidad para priorizar inspecciones, reforzar la supervisión municipal y actualizar la planificación con datos sobre suelos y fallas. Pero esos avances compiten con límites de personal, presupuesto y capacidad de respuesta, especialmente fuera de los principales centros urbanos. La evolución del riesgo dependerá menos de la existencia formal de reglas que de que puedan aplicarse de manera consistente, y de que las reparaciones atiendan las vulnerabilidades detectadas antes de que otro sismo vuelva a ponerlas a prueba.
