El terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Panamá el viernes dañó más de 2.000 infraestructuras y dejó cerca de treinta heridos leves, sin víctimas mortales. El balance oficial citado por EFE registra afectaciones en más de 1.280 viviendas y 619 centros escolares, además de edificios públicos, centros de salud, iglesias, hoteles y vías. La magnitud y variedad de los daños han reabierto una cuestión que va más allá de la resistencia de cada inmueble: cómo garantizar que las normas sísmicas se cumplan en todo el país.
Los efectos se concentraron especialmente en la península de Azuero, donde predominan pueblos pequeños y una población que depende en buena medida de la agricultura y la ganadería. También se reportaron daños en otras zonas, incluidos más de 60 edificios gubernamentales, 44 iglesias, 24 centros de salud y 11 hoteles. Una decena de carreteras, vías y puentes resultó afectada, por lo que todavía se requieren inspecciones para determinar el estado de las estructuras y las condiciones de seguridad.
Una norma vigente no basta sin supervisión
Panamá cuenta con un reglamento estructural cuya primera versión se publicó en 1984 y que fue actualizado en 1994, 2004, 2014 y 2021. Ramiro Vargas, vicedecano de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá, señaló que la normativa incorpora avances técnicos y datos para el análisis y diseño sísmico. Su eficacia, advirtió, depende de que se aplique y fiscalice durante las obras.
El problema aparece cuando las construcciones informales, la falta de análisis técnicos o el mantenimiento deficiente dejan vacíos que el reglamento por sí solo no puede corregir. Vargas también alertó sobre la capacidad limitada de algunas alcaldías del interior, donde no hay ingenieros entre el personal para supervisar obras. Sin recursos técnicos locales, comprobar el diseño, los materiales y los procedimientos empleados resulta más difícil, tanto durante la construcción como en las revisiones posteriores.
Las réplicas ponen el suelo y el diseño en primer plano
Desde el sismo principal, cuyo epicentro se ubicó en la península de Azuero, se han registrado más de 300 réplicas. Para Vargas, esa actividad refuerza la necesidad de estudiar las fallas geológicas y las características de los suelos. La seguridad depende de ambos factores: las condiciones del terreno influyen en cómo se transmite el movimiento, mientras que cada estructura responde según su diseño y estado.
Entre los elementos que pueden influir en ese comportamiento figuran los refuerzos alrededor de puertas y ventanas, las uniones entre paredes y los anclajes de los techos. El objetivo del diseño sismorresistente, explicó Vargas, es controlar los daños y evitar colapsos que pongan vidas en peligro. Por eso, la antigüedad de un edificio o el tipo de material, considerados de forma aislada, no permiten determinar su resistencia.
El desafío después del recuento
La ausencia de fallecimientos no elimina la dimensión del riesgo: los daños en viviendas, escuelas, servicios de salud y conexiones viales afectan actividades esenciales y exigen priorizar inspecciones y reparaciones. El recuento también muestra que la exposición no se limita a un solo tipo de inmueble. Para reducir vulnerabilidades, será necesario identificar qué estructuras requieren atención urgente y asegurar que las evaluaciones cuenten con personal capacitado.
Vargas recordó que Panamá es un país tectónicamente activo y está expuesto a sismos de gran magnitud. La respuesta de largo plazo, por tanto, no depende únicamente de actualizar normas, sino de sostener su aplicación en municipios con capacidades desiguales, estudiar las condiciones geológicas y revisar edificaciones existentes. Las más de 300 réplicas mantienen la atención sobre el peligro inmediato; los daños registrados, en cambio, dejan planteada una tarea permanente de supervisión y seguridad constructiva.
