El terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Panamá el viernes dejó daños en más de 2.000 infraestructuras, cerca de una treintena de heridos leves y ningún fallecido. Más allá del balance inmediato, la diversidad de inmuebles afectados plantea una pregunta de fondo: cómo garantizar que las normas sismorresistentes se apliquen en un país expuesto a fuertes movimientos tectónicos.
El daño alcanzó viviendas, escuelas y servicios públicos
El reporte oficial citado por EFE contabiliza daños en más de 1.280 residencias y 619 centros escolares. También registra afectaciones en más de 60 edificios gubernamentales, 44 iglesias, 24 centros de salud y 11 hoteles, además de una decena de carreteras, vías y puentes. La península de Azuero concentró buena parte de los efectos, aunque el impacto se extendió a distintas zonas del país.
La amplitud del inventario importa tanto como su volumen: escuelas, centros sanitarios y rutas dañadas pueden afectar la continuidad de servicios esenciales y dificultar las evaluaciones posteriores. En Azuero, donde predominan pequeños pueblos y parte de la población es mayor, la dependencia de la agricultura y la ganadería añade una dimensión social a la recuperación. El balance no identifica por sí solo las causas de cada daño, pero sí señala la necesidad de inspeccionar estructuras con usos y condiciones muy distintos.
Una norma actualizada no sustituye la fiscalización
Panamá cuenta con un reglamento estructural cuya primera versión se aprobó en 1984 y que fue actualizado en 1994, 2004, 2014 y 2021. Ramiro Vargas, vicedecano de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá, sostuvo que el marco incorpora avances técnicos, pero su eficacia depende de que se cumpla y se fiscalice durante las obras.
La advertencia apunta a una brecha entre diseño normativo y capacidad de ejecución. Vargas mencionó construcciones informales, falta de análisis técnicos y mantenimiento deficiente, junto con alcaldías del interior que carecen de ingenieros para supervisar proyectos. Sin personal capaz de revisar diseños, materiales y procedimientos, la existencia de requisitos no permite confirmar que cada edificio los satisfaga. Esa limitación puede ser especialmente relevante en localidades alejadas de los recursos técnicos disponibles en las principales ciudades.
Más de 300 réplicas refuerzan la importancia del territorio
Desde el sismo, cuyo epicentro estuvo en la península de Azuero, se han registrado más de 300 réplicas. Para Vargas, estos movimientos respaldan la necesidad de estudiar las fallas geológicas activas y las características de los suelos. La seguridad no depende solo de la edad de una construcción ni de los materiales: también cuentan el diseño de refuerzos alrededor de puertas y ventanas, las uniones entre paredes y el anclaje de los techos.
El objetivo del diseño sismorresistente, explicó el especialista, es controlar los daños y evitar colapsos que pongan vidas en peligro. Por eso, las evaluaciones tras el terremoto pueden aportar información sobre vulnerabilidades concretas, pero reducir el riesgo exige conectar ese aprendizaje con mejores estudios del terreno y supervisión efectiva. La magnitud del daño registrado no demuestra que todas las estructuras afectadas incumplieran la norma; sí deja claro que actualizarla es solo una parte de la respuesta en un país tectónicamente activo.
