El terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Panamá el viernes dañó más de 2.000 infraestructuras y reavivó el debate sobre la seguridad de las edificaciones, en particular las antiguas o construidas sin suficiente supervisión técnica. El movimiento dejó cerca de 30 heridos leves y no causó muertes, según el balance citado por EFE. La evaluación de los daños apunta ahora a un desafío que va más allá de actualizar reglamentos: hacer que se cumplan en cada obra y territorio.
Daños en viviendas, escuelas y servicios
La península de Azuero concentró buena parte de los efectos. El último reporte oficial citado por EFE contabilizó daños en más de 1.280 viviendas y 619 centros escolares. También resultaron afectados más de 60 edificios gubernamentales, 44 iglesias, 24 centros de salud y 11 hoteles. A ese inventario se suman perjuicios en una decena de carreteras, vías y puentes.
La variedad de inmuebles afectados obliga a realizar inspecciones con prioridades distintas: en escuelas y centros sanitarios, por ejemplo, la revisión incide en la continuidad de servicios esenciales; en carreteras y puentes, en la conectividad y el acceso a comunidades. El recuento de daños no determina por sí solo si una estructura es inhabitable, por lo que serán necesarias evaluaciones técnicas para establecer el alcance de las reparaciones y las condiciones de seguridad.
Reglas actualizadas, aplicación desigual
Ramiro Vargas, vicedecano de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), dijo este lunes a TVN que el país cuenta con un reglamento estructural actualizado y coherente con avances técnicos y datos para el análisis sísmico. La norma tuvo versiones en 1984, 1994, 2004, 2014 y 2021. Sin embargo, afirmó, su eficacia depende de que se aplique y fiscalice durante la construcción.
Entre los riesgos señalados por el ingeniero figuran las obras informales, la falta de análisis técnicos y el mantenimiento deficiente. Vargas advirtió que algunas alcaldías del interior carecen de ingenieros para supervisar proyectos, una limitación que puede dificultar la comprobación de diseños, materiales y procedimientos. La brecha, por tanto, no reside únicamente en el contenido de la regulación, sino también en la capacidad local para verificar su cumplimiento.
Más de 300 réplicas mantienen la atención
El sismo tuvo su epicentro en la península de Azuero y desde entonces se han registrado más de 300 réplicas. Vargas sostuvo que esa actividad refuerza la necesidad de estudiar las fallas geológicas y las características de los suelos. La respuesta también requiere personal técnico capaz de considerar las condiciones específicas del terreno y de cada edificio, en vez de evaluar la resistencia solo por la antigüedad o los materiales.
El diseño sismorresistente busca controlar daños y evitar colapsos que pongan vidas en peligro. Según Vargas, aspectos como los refuerzos alrededor de puertas y ventanas, las uniones entre paredes y los anclajes de los techos influyen en el comportamiento estructural. El balance sin fallecidos contrasta con la amplitud de los daños materiales; las inspecciones y la aplicación efectiva de las normas serán determinantes para reducir la vulnerabilidad ante futuros movimientos en un país tectónicamente activo.
