El terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Panamá el viernes dejó un balance sin víctimas mortales, cerca de treinta heridos leves y daños en más de 2.000 infraestructuras. La cifra, que abarca viviendas, escuelas, centros de salud, edificios públicos, iglesias, hoteles y vías, convierte el episodio en algo más que una emergencia localizada: es una prueba de cómo se construye, mantiene y supervisa en un país expuesto a la actividad sísmica.
La península de Azuero concentró buena parte de los efectos. Sus pueblos pequeños, con población en muchos casos envejecida y economías ligadas a la agricultura y la ganadería, afrontan una recuperación distinta a la de las ciudades: las viviendas pueden estar dispersas, el acceso a servicios técnicos es limitado y los daños en caminos o puentes pueden dificultar tanto la inspección como la llegada de ayuda. El alcance territorial de las afectaciones, sin embargo, también obliga a revisar instalaciones esenciales en otras zonas del país.
Una norma que depende de su aplicación
Panamá cuenta con un reglamento estructural cuya primera versión data de 1984 y que fue actualizado en 1994, 2004, 2014 y 2021. Esa evolución incorpora conocimientos técnicos y criterios de diseño sísmico, pero no garantiza por sí misma que cada edificio cumpla las exigencias. Como señaló Ramiro Vargas, vicedecano de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá, la efectividad de la norma depende de que se aplique y se fiscalice durante las obras.
La diferencia entre una regla escrita y una estructura segura se juega en decisiones concretas: que el diseño considere el terreno, que los materiales correspondan a las especificaciones, que las uniones y los refuerzos estén bien ejecutados y que la obra sea inspeccionada. Si falta cualquiera de esos pasos, una norma actualizada puede tener un efecto limitado. La advertencia sobre alcaldías del interior sin ingenieros entre su personal apunta a un problema institucional: la capacidad de supervisión no está necesariamente distribuida donde se construye.
Las construcciones informales y la falta de análisis técnicos amplían esa brecha. No toda edificación antigua es automáticamente insegura, ni la edad por sí sola explica los daños; importan también el diseño, el mantenimiento y las condiciones del suelo. Del mismo modo, una vivienda levantada sin asesoría puede presentar vulnerabilidades que no son visibles antes de un sismo. Por eso, el recuento de inmuebles afectados debe convertirse en una evaluación individual, no en una conclusión uniforme sobre barrios o tipos de construcción.
El daño también interrumpe servicios
Entre los inmuebles reportados figuran 1.280 residencias y 619 centros escolares, además de 24 centros de salud, más de 60 edificios gubernamentales y una decena de carreteras, vías y puentes. Cada categoría implica una consecuencia distinta. Una vivienda dañada puede desplazar temporalmente a una familia; una escuela cerrada afecta la continuidad educativa y puede dejar a comunidades sin un espacio de reunión; un centro de salud comprometido reduce la capacidad de atender tanto a los heridos del sismo como a pacientes con necesidades habituales.
Las carreteras y los puentes añaden un efecto en cadena. Si una ruta queda restringida, se complica el traslado de equipos de inspección, materiales y suministros, y también puede retrasarse la reanudación de actividades agrícolas y comerciales. En localidades donde los ingresos dependen del trabajo rural, una interrupción prolongada del transporte puede pesar tanto en la recuperación como la reparación de una vivienda. El impacto económico, por tanto, no se limita al costo de reconstruir edificios: incluye el tiempo en que servicios, educación y actividad productiva funcionan por debajo de lo normal.
La presencia de hoteles entre los inmuebles afectados también exige revisiones cuidadosas, aunque el reporte no detalle el grado de daño en cada establecimiento. La seguridad de ocupantes y trabajadores debe preceder a la reapertura. A la vez, una inspección transparente ayuda a evitar que la incertidumbre se convierta en una percepción general de riesgo que perjudique a destinos y negocios más allá de las estructuras realmente comprometidas.
Réplicas y prevención a largo plazo
Desde el movimiento principal se han registrado más de 300 réplicas. Además de mantener la atención pública, estos temblores hacen urgente distinguir entre daños superficiales y deterioros que podrían agravarse con nuevos movimientos. Una evaluación técnica ordenada puede priorizar edificios esenciales y viviendas con señales de inestabilidad, y orientar decisiones como restringir el acceso, apuntalar o reparar. Sin esa clasificación, tanto una reapertura prematura como una evacuación innecesaria pueden generar riesgos y costos adicionales.
Vargas también señaló la necesidad de estudiar las fallas geológicas activas y los tipos de suelo. El lugar donde se levanta una estructura condiciona el movimiento que experimenta, de modo que el diseño no puede separarse de la información geológica. Los refuerzos alrededor de puertas y ventanas, las conexiones entre paredes y los anclajes de los techos son ejemplos de detalles que influyen en el comportamiento del conjunto. El objetivo del diseño sismorresistente no es prometer que no habrá daños, sino reducirlos y evitar colapsos que amenacen vidas.
La experiencia de Azuero plantea así un reto de política pública que va más allá de actualizar reglamentos: fortalecer las oficinas municipales, contar con personal capacitado y asegurar inspecciones durante las distintas etapas de las obras. También exige un inventario de edificios vulnerables y criterios claros para priorizar recursos, especialmente en escuelas, centros de salud y rutas de acceso. El sismo no demuestra por sí solo que todas las construcciones incumplan las normas; sí evidencia que la seguridad depende de una cadena completa, desde el conocimiento del terreno hasta la fiscalización y el mantenimiento. En un país tectónicamente activo, romper esa cadena puede convertir un riesgo conocido en una emergencia social prolongada.
