España ha convertido la longevidad en uno de sus mayores logros demográficos y, al mismo tiempo, en una de sus preguntas sociales más exigentes. La esperanza de vida al nacer alcanzó los 84,01 años en 2024, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. La cifra sitúa al país entre los más longevos del mundo, pero no responde por sí sola a la cuestión decisiva: cuántos de esos años se viven con capacidad para decidir, desplazarse, relacionarse y realizar las actividades cotidianas sin depender de otras personas.
La reflexión planteada por Cristina Alonso, geriatra y directora de la Unidad de Geriatría del Hospital de Pontevedra, desplaza el centro del debate. El objetivo sanitario y político no debería ser perseguir una edad récord, sino retrasar la fragilidad y ampliar el periodo de vida autónoma. Esa diferencia tiene consecuencias prácticas: modifica la manera de prevenir enfermedades, reorganiza la atención médica, afecta a la planificación urbana y obliga a revisar cómo se forman los profesionales que atienden a una población cada vez más envejecida.
Una transformación demográfica que cambia la pregunta
El envejecimiento de la población española no es un fenómeno repentino. Es el resultado acumulado de varias décadas de descenso de la mortalidad, mejoras en la alimentación y la salud pública, avances médicos y reducción de la natalidad. La generación que hoy llega a edades avanzadas ha disfrutado de mejores condiciones materiales que sus antecesoras, pero también afronta una etapa final de la vida más prolongada, en la que pueden acumularse enfermedades crónicas, pérdidas sensoriales o limitaciones funcionales.
Por eso, la esperanza de vida debe diferenciarse de la esperanza de vida saludable. Dos personas con la misma edad pueden presentar situaciones completamente distintas: una puede seguir trabajando, cuidando a su pareja y desplazándose sin ayuda; otra puede necesitar apoyo para levantarse, asearse o salir de casa. Las estadísticas generales no siempre reflejan esa brecha, aunque para las familias, los servicios sociales y el sistema sanitario sea la diferencia que determina el nivel de dependencia.
El planteamiento de Alonso parte de una premisa difícil de rebatir: el envejecimiento biológico no puede detenerse, pero la velocidad a la que se pierde capacidad sí está influida por las condiciones de vida y por la atención recibida. No se trata de prometer una juventud prolongada ni de presentar el ejercicio como una solución universal. Se trata de identificar antes los cambios que anuncian una pérdida de reserva física y cognitiva, y de intervenir cuando todavía existe margen para recuperar terreno.
La fragilidad no es una sentencia irreversible
En geriatría, la fragilidad describe un estado de vulnerabilidad creciente. Una persona frágil puede tener menos fuerza, caminar más despacio, agotarse con facilidad o perder peso sin proponérselo. Todavía no necesariamente presenta una discapacidad establecida, pero dispone de menos capacidad de respuesta ante una infección, una caída, una hospitalización o un cambio brusco en su entorno. Una enfermedad que un adulto robusto supera en pocos días puede desencadenar en ella una cadena de inmovilidad, pérdida muscular y dependencia.
La relevancia de este concepto reside en que funciona como una etapa de alerta. Si se detecta a tiempo, permite actuar antes de que la limitación se consolide. Alonso subraya que existen ensayos clínicos controlados que han mostrado mejoras mediante programas de actividad física relativamente sencillos. Entre los trabajos citados figura el estudio de Casas-Herrero y Cadore, publicado en la revista Age, en el que un programa multicomponente de cuatro semanas consiguió revertir la fragilidad física en el 66,7% de los participantes nonagenarios.
Ese resultado no significa que cuatro semanas de ejercicio puedan resolver cualquier problema asociado a la edad. El estudio se realizó en unas condiciones concretas, con participantes seleccionados y un programa supervisado. Su importancia es otra: demuestra que incluso a edades muy avanzadas puede existir capacidad de adaptación. El músculo, el equilibrio y la resistencia no desaparecen automáticamente al cumplir una determinada edad. La respuesta depende de la situación inicial, del tipo de intervención, de la continuidad y de la posibilidad de mantenerla en el entorno habitual.
La lógica también ayuda a entender por qué una caída debe tomarse como una señal clínica y no solo como un accidente doméstico. Después de una caída, muchas personas reducen sus desplazamientos por miedo. Esa menor actividad acelera la pérdida de fuerza, aumenta el aislamiento y eleva el riesgo de nuevas caídas. Una evaluación temprana, ejercicios de equilibrio y fuerza, revisión de la medicación y adaptación de la vivienda pueden interrumpir esa secuencia. El beneficio no se limita a evitar una fractura: puede conservar meses o años de autonomía.
Cuando se llama “normal” a lo que debería investigarse
Uno de los problemas que la geriatra identifica es la tendencia a atribuir al envejecimiento síntomas que pueden ser tratables. Caminar con mucha lentitud, perder fuerza, sufrir caídas repetidas, experimentar dolor persistente o presentar dificultades sensoriales no debe aceptarse automáticamente como el precio inevitable de cumplir años. Tampoco todos los cambios cognitivos son normales. Confundirlos con la edad puede retrasar diagnósticos de depresión, efectos adversos de fármacos, déficits nutricionales o enfermedades neurodegenerativas.
La frase “es normal para su edad” tiene un efecto clínico y social. Puede llevar a la persona mayor a no consultar, a la familia a resignarse y al profesional a no profundizar en la evaluación. El resultado es una atención tardía, cuando la rehabilitación es más difícil y costosa. En cambio, preguntar por la capacidad para subir escaleras, preparar una comida, administrar la medicación o salir a comprar ofrece una imagen más útil que limitarse a contar diagnósticos.
Este enfoque coincide con la visión de envejecimiento saludable promovida por la Organización Mundial de la Salud, que pone el acento en la capacidad funcional. La meta no es que todas las personas mayores hagan lo mismo, sino que puedan seguir realizando aquello que da sentido a su vida dentro de sus posibilidades. Para una persona puede ser cuidar un huerto; para otra, acudir al mercado, viajar en transporte público o mantener una red de amistades. La medicina debe valorar esas actividades porque son indicadores concretos de independencia y bienestar.
El sistema sanitario ante una población que vive más tiempo
La falta de formación geriátrica señalada por Alonso revela una tensión entre la estructura actual de la medicina y la realidad demográfica. Si los médicos terminan su formación con apenas 10 o 15 horas de contenidos de geriatría en el mejor de los casos, es difícil esperar que todos sepan reconocer síndromes geriátricos, ajustar tratamientos en pacientes con múltiples enfermedades o distinguir entre deterioro funcional y una discapacidad ya establecida.
La carencia no afecta solo a los especialistas. La mayoría de las personas mayores entra en contacto primero con la atención primaria, los servicios de urgencias o distintas especialidades hospitalarias. Allí se decide con frecuencia si una caída se estudia, si una pérdida de peso se considera relevante, si se revisan los fármacos o si se deriva a rehabilitación. Incorporar competencias geriátricas en toda la trayectoria médica permitiría que la detección no dependiera del azar de encontrar a un profesional especialmente sensibilizado.
También sería necesario cambiar los indicadores con los que se evalúa el éxito asistencial. Una intervención puede ser técnicamente correcta y, sin embargo, dejar a una persona incapaz de volver a caminar hasta su domicilio o de manejarse en su casa. Medir únicamente diagnósticos, operaciones o estancias hospitalarias ofrece una visión incompleta. La recuperación de la movilidad, la independencia en las actividades diarias y la calidad de vida deberían formar parte de los resultados prioritarios.
Este cambio puede tener además un efecto económico, aunque no conviene presentarlo como una promesa de ahorro automático. Prevenir una dependencia requiere inversión en profesionales, rehabilitación, atención comunitaria y adaptación de viviendas. Pero cuando una intervención evita hospitalizaciones repetidas, institucionalizaciones prematuras o la salida forzosa de un familiar del mercado laboral para asumir cuidados, sus beneficios se distribuyen por todo el sistema. La autonomía es un resultado sanitario, pero también un activo familiar y social.
Galicia como prueba de un modelo más cercano
La experiencia impulsada en Pontevedra apunta a una reorganización de la atención: pasar de una medicina centrada principalmente en la enfermedad a otra que evalúe la capacidad funcional. En la práctica, esto exige coordinar hospital, atención primaria, rehabilitación y servicios sociales. También obliga a conocer el contexto en el que vive cada paciente. No es igual recomendar caminar a una persona que dispone de parques, transporte y compañía que a otra que vive sola, en una vivienda con escaleras y en un municipio mal comunicado.
La dimensión territorial resulta especialmente relevante en Galicia, una comunidad con una población envejecida y numerosos núcleos rurales dispersos. Allí, la distancia a un centro sanitario, la falta de transporte o la soledad pueden convertir una recomendación clínica razonable en una medida imposible de cumplir. Un modelo eficaz deberá acercar programas de ejercicio, seguimiento y prevención a los barrios y pueblos, apoyándose en centros de salud, asociaciones comunitarias y redes de cuidados.
Si estas iniciativas se consolidan, podrían ofrecer lecciones para otras regiones españolas. Pero también conviene evitar una lectura simplista: ningún programa local compensará por sí solo la falta de profesionales, las listas de espera en rehabilitación o las barreras arquitectónicas. El envejecimiento saludable depende de una cadena de decisiones. La consulta médica es una pieza; la vivienda accesible, la alimentación, el transporte, la participación social y la protección frente a la pobreza son las demás.
La autonomía como criterio de política pública
La discusión abierta por Alonso llega en un momento en que España debe preparar sus servicios para una población con más personas octogenarias y nonagenarias. La respuesta no puede consistir únicamente en ampliar plazas residenciales o aumentar recursos hospitalarios después de que aparezca la dependencia. Hace falta una estrategia anticipatoria que identifique la fragilidad, financie la prevención y facilite que las personas mantengan vínculos, movimiento y capacidad de decisión.
Eso implica revisar también la responsabilidad individual. Mantener actividad física, cuidar la alimentación y participar en la vida social puede reducir riesgos, pero no todas las personas parten de las mismas condiciones. Los ingresos, el género, el nivel educativo, el tipo de empleo desempeñado y el lugar de residencia influyen en la posibilidad de envejecer con salud. Convertir la longevidad en una obligación moral individual ocultaría esas desigualdades y trasladaría a las familias problemas que requieren políticas públicas.
La verdadera medida del progreso demográfico será, por tanto, la distancia entre los años que se ganan y los años que se viven con limitaciones severas. No existe una fórmula para garantizar que todo el mundo llegue a los cien años con plena independencia. Sí existe una oportunidad concreta para detectar antes la fragilidad, tratar lo tratable y construir entornos que no conviertan una limitación física en aislamiento. El desafío que Galicia afronta hoy, como advierte Cristina Alonso, anticipa el que mañana deberá resolver toda España: conseguir que vivir más tiempo signifique también conservar durante más tiempo la posibilidad de elegir cómo vivirlo.
