El Programa Mundial de Alimentos (PMA) reducirá su asistencia en la Franja de Gaza por falta de financiación, una decisión que dejará a unas 500.000 personas sin la ayuda alimentaria mensual que recibían hasta ahora. La agencia de Naciones Unidas atenderá a 1,1 millones de gazatíes, frente a los 1,6 millones del mes anterior, en un territorio donde 1,4 millones de personas continúan sufriendo inseguridad alimentaria aguda.
La reducción no consiste únicamente en excluir a parte de los beneficiarios. También afecta a la cantidad, la frecuencia y la forma en que se distribuyen los alimentos. El PMA ha disminuido las raciones, ha reducido las comidas calientes y ha recortado el apoyo económico destinado a miles de familias. La medida llega antes del invierno, cuando una parte importante de la población sigue viviendo en tiendas de campaña o en refugios provisionales sin servicios básicos suficientes.
Menos comidas, raciones más pequeñas y una ayuda más irregular
El número de comidas calientes distribuidas cada día bajará de 250.000 a 150.000. La ayuda económica se reducirá para 75.000 familias, mientras que los hogares recibirán un solo paquete de alimentos en lugar de dos y una bolsa de harina de trigo de menor tamaño.
En las zonas de más difícil acceso, donde algunas familias viven cerca de posiciones militares israelíes, el ajuste tendrá un efecto especialmente visible: una comida caliente cada dos días sustituirá a la entrega diaria. No se trata, por tanto, de una reducción uniforme. La distancia, la inseguridad y las restricciones de acceso determinan cuánto apoyo puede recibir cada comunidad, lo que agrava las diferencias entre quienes aún pueden ser alcanzados por las organizaciones humanitarias y quienes quedan en áreas más aisladas.
El PMA necesita 450 millones de dólares para mantener durante los próximos seis meses sus operaciones en Gaza y Cisjordania. Según la organización, en 2026 recibió menos de la mitad de la financiación destinada a sus operaciones en Palestina en comparación con años anteriores. La falta de recursos convierte así una necesidad humanitaria sostenida en una serie de decisiones de racionamiento cada vez más severas.
La financiación se ha convertido en un límite operativo
El director ejecutivo interino del PMA, Carl Skau, describió desde Gaza una situación marcada por la ausencia de refugio adecuado, servicios básicos y seguridad. Sus palabras reflejan una dificultad central: la ayuda alimentaria no puede compensar por sí sola la destrucción de viviendas, la interrupción de los servicios públicos y las restricciones que dificultan la entrada y distribución de suministros.
La agencia estima que 1,4 millones de personas, equivalentes al 67 % de la población de la Franja, padecen niveles de inseguridad alimentaria de crisis o peores. Alrededor de 200.000 se encuentran en condiciones de emergencia. Aunque algunos indicadores son menos graves que a finales de 2025, esa mejora relativa no significa que la población haya dejado de depender de la asistencia. En un contexto de desplazamiento prolongado y escasez de ingresos, una disminución de la ayuda puede transformar rápidamente una situación frágil en una emergencia más amplia.
La oficina de medios del Gobierno de Gaza, controlado por Hamás, calificó de catastrófico el anuncio y advirtió de que los recortes podrían acelerar la hambruna. También reclamó un aumento de la financiación para las organizaciones humanitarias. En Nuseirat, una mujer palestina desplazada, Sabrine Kuhail, expresó el agotamiento de familias que llevan años afrontando guerra, destrucción, asedio y desplazamiento: “¿Qué quieren de nosotros? Basta, estamos cansados”.
Un invierno más expuesto para una población desplazada
Más de dos millones de palestinos viven en Gaza, muchos de ellos en campamentos improvisados y refugios temporales. La llegada de un nuevo invierno añade riesgos concretos: las tiendas ofrecen una protección limitada frente a la lluvia y el frío, mientras que la falta de agua potable, saneamiento y electricidad eleva la posibilidad de enfermedades y dificulta la conservación y preparación de los alimentos.
La situación se desarrolla además en un territorio fragmentado por el control militar y la violencia. Las fuerzas israelíes mantienen el control de más del 60 % de la Franja y continúan realizando ataques aéreos, mientras Hamás controla la mayor parte de las zonas donde permanece la población. En estas condiciones, transportar una ración no es solo un problema logístico. Requiere acceso, seguridad y una coordinación que el deterioro del conflicto vuelve cada vez más difícil.
El año pasado, el alto el fuego auspiciado por Estados Unidos contempló una futura reconstrucción de Gaza. Sin embargo, los avances para aplicar el acuerdo que debía poner fin al conflicto siguen siendo limitados, incluidas las disposiciones sobre el desarme de Hamás y la retirada de las tropas israelíes. La ausencia de progresos políticos mantiene abierta la emergencia que obliga a las agencias internacionales a sostener necesidades que, en principio, deberían ser transitorias.
La mejora estadística no elimina la dependencia
En agosto de 2025, la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases confirmó oficialmente que más de medio millón de gazatíes sufrían hambruna en la gobernación de Gaza y en la capital del territorio. La proporción actual de población afectada es inferior a la registrada entonces, pero las cifras siguen mostrando una crisis de gran escala. Una reducción del deterioro no equivale a recuperación cuando millones de personas carecen de vivienda estable, empleo y acceso regular a alimentos.
El recorte anunciado por el PMA revela, por ello, una tensión que va más allá de la contabilidad de raciones: cuanto más se prolonga una crisis, mayor es el riesgo de que la financiación internacional disminuya precisamente cuando las necesidades siguen acumulándose. La petición de 450 millones de dólares no busca únicamente mantener una distribución mensual, sino impedir que la falta de recursos deshaga los avances parciales y devuelva a más familias a niveles extremos de hambre. Sin una respuesta financiera sostenida y una mejora real del acceso humanitario, la ayuda seguirá funcionando como una barrera temporal frente a una inseguridad alimentaria que permanece estructural.
