Las próximas elecciones israelíes no sólo medirán la fuerza parlamentaria de Benjamin Netanyahu y de sus aliados. También pondrán a prueba una pregunta más profunda: quién forma parte efectiva de la comunidad política que decide el futuro del país. Los más de 7,2 millones de electores llamados a votar lo harán bajo una misma ley electoral, pero no desde una posición equivalente. La nacionalidad, el lugar de residencia, el vínculo con el Ejército y la situación jurídica de cada grupo determinan quién puede votar, dónde puede hacerlo y qué asuntos quedan fuera de su alcance.
Esa distribución desigual del derecho al sufragio puede producir un resultado formalmente válido y, al mismo tiempo, alimentar una percepción de representación incompleta. En un contexto marcado por la guerra, la expansión de los asentamientos y la tensión entre Israel y la población palestina, la composición del electorado no es un asunto administrativo menor. Define qué voces entran en la negociación parlamentaria, cuáles quedan excluidas y qué políticas pueden presentarse después como expresión de la voluntad popular.
Una elección con un electorado delimitado por la identidad
La circunscripción única israelí permite que todos los ciudadanos voten bajo el mismo sistema proporcional y que el país entero funcione como un único distrito. Esta fórmula facilita la presencia de partidos pequeños y puede ampliar la representación de corrientes ideológicas diversas. La previsión de que al menos once formaciones tengan opciones de obtener escaños refleja una competencia fragmentada, en la que ningún bloque puede dar por asegurada la mayoría y cada grupo parlamentario puede adquirir un peso decisivo en la formación del Gobierno.
Sin embargo, la proporcionalidad no elimina las desigualdades de partida. Cerca de seis millones de judíos y aproximadamente 1,2 millones de árabes israelíes comparten el derecho a votar, pero sus prioridades políticas, sus experiencias de seguridad y sus relaciones con el Estado suelen ser diferentes. La participación árabe puede modificar la distribución de escaños y convertirse en un factor determinante para la oposición, mientras que una baja movilización de este electorado reforzaría el peso relativo de los partidos más nacionalistas y religiosos.
La retórica electoral de “Derecha o Palestina” muestra el riesgo de convertir a una parte de la ciudadanía en un problema de seguridad o de lealtad nacional. Cuando el voto árabe se describe como una amenaza, la campaña deja de competir únicamente sobre programas y comienza a cuestionar la legitimidad de los propios votantes. El antecedente de 2015, cuando Netanyahu alertó de la asistencia masiva de ciudadanos árabes a las urnas, sugiere que este lenguaje puede movilizar a la derecha, pero también profundizar la desconfianza de una minoría que ya percibe una distancia entre la ciudadanía legal y la igualdad política efectiva.
El veto inicial de la Comisión Electoral Central a las dos listas árabes, posteriormente anulado por el Tribunal Supremo, añade otra capa de incertidumbre. La intervención judicial preservó su participación en los comicios, pero el episodio puede dejar una huella política duradera. Para los partidos árabes, confirma que su presencia institucional depende en parte de una disputa jurídica recurrente. Para sus adversarios, alimenta la idea de que los tribunales interfieren en decisiones que consideran electorales. La consecuencia más probable es una mayor judicialización de la competencia política, con el riesgo de que cada elección se convierta también en una batalla sobre quién puede presentarse.
Jerusalén Este: residentes sin representación nacional
La situación de los aproximadamente 350.000 palestinos de Jerusalén Este concentra la contradicción más visible del sistema. Israel les concedió la residencia permanente después de ocupar la parte oriental de la ciudad en 1967, pero no los reconoció automáticamente como ciudadanos. Su documento de identidad les permite votar en las elecciones municipales, aunque la mayoría las boicotea, pero no en los comicios nacionales que determinan la composición de la Knéset y del Gobierno.
La exclusión tiene efectos políticos y sociales que van más allá de la jornada electoral. Las decisiones del Ejecutivo y del Parlamento afectan directamente a sus viviendas, permisos, servicios públicos, planificación urbana y régimen de seguridad, pero esa población no puede influir en la designación de quienes adoptan esas decisiones. La posibilidad de solicitar la nacionalidad existe en teoría, aunque los trámites prolongados y los obstáculos burocráticos reducen su alcance práctico. El resultado es una comunidad sometida a políticas nacionales sin disponer de un canal equivalente para premiarlas o castigarlas en las urnas.
Este vacío puede favorecer la apatía, el boicot y la radicalización de la desconfianza institucional. La retirada de los carteles del Likud de la calle Saladino, acompañada por el comentario de un comerciante palestino que no se siente consultado, ilustra una desconexión que ningún resultado electoral puede resolver por sí solo. También plantea un problema de gobernabilidad: cuanto más se perciba que la política nacional se decide sin una población directamente afectada, menor será la disposición a reconocer la autoridad de esas decisiones.
Al mismo tiempo, la falta de participación electoral no significa ausencia de influencia. Jerusalén Este sigue siendo un punto central para la seguridad, la diplomacia y la disputa sobre la soberanía de la ciudad. Una población excluida de la representación nacional puede expresar su posición mediante protestas, boicots, litigios o formas de desobediencia. El riesgo es que los canales institucionales pierdan peso precisamente en el territorio donde las decisiones tienen mayor impacto cotidiano.
Los asentamientos inclinan el debate hacia la anexión
Los más de 200 asentamientos de Cisjordania recibirán urnas para cerca de medio millón de colonos israelíes. Aunque la comunidad internacional considera ilegales esos asentamientos según el derecho internacional, sus residentes participan plenamente en las elecciones nacionales y pueden elegir a partidos que defienden abiertamente la anexión de Cisjordania. El contraste con los cerca de tres millones de palestinos que viven en el mismo espacio geográfico, bajo la Autoridad Palestina y sin derecho a votar en los comicios israelíes, tendrá consecuencias previsibles para la agenda parlamentaria.
El peso electoral de los colonos no depende sólo de su número. La concentración ideológica y la elevada motivación política suelen aumentar su capacidad de influencia. Poder Judío y Sionismo Religioso compiten por ese electorado con propuestas que vinculan la seguridad, la identidad nacional y la expansión territorial. Al presentarse por separado, pueden disputar votos entre sí, pero también obligar al Likud a mantener posiciones compatibles con sus demandas si necesita su apoyo para gobernar.
Una mayor presencia de estos partidos podría acelerar medidas de facto en Cisjordania, como la ampliación de asentamientos, la legalización de puestos avanzados o la transferencia de competencias administrativas. Incluso sin una anexión formal, esas decisiones podrían modificar la realidad territorial y hacer más difícil cualquier futura negociación. También aumentarían el riesgo de enfrentamientos entre colonos y palestinos, de operaciones militares más frecuentes y de fricciones con aliados internacionales preocupados por el deterioro de la posibilidad de una solución política.
Existe, no obstante, un límite a la capacidad de los partidos pro anexión para imponer su programa. La formación de un Gobierno exige acuerdos dentro de una coalición heterogénea, y la economía, la seguridad de los soldados, las relaciones exteriores y el coste internacional pueden frenar iniciativas maximalistas. El resultado dependerá de si estas fuerzas actúan como socios condicionantes o como actores con capacidad para bloquear cualquier compromiso. Esa diferencia no se conocerá sólo por el número de escaños, sino por la aritmética concreta de la investidura y de cada votación decisiva.
Soldados, expatriados y una participación desigual
El despliegue de unas 850 mesas electorales en bases militares, posiciones en Gaza, el sur del Líbano, Siria y buques de guerra busca garantizar que los soldados puedan ejercer su derecho incluso en zonas operativas. Las mesas móviles y el sistema de doble sobre responden a una necesidad logística y de seguridad: permitir el voto sin interrumpir las misiones y evitar duplicidades. Esta infraestructura puede reforzar la percepción de que el Estado protege la participación de quienes están movilizados.
Pero la presencia del Ejército en territorios de conflicto también puede influir en el clima político. Los soldados votan mientras afrontan amenazas concretas y reciben información diaria sobre operaciones y bajas. Esa experiencia puede favorecer a partidos que priorizan respuestas militares, aunque no permite suponer que todo el personal uniformado comparta una misma orientación. El riesgo institucional aparece si las urnas instaladas en zonas de combate son cuestionadas por razones de custodia, transparencia o presión indirecta sobre los votantes.
La situación de los israelíes residentes en el extranjero es distinta. Salvo el personal diplomático, unos 630.000 ciudadanos deben viajar a Israel para votar. La norma reduce la participación de una población que, según la organización que fleta vuelos, es mayoritariamente laica, liberal y con estudios superiores. Si más de 50.000 personas regresan para votar, su impacto podría ser limitado en términos nacionales, pero relevante en circunscripciones electorales donde pocos escaños dependan de márgenes estrechos.
La polémica política sobre esos vuelos revela una tensión entre residencia y ciudadanía. Exigir la presencia física puede defenderse como una forma de vincular las decisiones electorales con quienes viven las consecuencias directas de las políticas públicas. Pero también crea una barrera económica que afecta de manera desigual a los ciudadanos y excluye a quienes no pueden asumir el coste del viaje. Las acusaciones, litigios y mensajes destinados a disuadir su regreso pueden erosionar la confianza en la neutralidad del proceso.
La legitimidad dependerá también de lo que ocurra después
El principal desafío no será sólo contar los votos, sino traducir un resultado fragmentado en un Gobierno capaz de actuar. Si la coalición depende de partidos que promueven la anexión, sus decisiones pueden elevar la tensión en Cisjordania y dificultar la relación con Estados Unidos, Europa y los países árabes. Si la oposición logra una mayoría alternativa, deberá integrar posiciones sionistas moderadas y partidos árabes con prioridades distintas, una tarea compleja en un entorno de fuerte polarización.
La participación de los árabes israelíes, el posible retorno de expatriados y la movilización de los colonos serán indicadores relevantes para interpretar el resultado. Una alta participación de los grupos que suelen sentirse marginados podría ampliar la legitimidad social del Parlamento, aunque no resolvería la exclusión de los palestinos de Jerusalén Este ni de Cisjordania. Por el contrario, una abstención elevada puede ser presentada como falta de interés, cuando también puede reflejar desconfianza, obstáculos jurídicos o la percepción de que las opciones disponibles no responden a sus necesidades.
La elección ofrece una oportunidad para que el sistema israelí demuestre que puede canalizar conflictos profundos mediante instituciones competitivas y controles judiciales. Pero esa oportunidad sólo se consolidará si las reglas se aplican de manera coherente, se respeta el derecho de las listas a concurrir y se evita que determinados grupos sean convertidos en enemigos internos durante la campaña. La estabilidad política futura dependerá menos de una mayoría numérica aislada que de la capacidad del nuevo Gobierno para reconocer los límites de su mandato y reducir la distancia entre quienes votan, quienes son gobernados y quienes quedan fuera de las urnas.
