La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, advirtió que el organismo nacional enfrenta una posible imposibilidad jurídica para pronunciarse de inmediato sobre las denuncias por presunto hostigamiento y acoso laboral dentro del Instituto Electoral de Coahuila (IEC). La funcionaria sostuvo que antes de emitir cualquier postura deben verificarse la existencia formal de las quejas, los elementos que las integran y la competencia legal del INE para intervenir.
Durante una visita a Saltillo, Humphrey explicó que el INE no es superior jerárquico de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Esa relación institucional, dijo, impide asumir automáticamente facultades de dirección o resolución sobre conflictos laborales ocurridos dentro de un instituto estatal, aun cuando el organismo nacional tenga responsabilidades de coordinación y vigilancia en materia electoral.
La competencia es el primer punto en disputa
La consejera señaló que el análisis debe comenzar por determinar si las denuncias fueron efectivamente presentadas ante el INE y si cumplen con los requisitos necesarios para ser tramitadas. Posteriormente tendría que establecerse si los hechos corresponden al ámbito de atribuciones del instituto nacional o si deben ser atendidos mediante los procedimientos internos del IEC u otra autoridad competente.
La diferencia no es meramente administrativa. Una intervención del INE sin sustento competencial podría generar cuestionamientos sobre la validez del procedimiento y sobre la imparcialidad de quienes eventualmente debieran participar en una decisión. Humphrey advirtió que emitir un criterio anticipado también podría ser utilizado para solicitar que se aparte de una futura votación, bajo el argumento de que ya habría fijado una posición sobre el caso.
“Hay que ser muy cuidadosos de no anteponer o adelantar ningún criterio”, planteó la consejera. En asuntos que pueden derivar en una resolución formal, la prudencia procesal busca proteger tanto a las personas denunciantes como a las autoridades encargadas de revisar los hechos.
El conflicto laboral ya había sido documentado
La discusión ocurre después de una investigación periodística que reportó señalamientos de hostigamiento y acoso laboral contra integrantes de la Unidad Técnica de Paridad e Inclusión del IEC. De acuerdo con esa información, el área ha tenido cinco titulares durante sus cuatro años y medio de existencia, una rotación que ha sido relacionada con las condiciones internas de trabajo.
Entre los antecedentes se encuentra la renuncia de Mónica Dinorah Ortiz Cinco a la titularidad de la unidad. Según lo publicado, la exfuncionaria argumentó situaciones de hostigamiento y acoso laboral al explicar su salida. Estos señalamientos no equivalen por sí mismos a una resolución de responsabilidad, pero sí plantean la necesidad de que las autoridades revisen si existieron conductas contrarias a los protocolos institucionales y a las normas laborales aplicables.
La sucesión de titulares tampoco permite concluir automáticamente que haya una conducta ilegal. Sin embargo, cuando una unidad especializada registra cambios frecuentes en un periodo relativamente corto, el dato adquiere relevancia como señal que debe ser contextualizada: puede reflejar reorganizaciones administrativas, diferencias de gestión, condiciones laborales problemáticas o una combinación de factores. La autoridad competente tendría que distinguir entre esas posibilidades mediante testimonios, documentos y procedimientos formales.
Autonomía local y obligación de atender las quejas
Humphrey recordó que los institutos electorales locales cuentan con autonomía y con protocolos propios para atender conflictos relacionados con hostigamiento y acoso sexual o laboral. También subrayó que la autonomía no significa ausencia de controles. Todas las autoridades, afirmó, tienen la obligación de dar trámite a una queja o denuncia cuando se reúnen los elementos exigidos por la ley.
Ese equilibrio define el principal reto institucional. Por un lado, el INE no puede sustituir sin fundamento a los órganos locales ni asumir una competencia que la legislación no le concede. Por otro, la autonomía del IEC no puede convertirse en una barrera para impedir que el personal denunciante obtenga una respuesta, conozca la ruta de atención y reciba medidas de protección cuando sean necesarias.
La consejera indicó que el INE cuenta con un área responsable de analizar si procede una eventual atracción del asunto. La atracción, en caso de ser jurídicamente viable, no debería entenderse como una consecuencia automática de la gravedad de las acusaciones, sino como una decisión sujeta a requisitos específicos. Su procedencia dependería del marco legal aplicable y de las características concretas de las denuncias.
La respuesta institucional será examinada por su procedimiento
El hecho de que las quejas involucren a mujeres que denuncian a otra mujer tampoco elimina la obligación de investigar. Humphrey destacó que las instituciones electorales deben proteger los derechos políticos y electorales de todas las personas, además de garantizar ambientes laborales libres de violencia. La identidad de las partes no determina por sí sola la credibilidad de una denuncia ni la responsabilidad de la persona señalada.
En este tipo de casos, la calidad de la respuesta dependerá menos de pronunciamientos públicos iniciales que de la existencia de canales accesibles, confidenciales y con plazos definidos. También será relevante que las autoridades eviten represalias, preserven la evidencia y separen la investigación de cualquier disputa política o personal que pueda influir en la valoración de los hechos.
Por ahora, Humphrey afirmó no tener conocimiento de denuncias formales presentadas ante el INE. Esa precisión deja abierto el siguiente paso: confirmar si existe un expediente, identificar qué autoridad lo recibió y establecer qué procedimiento corresponde. Mientras eso no ocurra, la controversia permanecerá en una zona de incertidumbre en la que la autonomía institucional, la protección del personal y los límites de la competencia nacional tendrán que resolverse mediante criterios jurídicos verificables.
