La Proposición 40 de California se presenta con una pregunta sencilla: ¿deberían pagar más quienes poseen fortunas superiores a 1.000 millones de dólares para financiar la sanidad y otros servicios públicos? La iniciativa propone un gravamen extraordinario del 5 % sobre el patrimonio de los residentes que fueran considerados contribuyentes del estado el 1 de enero de 2026. El 90 % de la recaudación se destinaría a la sanidad pública y el resto a educación, alimentación y gestión administrativa.
Para la mayoría de los ciudadanos, que no tendrá que pagar directamente ese impuesto, la cuestión parece distante. Sin embargo, el verdadero impacto no depende solo de cuánto se recaude a los más ricos. También depende de si esos contribuyentes permanecen en California, de cuánto impuesto sobre la renta dejan de pagar si se marchan y de si el estado consigue mantener el empleo, la inversión y la creación de empresas que alimentan su economía.
La promesa que llega a los servicios públicos
Los defensores de la medida parten de una cifra poderosa. El economista Emmanuel Saez y sus colaboradores calculan que los milmillonarios californianos acumulan unos 2,3 billones de dólares. Un impuesto del 5 % podría generar cerca de 100.000 millones, aproximadamente 2.500 dólares por habitante. Esa cantidad permitiría reforzar hospitales, reducir listas de espera, ampliar ayudas alimentarias o financiar programas educativos sin elevar de inmediato la carga sobre las familias corrientes.
Ese posible beneficio explica el atractivo político de la propuesta. California necesita recursos para sostener servicios caros en un estado con grandes desigualdades, vivienda inasequible y una presión constante sobre los presupuestos locales. Para un trabajador que depende de la sanidad pública, para una familia que necesita apoyo escolar o para una persona que recibe asistencia alimentaria, la promesa no es abstracta: significa potencialmente más cobertura y menos incertidumbre.
Pero una previsión de recaudación no es todavía dinero disponible. El cálculo inicial supone, en buena medida, que la riqueza permanece donde está y que sus propietarios aceptan el nuevo gravamen sin modificar su conducta. La experiencia fiscal indica que esa estabilidad no puede darse por sentada.
La factura puede aparecer en otro impuesto
Joshua Rauh, profesor de Stanford especializado en fiscalidad estatal, calcula que la recaudación real podría rondar los 30.000 millones de dólares después de considerar las salidas de contribuyentes, los litigios y la respuesta económica al impuesto. Su análisis añade un elemento decisivo: los grandes patrimonios pagan cada año miles de millones en impuestos sobre la renta. Si trasladan su residencia, California no solo dejaría de cobrar el nuevo tributo; también perdería ingresos recurrentes.
Según esa estimación, el valor presente de los impuestos que podrían desaparecer convertiría la operación en una pérdida aproximada de 39.000 millones de dólares. No se trata de una certeza, sino de un escenario basado en supuestos discutibles. La cifra sirve, no obstante, para entender el riesgo: un impuesto extraordinario puede reducir la base fiscal futura si acelera la marcha de quienes aportan una parte desproporcionada de los ingresos estatales.
El dato relevante para el ciudadano medio es que el estado depende mucho de un grupo muy pequeño. El 2 % de los contribuyentes con mayores ingresos aporta aproximadamente la mitad del impuesto estatal sobre la renta. Si esa base se reduce, Sacramento podría afrontar déficits que terminen afectando a la contratación pública, las ayudas, las inversiones en infraestructuras o la presión fiscal sobre otros hogares.
No se grava una cuenta bancaria
La propuesta también plantea una dificultad práctica. La fortuna de un fundador tecnológico suele estar formada por acciones de su empresa, no por dinero depositado en una cuenta corriente. El valor de esas participaciones puede aumentar en miles de millones sin que el propietario haya recibido efectivo. Para pagar el 5 %, tendría que vender acciones, endeudarse o reducir su participación en la compañía.
La diferencia importa porque vender una parte relevante puede afectar al control de una empresa, especialmente cuando el fundador posee una posición determinante. Además, valorar compañías privadas o activos difíciles de vender abre la puerta a disputas y litigios. El estado tendría que decidir cuánto vale una riqueza que puede cambiar drásticamente de precio en pocos meses y cobrar un impuesto aunque el propietario no haya materializado ninguna ganancia.
Lo que cambia para quienes no son ricos
La evidencia citada en el debate no indica que solo los milmillonarios reaccionen ante los impuestos. Estudios sobre España, tras la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio, encontraron que los grandes patrimonios trasladaban su residencia hacia territorios con una fiscalidad más favorable. La pérdida de recaudación del impuesto sobre la renta fue, según esa investigación, seis veces superior a la pérdida directa del impuesto patrimonial.
California compite además con estados como Florida, Nevada y Texas, que no aplican una presión fiscal equivalente y están interesados en atraer empresas, inversores y profesionales. La salida de un empresario puede llevarse consigo empleos, proveedores, centros de decisión y futuras inversiones. No significa que cada traslado destruya automáticamente puestos de trabajo, pero sí que las decisiones fiscales influyen en dónde se fundan las próximas compañías.
Ese es el punto que debería preocupar especialmente a los jóvenes emprendedores y a los trabajadores cualificados. Silicon Valley no se construyó únicamente con riqueza ya acumulada, sino con universidades, capital, talento y una cultura empresarial capaz de asumir fracasos. Si California transmite que el éxito futuro será penalizado de forma imprevisible, puede perder proyectos antes de que lleguen a convertirse en grandes empresas y grandes contribuyentes.
La pregunta que debe hacerse el votante
El gobernador Gavin Newsom se opone a la Proposición 40 pese a ser un demócrata que difícilmente puede ser acusado de defender una política de baja tributación por principio. Su posición refleja una preocupación concreta: financiar servicios públicos exige ingresos estables, no solo una recaudación extraordinaria difícil de repetir.
También pesa la experiencia de las subidas «temporales» aprobadas en California, algunas de las cuales terminaron prorrogándose. Para los contribuyentes afectados, la duda no es únicamente cuánto costaría el 5 % inicial, sino si la excepción se convertiría en una nueva fuente permanente de ingresos. Esa incertidumbre puede acelerar decisiones de traslado incluso antes de que se cobre el impuesto.
Para el resto de los californianos, votar esta iniciativa implica valorar dos promesas enfrentadas: obtener recursos inmediatos para servicios esenciales o proteger una base fiscal más pequeña, pero recurrente y vinculada a la actividad económica. La cuestión no es si los más ricos pueden contribuir más. Pueden hacerlo. La cuestión es cuánto puede extraerse sin provocar que el capital, las empresas y los futuros creadores de riqueza busquen otro domicilio. El resultado afectará a todos, incluidos quienes nunca tendrán que pagar la Proposición 40.
