En Venezuela, la inseguridad alimentaria continúa siendo una de las expresiones más graves de la crisis económica y política. Un reporte difundido por Consultores 21 señala que el 56% de los hogares no sabe si tendrá comida para cenar o para el día siguiente. La cifra no describe únicamente una carencia material: revela una vida familiar organizada alrededor de la incertidumbre, en la que alimentarse depende de ingresos inestables, remesas y ayudas ocasionales.
Las estimaciones disponibles indican que entre el 78% y el 89% de los hogares afronta algún nivel de inseguridad alimentaria. En muchas familias, las tres comidas diarias dejaron de ser una rutina garantizada: se reducen a dos, a una o, en algunos días, a ninguna. La magnitud del problema impide considerarlo un fenómeno localizado o temporal. Se trata de una condición extendida, con efectos acumulativos sobre la salud, la educación, el trabajo y la convivencia.
La escasez no solo vacía la mesa
El hambre suele medirse mediante calorías, peso o indicadores de desnutrición, pero sus consecuencias alcanzan una zona menos visible. Los padres que no pueden alimentar a sus hijos experimentan vergüenza, impotencia y una sensación persistente de fracaso. El debilitamiento físico se transforma en apatía; la preocupación permanente reduce la capacidad de planificar; y el aislamiento termina erosionando los vínculos comunitarios. Cuando la comida se convierte en una emergencia diaria, también se deteriora la confianza con la que una sociedad enfrenta el futuro.
La Encuesta de Condiciones de Vida ofrece una secuencia reveladora. En 2016, más del 74% de los encuestados afirmó haber perdido involuntariamente un promedio de 8,7 kilos debido a la reducción simultánea de la cantidad y la calidad de los alimentos. En 2017, el 64% reportó una pérdida promedio superior a 11 kilos. Durante ese periodo cayó de manera extrema el consumo de proteínas y aumentó la dependencia de harinas de maíz, yuca y trigo. No fue una elección nutricional, sino la adaptación forzada a lo que podía conseguirse y pagarse.
La infancia quedó especialmente expuesta. En los estudios correspondientes a 2019 y 2020, el 21% de los menores de cinco años aparecía en riesgo de desnutrición y el 8% sufría subalimentación aguda. El resultado puede manifestarse en desnutrición crónica, bajo peso y una talla inferior a la esperada para la edad. Estas consecuencias no desaparecen cuando un hogar logra superar una semana difícil: la carencia prolongada afecta el desarrollo físico y cognitivo, y puede comprometer oportunidades durante toda la vida.
Una economía que convirtió la comida en privilegio
La explicación de esta crisis no se limita a la falta de productos. La destrucción de empresas, la contracción del empleo y la paralización de sectores completos redujeron la capacidad de compra de millones de personas. Al mismo tiempo, la inflación elevó el precio de los alimentos básicos a niveles desproporcionados. En 2017 y 2018, un paquete de espaguetis de 500 gramos llegó a costar 15 dólares, alrededor de diez veces más que en numerosos países latinoamericanos.
La escasez agravó el impacto. Entre 2015 y 2020, cientos de miles de venezolanos hicieron filas desde la noche anterior para adquirir cualquier producto disponible. La incertidumbre no consistía solo en poder pagar, sino en no saber qué habría en los estantes. Esa combinación de precios imposibles y oferta irregular desplazó la alimentación desde el terreno de los derechos y las necesidades básicas hacia el de la supervivencia cotidiana.
Las remesas han funcionado como un mecanismo de contención, no como una solución estructural. Diversos equipos de economistas calculan que los venezolanos emigrados envían entre 5.000 y 6.000 millones de dólares anuales para que sus familiares compren alimentos y medicinas. A ese flujo habría que añadir los envíos de alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales. La dependencia revela una paradoja: millones de hogares logran sostenerse gracias al trabajo de quienes abandonaron el país, mientras la economía interna sigue sin generar ingresos suficientes.
La dimensión política de una emergencia prolongada
La pobreza por ingresos alcanzó al 96% de los hogares en 2019-2020 y cerca del 80% se encontraba en pobreza extrema, según los datos citados. Apenas el 3% no registraba inseguridad alimentaria. La distribución de estas cifras importa: cuando la mayoría no puede comprar la canasta básica y una minoría conserva protección económica, la crisis deja de ser un accidente coyuntural y expresa una profunda fractura social.
Las variaciones posteriores han sido demasiado pequeñas para cambiar el diagnóstico. La lenta transición política, la permanencia de más de 300 presos políticos y la falta de reformas claras en las instituciones judiciales y electorales mantienen paralizadas inversiones, proyectos y decisiones empresariales. Sin recuperación productiva, los hogares pierden ingresos; sin ingresos, aumenta la dependencia de las remesas; y mientras la inflación erosiona el dinero disponible, cada ayuda familiar compra menos.
Por eso las afirmaciones oficiales sobre una reducción de la extrema pobreza alimentaria han provocado rechazo. Una mejora marginal no demuestra que hayan desaparecido las causas del hambre. Puede reflejar la capacidad de las familias para resistir mediante remesas, redes de apoyo o economías informales, pero esa resistencia no equivale a bienestar. Mientras más de la mitad de los hogares desconozca si podrá comer al día siguiente, la emergencia seguirá siendo nacional.
El hambre venezolana no es únicamente un indicador social: es también una medida de la capacidad del poder para garantizar derechos básicos. La falta de alimentos, la desnutrición infantil y la pérdida de dignidad forman parte de una misma cadena, iniciada por el colapso económico y prolongada por la ausencia de instituciones capaces de corregirlo. Atenderla exige más que repartir comida: requiere recuperar empleos, estabilizar precios, restablecer la producción y permitir que las familias vuelvan a depender de sus ingresos, no de la ayuda enviada desde el extranjero.
