El Gobierno de Puebla analiza asumir la administración de los centros penitenciarios municipales como una medida para mejorar sus condiciones de operación, enfrentar el hacinamiento y fortalecer la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. La propuesta todavía se encuentra en una etapa de revisión y no implica, por ahora, una decisión definitiva sobre el control estatal de todos los reclusorios municipales.
Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública estatal, informó que el planteamiento comenzó a revisarse hace aproximadamente dos meses, durante una reunión con el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, y representantes de organismos dedicados a la defensa de los derechos humanos. Desde entonces, las autoridades han evaluado las condiciones de los centros, las responsabilidades administrativas involucradas y el marco jurídico que determinaría si el estado puede asumir directamente su operación.
Una propuesta todavía sujeta a revisión legal
El funcionario explicó que antes de avanzar será necesario determinar la viabilidad de la medida y confirmar si la legislación permite que el Gobierno de Puebla concentre la administración de los penales que actualmente se encuentran bajo responsabilidad de los ayuntamientos. La eventual centralización requeriría definir también la transferencia de recursos, personal, infraestructura y obligaciones operativas.
En la actualidad, los centros penitenciarios municipales son administrados por los gobiernos locales. Para sostener su funcionamiento, los ayuntamientos reciben aportaciones de municipios cercanos y cuentan con programas de inversión que incluyen el pago de los custodios. Este esquema distribuye la responsabilidad entre distintas autoridades, pero también puede dificultar que existan criterios uniformes para el mantenimiento, la seguridad, la alimentación y la atención cotidiana de las personas internas.
La posibilidad de que el estado asuma el control busca establecer una conducción más coordinada. De acuerdo con Sánchez González, el objetivo sería que la administración estatal tenga mayor capacidad para supervisar el mantenimiento de los inmuebles, ordenar la operación de los reclusorios y garantizar estándares comunes en los servicios. Sin embargo, esa modificación no resolvería por sí misma las deficiencias acumuladas: también exigiría recursos suficientes, mecanismos de vigilancia y una distribución clara de responsabilidades entre el estado y los municipios.
El diagnóstico de la CNDH expuso las principales carencias
La revisión ocurre después de los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Puebla obtuvo una calificación general de 5.1 sobre 10, mientras que 14 de los 16 Centros de Reinserción Social evaluados en la entidad reprobaron. El resultado refleja que las dificultades no se concentran en un solo establecimiento, sino que abarcan una parte considerable del sistema penitenciario estatal.
El caso con la valoración más baja fue el penal de Acatlán de Osorio, que obtuvo 3.42 puntos sobre 10. La calificación coloca a ese centro como uno de los puntos más críticos identificados en la evaluación realizada en Puebla. A ello se suman problemas de sobrepoblación y hacinamiento reportados en otros reclusorios, entre ellos los ubicados en San Pedro Cholula y Huejotzingo.
Estos indicadores tienen efectos directos sobre la vida diaria en prisión. Cuando la cantidad de personas internas supera la capacidad instalada, se incrementa la presión sobre los dormitorios, los servicios sanitarios, la alimentación, la atención médica y los espacios destinados a actividades de reinserción. También se vuelve más compleja la labor de custodia y aumenta el riesgo de que las autoridades no puedan atender de manera adecuada las necesidades individuales de la población penitenciaria.
Habitabilidad, alimentación y control operativo
Entre las prioridades señaladas por el secretario de Seguridad Pública se encuentran la mejora de las condiciones de habitabilidad y alimentación, así como la atención de los problemas de sobrepoblación. Estas áreas forman parte de las obligaciones básicas de cualquier sistema penitenciario y requieren acciones que combinen mantenimiento de instalaciones, planeación presupuestaria y supervisión permanente.
La propuesta estatal también plantea una pregunta sobre el alcance de la administración penitenciaria. Tomar el control de los centros permitiría concentrar decisiones y aplicar políticas comunes, pero obligaría al gobierno estatal a responder por la operación diaria de instalaciones con necesidades distintas. La situación de un penal con déficit de infraestructura no necesariamente es igual a la de otro afectado principalmente por la falta de espacio o por carencias en los servicios, por lo que la intervención tendría que basarse en diagnósticos específicos.
Además, la coordinación con los municipios seguiría siendo relevante. Los ayuntamientos actualmente aportan recursos y participan en el sostenimiento de los centros, de modo que cualquier cambio administrativo tendría que precisar cómo se conservarían o sustituirían esas contribuciones. Sin un acuerdo financiero y operativo, la centralización podría trasladar las responsabilidades sin resolver las limitaciones materiales que originaron el problema.
Próximas reuniones definirán el alcance de la medida
Sánchez González indicó que las autoridades sostendrán nuevas reuniones para determinar si el estado puede asumir la administración de los penales municipales y, en caso de que la respuesta sea favorable, establecer los mecanismos de transición. En ese proceso también deberán atenderse las observaciones formuladas por las comisiones Estatal y Nacional de los Derechos Humanos.
La decisión final dependerá, por tanto, de tres factores centrales: la autorización legal para modificar el esquema actual, la capacidad presupuestaria para sostener una administración más amplia y la definición de medidas verificables para mejorar las condiciones penitenciarias. Mientras esos elementos no estén resueltos, la propuesta permanecerá como una alternativa en estudio frente a un diagnóstico que evidencia deficiencias extendidas en el sistema penitenciario de Puebla.
