América Latina y el Caribe afrontan un crecimiento acelerado de las necesidades de cuidado de las personas mayores sin contar todavía con una red pública suficiente para atenderlas. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Agencia Francesa de Desarrollo advierte que la mayor parte de esa responsabilidad continúa recayendo sobre las familias y, dentro de ellas, principalmente sobre las mujeres.
El informe ¿Quién cuida? Cómo apoyar y reconocer a quienes cuidan de personas mayores en América Latina y el Caribe estima que actualmente unos ocho millones de personas de 65 años o más necesitan apoyo para realizar actividades básicas de la vida diaria. Para 2050, la cifra podría triplicarse. El aumento de la demanda avanza con mayor rapidez que la expansión de los servicios públicos, lo que deja a millones de hogares ante una tarea para la que no siempre tienen recursos, formación o tiempo disponible.
La situación se refleja en rutinas como la de Carmen, una trabajadora que comienza el día antes del amanecer para ayudar a su madre a levantarse, organizar sus medicamentos, preparar la comida y coordinar quién podrá acompañarla. Después debe cumplir su jornada laboral y regresar a casa para continuar con las tareas de cuidado. Cuando surge una urgencia, las alternativas suelen ser pedir permiso, llegar tarde, ausentarse o resolver personalmente una necesidad que no puede ser cubierta por otra persona.
Una tarea extensa y poco reconocida
Según el estudio, alrededor de 25 millones de personas mayores de 15 años realizan cuidados no remunerados de personas mayores en la región. En promedio, dedican 7,5 horas semanales a esas actividades. Cerca de seis de cada diez son mujeres, quienes además destinan más tiempo que los hombres a esta labor.
Las cifras de horas, sin embargo, no reflejan por completo la carga asumida. Las mujeres suelen concentrarse en tareas que exigen mayor disponibilidad y esfuerzo, como bañar, alimentar, preparar alimentos, acompañar a consultas médicas, administrar tratamientos o permanecer atentas a una persona dependiente. El llamado “cuidado pasivo”, que implica estar disponible aunque no se esté realizando una acción concreta, puede limitar la posibilidad de trabajar, estudiar, descansar o participar en otras actividades.
Esta organización del cuidado produce una transferencia de recursos que rara vez aparece en las cuentas económicas. El tiempo que las mujeres aportan gratuitamente permite que funcionen los hogares y que otros miembros de la familia mantengan sus empleos, pero reduce sus propias oportunidades. El costo no desaparece: se desplaza hacia quienes interrumpen su trayectoria laboral, reducen sus ingresos y acumulan menos derechos para la jubilación.
El mercado laboral reproduce la desigualdad
La feminización del cuidado no se limita al ámbito doméstico. Cuando estas tareas se convierten en empleo remunerado, también suelen estar asociadas con salarios bajos, escasa protección y limitada movilidad profesional, una situación que el informe relaciona con el denominado “suelo pegajoso”. La actividad es esencial para las familias y para los sistemas de salud, pero no siempre recibe un reconocimiento laboral equivalente a su importancia social.
La incompatibilidad entre las exigencias del empleo y la disponibilidad que requiere el cuidado tiene consecuencias directas. De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo citados en el informe, el 47% de las cuidadoras reduce su jornada o abandona el empleo remunerado debido a esa incompatibilidad. Entre quienes logran mantenerse activas en el mercado laboral, la reducción media de la jornada es de dos horas semanales.
La protección social también presenta vacíos. La encuesta del BID señala que, en promedio, poco más de la mitad de las personas cuidadoras remuneradas cotiza a la seguridad social. Para las mujeres que interrumpen o flexibilizan su empleo, las consecuencias pueden extenderse durante décadas: menores ingresos presentes, menor desarrollo profesional y pensiones futuras más bajas.
Una cobertura pública todavía limitada
El cuidado también tiene efectos sobre la salud de quienes lo realizan. Más de siete de cada diez personas cuidadoras encuestadas reportan algún nivel no saludable de estrés, soledad o síntomas de depresión. El informe reconoce que cuidar puede fortalecer vínculos y generar satisfacción, pero señala que el riesgo aparece cuando esa disposición se transforma en una obligación permanente, sin apoyos, capacitación ni descansos suficientes.
La cobertura estatal sigue siendo reducida. Apenas el 5% de las personas mayores con necesidades de cuidado recibe servicios financiados públicamente, según el estudio. Esa proporción contrasta con una tendencia demográfica que incrementará la demanda mientras las familias se hacen más pequeñas y disponen de menos personas para distribuir las tareas.
Los organismos autores plantean ampliar la fuerza laboral dedicada al cuidado, mejorar su formación y profesionalización, ofrecer acompañamiento emocional y establecer licencias para quienes atienden a familiares dependientes. El objetivo no es trasladar toda la responsabilidad al Estado, sino construir un sistema compartido entre instituciones públicas, empresas, hogares y comunidades.
La discusión tiene implicaciones que van más allá del bienestar familiar. La disponibilidad de las trabajadoras, la productividad empresarial, la sostenibilidad de las pensiones, la pobreza y la participación laboral femenina están vinculadas con la forma en que se organiza el cuidado. Mientras esa tarea continúe tratándose como una obligación privada y gratuita, una parte importante de su costo seguirá recayendo de manera desigual sobre las mujeres.
El desafío para la región consiste en reconocer el cuidado como trabajo y como una responsabilidad social que requiere financiamiento, regulación y servicios. El envejecimiento de la población hará cada vez más difícil sostener un modelo basado en la disponibilidad ilimitada de las familias. Sin una redistribución efectiva, el déficit de atención a las personas mayores seguirá convirtiéndose en pérdida de ingresos, desgaste físico y mental, y menor seguridad económica para quienes hoy mantienen el sistema en funcionamiento.
