El acuerdo anunciado por Donald Trump para importar diésel ruso ha provocado una confrontación política inmediata en Washington. Seis senadores, cuatro republicanos y dos demócratas, exigieron este domingo que la Administración abandone el plan y advirtieron que podría contradecir la prohibición aprobada por el Congreso tras la invasión rusa de Ucrania. La disputa no se limita al precio del combustible: pone en cuestión hasta dónde puede llegar el presidente para aliviar una presión económica interna cuando esa decisión puede proporcionar ingresos a Moscú.
La protesta bipartidista se produjo dos días después de que Trump revelara en redes sociales que había alcanzado un acuerdo con Vladimir Putin. Según su anuncio, Rusia enviará más de 300.000 toneladas de diésel de forma inmediata al mercado estadounidense y global. A ese volumen le seguirían 500.000 toneladas en noviembre, un millón de toneladas poco después y otros tres millones en un plazo breve. El objetivo declarado por la Casa Blanca es aumentar la oferta y reducir unos precios que afectan especialmente a la agricultura, la calefacción y el transporte por carretera.
La pregunta que divide al Senado
Los senadores Susan Collins, Lisa Murkowski, Thom Tillis, John Curtis, Jeanne Shaheen y Richard Blumenthal sostienen que la Administración no consultó al Congreso ni presentó la justificación exigida por la legislación vigente. En su declaración, recordaron que Estados Unidos prohibió en 2022 las importaciones de energía rusa para impedir que el dinero procedente de esas ventas contribuyera a financiar la guerra contra Ucrania.
“Estados Unidos no debería proporcionar a Putin un salvavidas financiero mientras Rusia sigue matando civiles ucranianos”, afirmaron. La objeción se apoya en una condición concreta: la ley establece que el petróleo ruso no debe volver al mercado estadounidense hasta que Moscú ponga fin a su agresión contra Ucrania y cese sus amenazas contra los aliados de la OTAN. Para los críticos, llamar “diésel” al producto no modifica el alcance de esa restricción, porque se trata de un combustible refinado a partir de petróleo.
Tillis llevó la acusación un paso más lejos. En una entrevista televisiva, aseguró que existen motivos legítimos para afirmar que el presidente podría incumplir la ley si el plan sigue adelante. Su argumento es que la reducción del precio del combustible no puede desvincularse de la finalidad de las sanciones: presionar a Rusia para que abandone el territorio ocupado. Desde esa perspectiva, una compra masiva negociada directamente con el Kremlin debilitaría el instrumento que el Congreso diseñó para influir sobre Putin.
El argumento económico de la Casa Blanca
La Administración Trump mantiene una interpretación distinta. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que el acuerdo continuará y defendió que beneficiará a los consumidores estadounidenses. El senador republicano John Barrasso también afirmó que Trump está intentando equilibrar la necesidad de contener los costos energéticos con la presión política sobre Rusia, aunque lo instó a aplicar la nueva ley de sanciones aprobada el mes pasado.
La urgencia económica explica parte de la decisión. El diésel es esencial para mover mercancías, cultivar alimentos y calentar viviendas, por lo que un aumento sostenido de su precio repercute en toda la cadena de costos. Además, las elecciones legislativas de noviembre se aproximan y los republicanos buscan conservar mayorías estrechas en el Congreso. Para la Casa Blanca, una mayor oferta puede convertirse en un alivio visible para los votantes; para sus adversarios, el acuerdo revela una contradicción entre la promesa de endurecer la presión contra Rusia y la decisión de comprarle combustible.
El problema legal podría agravarse por una legislación aprobada recientemente que ordena imponer aranceles importantes a los principales importadores de petróleo y gas natural rusos, salvo determinadas excepciones. Esa medida pretendía reducir el dinero que Moscú obtiene de sus exportaciones energéticas. El mes pasado, Trump firmó además una amplia ley de sanciones contra Rusia e Irán, promovida por el fallecido senador Lindsey Graham, conocido por sus posiciones firmes contra el Kremlin. La decisión sobre el diésel aparece así en conflicto con la dirección general de una política sancionadora que el propio presidente acaba de respaldar.
La fractura republicana se hace visible
Las críticas no proceden únicamente de los demócratas. Don Bacon, representante republicano saliente, sostuvo que financiar a Putin es moralmente incorrecto porque ese dinero puede utilizarse para bombardear ciudades. Mike Pence calificó el levantamiento de las restricciones al petróleo ruso como una traición al legado de Graham y pidió que Trump revoque la medida. Tillis, por su parte, advirtió que Putin aprovechará cualquier oportunidad para avergonzar o debilitar al presidente estadounidense.
Estas posiciones reflejan un distanciamiento creciente dentro del Partido Republicano. Mientras Trump prioriza el costo inmediato de la energía, una parte de sus legisladores teme que la concesión económica reduzca la credibilidad de Washington frente a sus aliados y entregue al Kremlin una fuente de ingresos sin obtener a cambio una retirada rusa de Ucrania. La discusión también muestra que el apoyo republicano al presidente no es uniforme cuando una decisión afecta simultáneamente a la seguridad nacional, las sanciones y las elecciones.
Un alto el fuego energético sin confirmación rusa
En medio de la polémica, Trump anunció el domingo un “alto el fuego energético” entre Rusia y Ucrania, supuestamente con efecto inmediato. Reino Unido y Canadá respaldaron el llamamiento, pero el presidente ucraniano Volodímir Zelenski dijo que todavía esperaba conocer sus detalles. Moscú, según la información difundida, afirmó no haber recibido noticias sobre el anuncio.
El contexto vuelve especialmente delicada la iniciativa. Washington había presionado a Kiev para que suspendiera sus ataques contra refinerías rusas, mientras Rusia continúa atacando objetivos ucranianos. El primer ministro canadiense, Mark Carney, apoyó el alto el fuego, pero señaló que el acuerdo de compra de diésel contradice los esfuerzos de Ucrania, Canadá y sus aliados para construir estabilidad en Europa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respaldó la protección de la infraestructura energética y de los suministros alimentarios, aunque describió la guerra como cada vez más sombría.
La disputa, por tanto, no se resolverá únicamente calculando cuántas toneladas de diésel pueden llegar al mercado. El punto decisivo será determinar si la búsqueda de un alivio interno permite a Trump sortear una prohibición legal y, al mismo tiempo, socava la estrategia occidental frente a Rusia. Si el Congreso considera que el acuerdo viola la ley, el conflicto podría trasladarse de las declaraciones políticas a los tribunales y convertir una medida energética en una crisis institucional de mayor alcance.
