La declaración de Donald Trump sobre una posible exploración “masiva” de petróleo, gas y minerales en Groenlandia vuelve visible una tensión que ya excede las palabras del presidente estadounidense: el Ártico gana valor económico y militar justo cuando el retroceso del hielo facilita el acceso a zonas antes aisladas. El acuerdo de septiembre entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia refuerza la presencia militar estadounidense, pero no otorga derechos de explotación ni modifica la soberanía danesa. La distancia entre ese marco y la retórica de Trump anticipa un riesgo central: que la competencia por influir en la región avance más deprisa que las reglas que deben ordenarla.
Más acceso, más presión sobre la cooperación
La apertura de rutas marítimas y la mayor viabilidad de la extracción pueden aportar oportunidades: reducir tiempos de navegación, diversificar suministros y favorecer inversiones en infraestructuras y conocimiento. Para Groenlandia, esos cambios podrían traducirse en ingresos y mayor capacidad de decisión sobre su desarrollo. Pero el beneficio no está garantizado. La explotación en un entorno remoto exige inversiones costosas, logística compleja y servicios de emergencia difíciles de desplegar; además, los ingresos pueden concentrarse mientras los daños ambientales y sociales recaen en las comunidades locales.
El deshielo no origina la rivalidad ártica: reduce las barreras naturales que durante mucho tiempo limitaron su alcance. Esa diferencia importa porque el acceso comercial también puede aumentar la actividad militar, la vigilancia y la presencia de infraestructuras de doble uso. Una ruta más practicable puede abaratar el transporte, pero también volverse vulnerable a interrupciones, accidentes o disputas sobre navegación. En aguas con condiciones extremas, la falta de medios de rescate y respuesta ante vertidos convierte un incidente local en un problema transfronterizo.
La erosión del Consejo Ártico agrava esa vulnerabilidad. La organización, creada en 1996 para impulsar la cooperación ambiental, científica y con los pueblos indígenas, perdió capacidad política tras la invasión rusa de Ucrania. La reanudación parcial de trabajos técnicos no equivale a recuperar la confianza ni la coordinación gubernamental. Sin foros eficaces, aumenta la posibilidad de que los Estados actúen por separado, con interpretaciones divergentes de las normas y menos mecanismos para prevenir escaladas o compartir datos sobre riesgos ambientales.
Seguridad reforzada, dependencia persistente
Rusia conserva una posición determinante por la extensión de su costa ártica y por las bases, puertos y rompehielos que ha desarrollado. Las sanciones y su aislamiento de Occidente han estrechado su relación con China, que busca acceso a rutas, recursos e investigación sin tener litoral ártico propio. Esa cooperación puede facilitar inversiones y operaciones que Moscú necesita, pero también complica los cálculos de seguridad de otros países. La incertidumbre radica en la naturaleza de ciertos proyectos: instalaciones civiles pueden generar conocimiento y conectividad, aunque algunas capacidades también sean aprovechables con fines estratégicos.
El ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN deja a siete de los ocho Estados árticos dentro de la Alianza. Esa concentración podría fortalecer la vigilancia y la defensa colectiva, pero no elimina las fricciones: una mayor actividad militar puede alimentar respuestas recíprocas y reducir el margen para la cooperación práctica. Canadá, que está reforzando sus bases, vigilancia e infraestructura, ilustra otro efecto: las inversiones pueden cerrar brechas y ampliar su autonomía, aunque buena parte de las capacidades se integre en NORAD y siga dependiendo de la coordinación con Washington.
Los límites del derecho y las comunidades locales
Europa también está ampliando su enfoque, incorporando seguridad y resiliencia económica a una política antes centrada en el clima y la cooperación. El giro reconoce que la protección ambiental no puede separarse de la defensa de infraestructuras y rutas. El riesgo es que la agenda de seguridad desplace objetivos anteriores o convierta la cooperación científica en otra herramienta de rivalidad. España, con experiencia polar y una estrategia para 2026-2035, puede contribuir mediante investigación y diplomacia; su influencia dependerá de sostener recursos y presencia, no solo de formular prioridades.
Las consecuencias recaen además sobre los pueblos indígenas, cuya participación fue parte expresa del diseño del Consejo Ártico. Nuevos proyectos pueden generar empleo y servicios, pero también alterar actividades tradicionales, presionar ecosistemas y dejar a las comunidades con escasa capacidad para negociar beneficios o reparar daños. La consulta previa y el acceso a información independiente son, por ello, condiciones sustantivas para la legitimidad de cualquier desarrollo, no trámites posteriores a la decisión de invertir.
La Antártida ofrece un contraste útil, no una garantía. El régimen internacional y el protocolo ambiental mantienen prohibida la explotación minera con fines comerciales, aunque el turismo, las infraestructuras y la presencia de grandes potencias añadan presión. La experiencia muestra que las reglas pueden contener la competencia, pero requieren respaldo político y mecanismos de cumplimiento. En el Ártico, la cuestión inmediata será si los Estados pueden actualizar acuerdos sobre seguridad, navegación, extracción y respuesta a emergencias sin esperar a que una crisis imponga condiciones más duras. El valor estratégico de los polos crecerá; que ese valor se traduzca en cooperación o en una carrera de hechos consumados sigue abierto.
