A pocos meses de las próximas elecciones presidenciales, Emmanuel Macron afronta el tramo final de su mandato con una popularidad debilitada y una acumulación de conflictos sociales que ha alterado el balance de su proyecto político. El presidente llegó al Palacio del Elíseo en 2017 con 39 años y la promesa de modernizar Francia, reformar el Estado y recuperar el dinamismo económico. Casi una década después, su legado aparece asociado a la pérdida de poder adquisitivo, la tensión en las calles y un deterioro visible de los servicios públicos.
De la promesa de renovación a la primera gran ruptura
La primera crisis de gran alcance llegó en octubre de 2018, cuando miles de personas salieron a las calles contra el aumento del precio de los combustibles y el encarecimiento de la vida. La propuesta del Gobierno de elevar los impuestos sobre la gasolina y el diésel se justificaba por la transición ecológica, pero tuvo un impacto especialmente intenso en quienes dependían del automóvil para acudir al trabajo.
El movimiento de los chalecos amarillos se extendió durante 18 meses y puso de manifiesto una fractura territorial y social. Las protestas fueron especialmente fuertes en ciudades pequeñas, zonas rurales y periferias urbanas, donde el transporte público ofrecía menos alternativas. Los enfrentamientos con la policía, las imágenes de violencia y la respuesta gubernamental dañaron la imagen de Macron y cuestionaron la capacidad del Ejecutivo para distribuir de forma equitativa el coste de sus reformas.
La tensión no desapareció tras aquel episodio. La Ley de Seguridad Global, que ampliaba las facultades policiales y limitaba la difusión de imágenes de agentes durante las protestas, provocó nuevas movilizaciones y críticas de organizaciones de derechos civiles. Para sus defensores, la norma buscaba proteger a las fuerzas de seguridad; para sus detractores, restringía la vigilancia ciudadana en un contexto de creciente conflictividad.
La reforma de las pensiones como punto de inflexión
El conflicto más profundo del segundo mandato fue la reforma de las pensiones aprobada en 2023. La medida elevó la edad legal de jubilación de 62 a 64 años y desencadenó huelgas y manifestaciones en numerosos sectores. Macron defendió la reforma como una condición necesaria para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, mientras los sindicatos denunciaron que el ajuste recaía de manera desproporcionada sobre los trabajadores con carreras laborales más largas o empleos físicamente exigentes.
Durante semanas, las principales ciudades francesas vivieron cortes de transporte, interrupciones en servicios públicos y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La reforma terminó convirtiéndose en un símbolo del estilo de gobierno de Macron: una apuesta por aprobar cambios estructurales pese a una oposición social amplia, incluso cuando el Ejecutivo carecía de un respaldo parlamentario suficiente para imponerlos sin recurrir a mecanismos constitucionales controvertidos.
Inflación, salarios y malestar cotidiano
El denominador común de las principales protestas ha sido el deterioro de la capacidad de compra. La inflación anual, cercana al 1% cuando Macron llegó al poder, alcanzó el 5,3% en 2022, en plena crisis energética y después de las alteraciones económicas provocadas por la pandemia. Aunque posteriormente se moderó hasta el 3,1%, según los últimos datos citados, el descenso del ritmo de aumento no revirtió el encarecimiento acumulado.
El Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos francés calcula que los precios aumentaron aproximadamente un 19,6% entre 2017 y 2025. En términos cotidianos, una cesta de la compra que costaba alrededor de 100 euros al inicio del mandato pasó a ser, de media, unos 20 euros más cara. La pandemia de covid-19, la invasión rusa de Ucrania y las perturbaciones energéticas explican una parte importante de esa evolución, por lo que no resulta atribuible únicamente a las decisiones del Gobierno. Sin embargo, los sindicatos sostienen que los salarios y las ayudas sociales no han avanzado al mismo ritmo.
La presión sobre los hogares también ha limitado el margen político del Ejecutivo. Cuando el Gobierno intenta contener el déficit mediante recortes o mayores ingresos fiscales, se encuentra con una población que percibe ya una pérdida de servicios y de seguridad económica. Cuando aumenta el gasto para aliviar esa presión, se agravan las dudas sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas.
El ajuste fiscal y la disputa por la sucesión
Francia registró un déficit superior al 6% del producto interior bruto en 2024, aproximadamente el doble del límite de referencia europeo. En el proyecto presupuestario de 2025, el Ejecutivo planteó un ajuste de unos 60.000 millones de euros mediante una combinación de reducción del gasto y aumento de ingresos. La deuda pública alcanzó el 115,7% del PIB a finales de ese año, un nivel que estrecha la capacidad de respuesta ante nuevas crisis y expone al país a una vigilancia más intensa de sus socios europeos.
El problema para Macron no es solo económico. El cansancio acumulado condiciona la elección de su sucesor y complica la continuidad de su corriente política. Édouard Philippe, antiguo primer ministro y candidato asociado a la herencia macronista, deberá defender la necesidad de reformas sin quedar identificado por completo con sus costes sociales. Al mismo tiempo, la derecha conservadora y la extrema derecha de Marine Le Pen intentan convertir el malestar económico y la inseguridad social en una alternativa de poder.
La última movilización contra la precariedad en el sector educativo, iniciada en un instituto de Saint-Denis y extendida posteriormente a otras ciudades, confirma que la conflictividad permanece activa. Según el barómetro de Ifop publicado el 19 de octubre de 2026, solo el 17% de los encuestados se declaraba satisfecho con la actuación presidencial, mientras el 56% afirmaba estar muy descontento. Estas cifras no determinan por sí solas el resultado electoral, pero sí reflejan la dificultad de Macron para cerrar su ciclo político con una valoración positiva.
El balance de su presidencia queda así marcado por una contradicción central: el intento de modernizar la economía francesa exigió reformas que el Gobierno consideró inevitables, pero su aplicación profundizó la percepción de desigualdad y abandono entre amplios sectores de la población. La próxima elección no solo medirá el apoyo a un candidato, sino también la capacidad de Francia para responder a una crisis de confianza que combina precios elevados, deuda pública, servicios tensionados y una sociedad cada vez más polarizada.
