El deslizamiento ocurrido durante las primeras horas del lunes 19 de octubre en una mina de oro irregular de Santa Bárbara de Iscuandé, en el suroeste de Colombia, dejó al menos nueve personas muertas y abrió una emergencia cuyo alcance todavía no estaba definido. Las autoridades calculaban que alrededor de 30 trabajadores podían encontrarse en el interior cuando cedió el terreno, por lo que la cifra de víctimas podía aumentar mientras avanzaban las labores de búsqueda y rescate.
La información fue confirmada por Fredy Andrés Gámez Castrillón, secretario de Gobierno de Nariño, y Alex González, secretario de Paz y Derechos Humanos de la zona. Bomberos y funcionarios de la Defensa Civil se desplazaron hacia el área, una región rural de difícil acceso. La operación, sin embargo, no depende únicamente de la capacidad técnica de los rescatistas: también está condicionada por la geografía, las condiciones del terreno y la presencia advertida de grupos armados ilegales.
Un accidente que no aparece aislado
La primera clave para entender la gravedad del caso es que no se trata de un episodio completamente excepcional. Apenas dos meses antes, otro accidente en una mina de oro de Nariño había dejado 13 personas fallecidas y varios heridos. La cercanía temporal entre ambos hechos sugiere una repetición de riesgos que no fueron corregidos, más que una sucesión de accidentes imprevisibles.
En la minería irregular, la extracción suele desarrollarse sin controles estables sobre la resistencia de los túneles, la circulación del agua, la ventilación o la estabilidad de las laderas. La presión por alcanzar rápidamente las vetas de oro puede llevar a remover tierra sin estudios geotécnicos suficientes y a utilizar métodos que alteran el equilibrio del terreno. Cuando se combinan lluvias, saturación del suelo, excavaciones profundas y ausencia de sistemas de soporte, un deslizamiento puede sepultar en segundos a quienes trabajan en el subsuelo.
El término “irregular” también describe una dimensión institucional. No siempre significa que cada persona que trabaja en la mina participe de una estructura criminal; con frecuencia incluye a comunidades que dependen de una actividad sin licencia, de intermediarios que controlan la comercialización o de redes que operan en zonas donde la presencia estatal es limitada. Esa complejidad hace que las respuestas basadas únicamente en operativos de cierre sean insuficientes. Si no existe una alternativa económica viable, la actividad puede trasladarse a otro punto sin que desaparezca el riesgo.
El rescate enfrenta una emergencia dentro de otra
La cifra inicial de nueve muertos debe leerse con cautela. Los reportes indicaban que la mayoría de las personas presentes permanecían atrapadas bajo tierra, pero todavía no había un balance completo de desaparecidos ni una descripción definitiva del punto de colapso. En estas circunstancias, cada hora es decisiva, aunque el ingreso apresurado de maquinaria o personal puede provocar nuevos desprendimientos y poner en peligro a los equipos de rescate.
La dificultad de acceso a Santa Bárbara de Iscuandé tiene consecuencias concretas. El traslado de equipos pesados, sistemas de iluminación, herramientas de excavación y personal especializado puede tardar más que en una zona urbana. Además, la respuesta debe organizarse con información incompleta: los responsables de la mina pueden no haber llevado registros formales de trabajadores, y las familias pueden carecer de una lista precisa de quienes ingresaron ese día.
La advertencia de la Defensoría del Pueblo sobre la presencia de grupos armados ilegales añade un riesgo que no está relacionado con la geología, pero que puede definir el resultado de la operación. Bomberos, Defensa Civil, autoridades locales y personal humanitario necesitan garantías para entrar, permanecer y retirar a las víctimas. Si el acceso se demora por razones de seguridad, la emergencia adquiere una segunda capa de vulnerabilidad: los atrapados no solo enfrentan la falta de oxígeno, agua o estabilidad estructural, sino también la imposibilidad de que la ayuda llegue a tiempo.
Por esa razón, el pedido de recursos humanos, técnicos y logísticos no debe entenderse como una formalidad. Una respuesta eficaz requiere coordinación entre las autoridades regionales, los organismos de socorro y las entidades responsables de la seguridad. También exige comunicación pública precisa para evitar rumores, identificar a los desaparecidos y ofrecer a las familias información verificable en medio de la incertidumbre.
El oro como motor económico y fuente de dependencia
El oro mantiene un valor elevado y relativamente estable en los mercados internacionales, lo que convierte su extracción en una actividad atractiva en territorios con pocas oportunidades laborales. Para trabajadores de comunidades rurales, la minería puede representar ingresos inmediatos superiores a los de la agricultura de subsistencia o el empleo informal disponible. Esa diferencia económica ayuda a explicar por qué muchas personas aceptan ingresar a explotaciones peligrosas, aun cuando conocen la falta de seguridad.
Pero el beneficio no se distribuye de manera uniforme. En las cadenas informales, los mineros suelen asumir el riesgo físico mientras otros actores controlan el acceso al territorio, suministran insumos, compran el mineral o cobran por la operación. Cuando ocurre una tragedia, las responsabilidades se vuelven difusas y las familias quedan expuestas a pérdidas de ingresos, gastos funerarios y ausencia de mecanismos de indemnización.
El impacto también alcanza a las comunidades cercanas. La minería sin controles puede alterar cauces, aumentar la sedimentación de los ríos, contaminar el agua con sustancias utilizadas para separar el oro y acelerar la deforestación. Esos daños no siempre aparecen en el balance inmediato de un derrumbe, pero afectan la pesca, la agricultura y la salud pública. En un territorio donde las actividades productivas dependen de los ríos y del bosque, la extracción puede generar ingresos en el corto plazo mientras reduce las opciones económicas futuras.
La repetición de tragedias pone a prueba al Estado
El antecedente de 13 muertos en otro accidente de Nariño y el nuevo saldo provisional de nueve fallecidos plantean una pregunta institucional: qué medidas se adoptaron después del primer desastre y por qué no lograron impedir una tragedia similar. No basta con establecer la causa inmediata de cada derrumbe. Las investigaciones deben reconstruir quién operaba la mina, quién conocía sus condiciones, cómo se contrataba a los trabajadores y qué autoridades tenían competencia para inspeccionar o intervenir.
El desafío consiste en equilibrar control y protección social. Una estrategia centrada solo en la criminalización puede empujar a los trabajadores hacia lugares más remotos y peligrosos, donde las autoridades tengan todavía menos capacidad de vigilancia. En cambio, la formalización requiere asistencia técnica, trámites accesibles, financiación, capacitación y reglas que puedan ser cumplidas por pequeñas unidades mineras. Sin esos instrumentos, la legalidad puede convertirse en una exigencia abstracta para quienes carecen de capital y asesoría.
La seguridad laboral debería ocupar un lugar central en cualquier proceso de regularización. La identificación de trabajadores, la evaluación geotécnica, los planes de evacuación, la comunicación entre quienes están dentro y fuera de la mina y la disponibilidad de equipos básicos pueden reducir el número de víctimas incluso antes de resolver por completo el estatus jurídico de la explotación. La experiencia de otros sectores muestra que la prevención suele ser menos costosa que las operaciones de rescate y la atención posterior a las familias.
Una crisis que puede extenderse más allá de la mina
Las consecuencias del derrumbe no terminan cuando finalizan las labores de rescate. Cada víctima puede representar la pérdida del principal ingreso de un hogar, especialmente en comunidades donde varias generaciones dependen de la minería. Si hay personas desaparecidas, la incertidumbre prolonga el daño emocional y dificulta que las familias accedan a ayudas. La respuesta pública debe contemplar atención psicológica, asistencia económica temporal, identificación digna de los fallecidos y acompañamiento jurídico.
El accidente también puede profundizar la desconfianza hacia las instituciones. Cuando las comunidades perciben que el Estado aparece solo después de la tragedia, mientras durante años no hubo control efectivo sobre la actividad, las medidas posteriores pueden ser vistas como punitivas o tardías. Esa percepción favorece a los intermediarios y a los grupos armados que ofrecen protección, empleo o acceso a la explotación, aunque lo hagan mediante coerción y bajo condiciones de alto riesgo.
La emergencia de Santa Bárbara de Iscuandé debería impulsar una revisión de la política minera en Nariño: mapas actualizados de explotaciones, protocolos de alerta en zonas inestables, rutas de acceso para socorro, censos laborales y acuerdos de seguridad que permitan la entrada de personal humanitario. También sería necesario fortalecer la trazabilidad del oro para que los compradores no puedan beneficiarse de una cadena que oculta accidentes, explotación laboral o daños ambientales.
La cifra de nueve muertos constituye, por ahora, un balance provisional. Sin embargo, incluso antes de conocer el número final de víctimas, el caso ya revela una crisis más amplia: la combinación de pobreza rural, mercados ilegales, débil control territorial y prácticas extractivas sin garantías mínimas. El rescate inmediato debe ser la prioridad, pero la prevención de una nueva tragedia dependerá de que la respuesta posterior no se limite al duelo y a la investigación de turno. En Nariño, la repetición de accidentes indica que el costo de no intervenir de manera estructural ya está siendo pagado por los trabajadores y sus familias.
