La Fiscalía colombiana detuvo en Tumaco, Nariño, a William Leonardo de la Cruz Valverde, señalado de almacenar y tratar de comercializar 4.235 aletas de tiburón cuyo valor supera los 600 millones de pesos colombianos, cerca de 190.000 dólares. El material, con un peso superior a 376 kilogramos, estaba distribuido en 13 sacos dentro de un establecimiento dedicado a la venta de pescados, mariscos y otros productos del mar. Según la investigación preliminar, las aletas serían trasladadas posteriormente a Ecuador.
Las autoridades estiman que el cargamento procedería de más de 1.000 tiburones de distintas especies. Entre las identificadas figuran el tiburón martillo, tigre, sedoso, zorro, cobrizo y punta negra, varias de ellas incluidas en categorías de amenaza de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La escala del hallazgo convirtió el operativo en un caso de especial relevancia para la protección de la fauna marina y para el control de las rutas comerciales que conectan el Pacífico colombiano con otros mercados regionales.
Un caso que va más allá del decomiso
La Fiscalía indicó que las aletas fueron obtenidas presuntamente sin autorización de la autoridad competente y mediante una práctica conocida como aleteo. Esta consiste en capturar tiburones, cortar sus aletas dorsales y laterales y arrojar el cuerpo al mar, una operación que permite transportar un producto de alto valor ocupando menos espacio, pero que deja al animal sin posibilidad de sobrevivir.
El impacto no se limita a la muerte de los ejemplares afectados. Los tiburones cumplen funciones relevantes en las redes alimentarias marinas y su desaparición puede alterar el equilibrio entre distintas poblaciones de peces y otros organismos. La extracción de más de un millar de animales, si se confirma judicialmente, representa por ello una presión concentrada sobre especies que además enfrentan amenazas como la pesca incidental, la degradación de sus hábitats y la demanda internacional de sus aletas.
El tiburón zorro se encuentra clasificado como una especie en peligro, mientras que el tiburón martillo figura en la categoría de peligro crítico. En este contexto, la incautación no solo permite retirar del circuito comercial un cargamento ilegal, sino también identificar posibles puntos de almacenamiento y distribución dentro de una cadena que puede comenzar en zonas de pesca y terminar en mercados de otros países.
La ruta hacia Ecuador, bajo investigación
La ubicación del decomiso añade un elemento central a la investigación. Tumaco alberga el segundo puerto más importante de Colombia sobre el Pacífico y funciona como un punto de intercambio de productos pesqueros y marítimos. La Fiscalía sostiene que las aletas pretendían ser trasladadas y comercializadas en Ecuador, aunque todavía deberán establecerse el origen exacto de los animales, los responsables de su captura y las personas que participarían en el transporte y la venta.
El volumen hallado plantea preguntas sobre la capacidad de los controles en los establecimientos comerciales y en las rutas de salida de la región. Trece sacos con cientos de kilogramos de material no constituyen un producto difícil de detectar por su cantidad, pero su circulación puede aprovechar la complejidad de las cadenas pesqueras, la mezcla con mercancía legal y la existencia de conexiones transfronterizas. La investigación tendrá que determinar si el detenido actuaba por cuenta propia o si formaba parte de una estructura más amplia.
También será determinante la identificación taxonómica de todas las aletas. Distinguir con precisión las especies permite establecer el nivel de afectación ambiental y comprobar si se vulneraron medidas de protección específicas. Ese trabajo, junto con el análisis del peso, el estado del material y los registros de transporte, puede aportar elementos para reconstruir cuándo y dónde fueron capturados los tiburones.
Imputación y próximos pasos judiciales
Una fiscal de la Seccional Nariño, con apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal, presentó a De la Cruz Valverde ante un juez de control de garantías. La Fiscalía le imputó los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y tráfico de fauna. El detenido negó las acusaciones y fue enviado a prisión mientras avanzan las pesquisas.
La medida de aseguramiento no equivale a una condena. La responsabilidad penal deberá establecerse con base en las pruebas sobre la procedencia de las aletas, la intención de comercializarlas, el conocimiento de su origen y la participación concreta del acusado. Sin embargo, el decomiso ofrece a los investigadores una evidencia material significativa: una cantidad documentada de restos, un lugar de almacenamiento y una hipótesis de destino comercial.
El caso muestra la dificultad de combatir el tráfico de fauna marina únicamente mediante operaciones aisladas. Para reducir este negocio se requieren controles permanentes en puertos y comercios, trazabilidad de los productos pesqueros, cooperación con las autoridades ecuatorianas y capacidad técnica para reconocer especies protegidas. Mientras exista una demanda que convierta las aletas en mercancía de alto valor, cada incautación podrá interrumpir una operación, pero la conservación de los tiburones dependerá de impedir que la captura ilegal vuelva a integrarse en las rutas comerciales del Pacífico.
