La Cámara de Representantes de Estados Unidos prepara una reforma de sus normas sobre acoso y conducta sexual inapropiada después de que varias investigaciones contra legisladores hayan puesto de manifiesto las dificultades que afrontan los trabajadores del Capitolio para denunciar. El grupo bipartidista creado para estudiar el problema prevé presentar sus recomendaciones después de las elecciones del 3 de noviembre, con la intención de promover cambios antes de que concluya el año.
La iniciativa está encabezada por la republicana de Florida Kat Cammack y la demócrata de Nuevo México Teresa Leger Fernandez. Ambas comenzaron a coordinarse ante el incremento de expedientes tramitados este año por el Comité de Ética de la Cámara. Durante sus primeras sesiones de escucha, antiguos empleados y trabajadores en activo describieron un sistema que, según las congresistas, resulta difícil de entender y puede desalentar las reclamaciones.
Un sistema que muchos empleados no saben cómo utilizar
Cammack explicó que, al incorporarse esta primavera al grupo de trabajo, recibió mensajes de antiguos miembros del personal que querían relatar experiencias mantenidas en silencio durante años. Algunos temían que una denuncia terminara con su carrera profesional o dañara sus posibilidades de encontrar empleo dentro de la institución. La congresista calificó esas conversaciones de especialmente difíciles y describió los testimonios como “desgarradores”.
Entre los principales problemas identificados figuran la falta de claridad sobre el organismo al que deben acudir las víctimas, la desconfianza respecto a las consecuencias para los responsables y los plazos considerados demasiado breves. En general, las reclamaciones deben presentarse en un plazo de 180 días desde la presunta infracción, aunque el límite puede llegar a 300 días en determinados casos sometidos también a leyes estatales o locales contra la discriminación.
El grupo estudia crear un único punto de contacto que explique al trabajador las alternativas disponibles y le permita conocer las distintas vías de actuación sin tener que orientarse por su cuenta entre varias oficinas. Leger Fernandez comparó la propuesta con una línea de emergencia: una sola llamada serviría para identificar las opciones y recibir información inicial, sin prejuzgar el resultado de una eventual investigación.
La sucesión de expedientes elevó la presión política
La revisión se produce en un año especialmente complicado para el Congreso, que ha tenido dificultades para aprobar iniciativas más allá de las necesarias para mantener operativo al Gobierno federal. En ese contexto, el Comité de Ética se ha convertido en el centro de varias de las controversias más relevantes de Washington: tres legisladores renunciaron en lugar de afrontar una posible votación de expulsión, dos de ellos por investigaciones relacionadas con conductas sexuales inapropiadas.
En abril, el comité abrió una investigación sobre el entonces representante demócrata por California Eric Swalwell para determinar si había mantenido una conducta sexual inapropiada con una empleada bajo su supervisión. Swalwell renunció poco después, mientras algunos compañeros reclamaban que la Cámara procediera a expulsarlo. El caso contribuyó a reabrir el debate sobre la capacidad de los procedimientos internos para actuar antes de que una controversia desemboque en una dimisión.
El republicano de Texas Tony Gonzales también dejó su escaño mientras se examinaba si había mantenido una conducta inapropiada con una empleada de su oficina. El legislador había reconocido una relación extramatrimonial con una integrante de su equipo, que posteriormente murió por suicidio. La investigación no solo generó preguntas sobre la relación jerárquica entre ambos, sino también sobre los límites de la responsabilidad institucional cuando una relación en el lugar de trabajo se vuelve objeto de una denuncia.
Más recientemente, la Cámara aprobó por 413 votos a favor y dos en contra una recomendación de censura contra el republicano de Carolina del Norte Chuck Edwards. El Comité de Ética concluyó que había mantenido una conducta persistente, poco profesional e inapropiada hacia dos jóvenes empleadas de su oficina. La contundencia de la votación mostró el amplio respaldo a sancionar comportamientos que, aunque no siempre encajen en una acusación penal, pueden vulnerar las normas de conducta parlamentaria.
Investigaciones abiertas y garantías de debido proceso
La lista de expedientes no se limita a esos casos. El demócrata de California Jimmy Gomez está siendo investigado por una posible conducta sexual inapropiada con una integrante del personal de la Cámara. Gomez ha dicho que colaborará con las pesquisas y sostiene que sus acciones fueron consentidas y no infringieron la ley ni las normas éticas. También pidió disculpas a su familia y a sus electores.
El comité examina asimismo acusaciones contra el republicano de Florida Cory Mills por posible conducta sexual inapropiada o violencia en el noviazgo, entre otras imputaciones. Mills ha negado las acusaciones y perdió recientemente unas primarias republicanas. Al tratarse de investigaciones abiertas, sus casos todavía no han producido conclusiones definitivas, una distinción que el nuevo sistema deberá preservar mientras busca ofrecer mayor protección a quienes denuncian.
La controversia coincidió con la indignación pública por la gestión gubernamental del caso de Jeffrey Epstein. En los meses anteriores, integrantes del Caucus de Mujeres Demócratas se habían reunido en el Departamento de Justicia con supervivientes que reclamaban la publicación de archivos relacionados con el magnate. La conexión entre ambos debates aumentó la presión para que las instituciones demostraran que pueden investigar abusos de poder con transparencia y sin proteger a figuras influyentes.
El alcance de las reformas que se estudian
El Congreso aprobó en 2018 una ley que obliga a los legisladores a reembolsar al Departamento del Tesoro los pagos y acuerdos derivados de casos de acoso sexual. La norma también garantiza al personal el acceso a un asesor especializado durante la presentación de reclamaciones ante la Oficina de Derechos Laborales del Congreso. Sin embargo, la experiencia reciente sugiere que disponer formalmente de esos mecanismos no basta si los trabajadores no conocen su existencia o temen utilizarla.
Entre las propuestas figura ampliar la prohibición de mantener relaciones sexuales con subordinados. Actualmente, los legisladores no pueden mantener relaciones con miembros de su propio equipo o del personal de sus comités; el grupo quiere extender esa restricción a todos los empleados del Congreso. Sus promotoras sostienen que una norma más amplia reduciría los conflictos de interés derivados de las relaciones entre personas con diferencias de poder, aunque previsiblemente abrirá un debate sobre la privacidad y el alcance de las reglas internas.
También se analiza reforzar la rendición de cuentas de legisladores y altos cargos de sus equipos, además de modificar el plazo para presentar reclamaciones. Cambiar este límite exigiría actualizar la Ley de Responsabilidad del Congreso, que somete a la institución a muchas de las normas laborales aplicables al sector privado, y requeriría igualmente la aprobación del Senado. Ese trámite puede ralentizar la reforma y obligará a conciliar la protección de las víctimas con garantías de investigación imparcial y debido proceso.
Para Cammack y Leger Fernandez, la cooperación entre los caucus de mujeres de ambos partidos demuestra que existe un diagnóstico compartido pese a la polarización legislativa. El resultado dependerá ahora de que las recomendaciones se traduzcan en normas aplicables, canales accesibles y consecuencias previsibles. La presión política ha crecido por la acumulación de casos, pero la prueba decisiva será si los trabajadores del Capitolio perciben que denunciar ya no implica poner en riesgo, por sí solo, su futuro profesional.
