El aumento del precio de la gasolina y, sobre todo, del diésel, ha colocado al Gobierno de Donald Trump ante una doble presión: el encarecimiento golpea de forma inmediata el presupuesto de los hogares y, al mismo tiempo, amenaza con trasladarse a las urnas en las elecciones legislativas del 3 de noviembre. El precio medio del diésel ronda los 6,28 dólares por galón, mientras la gasolina se sitúa cerca de los 4,30 dólares, niveles que han convertido el costo de la energía en uno de los asuntos más visibles de la campaña.
La preocupación no se limita a los conductores. El diésel es esencial para el transporte de mercancías, la maquinaria agrícola y las cadenas de distribución. Cuando sube, aumentan los costos de trasladar alimentos, ropa y productos básicos. Por eso, el economista Joseph Brusuelas resume el problema en dos palabras que condensan su impacto político: “gasolina y comestibles”. La presión sobre el tanque termina apareciendo también en el supermercado y en las facturas de las empresas.
Una inflación que se percibe todos los días
Según Brusuelas, el precio de la gasolina ha aumentado un 43,2% y el del diésel un 67,8%. Para millones de estadounidenses, la posibilidad de reducir el consumo es limitada. El país dispone de menos alternativas de transporte público que buena parte de Europa y muchas familias necesitan conducir largas distancias para trabajar, estudiar o acceder a servicios esenciales.
Philip K. Verleger, especialista en mercados energéticos, sostiene que esa dependencia vuelve especialmente sensible a la sociedad estadounidense ante cualquier repunte. El consumidor puede posponer la compra de determinados bienes, pero no siempre puede dejar de llenar el depósito. Esa rigidez transforma el precio publicado en las estaciones de servicio en un indicador cotidiano del costo de vida y en una señal política difícil de ignorar.
El voto rural, entre el combustible y la producción
El impacto es particularmente delicado para el Partido Republicano porque afecta a sectores centrales de su base electoral. Agricultores y transportistas de estados como Iowa y Kansas dependen del diésel para operar tractores, cosechadoras y camiones. En esas zonas, el combustible no es un gasto secundario: forma parte directa del costo de producir y distribuir alimentos.
El encarecimiento puede reducir los márgenes de los productores, elevar los precios de transporte y trasladarse finalmente al consumidor. La cadena es sencilla: un diésel más caro aumenta el costo de la cosecha, el traslado al centro de distribución y la entrega en los comercios. El votante rural, que suele respaldar a los republicanos y consume más gasolina por las distancias que recorre, se convierte así en un grupo especialmente expuesto a la frustración económica.
Una encuesta de Reuters/Ipsos publicada en octubre refleja la dimensión política del problema: cerca del 80% de los encuestados responsabilizó a Trump por el aumento de los precios. Aunque los valores energéticos dependen en buena medida de los mercados internacionales, la percepción del electorado suele concentrarse en el Gobierno de turno. El precio visible en el surtidor pesa más que una explicación sobre geopolítica, sanciones o interrupciones del suministro.
Medidas de emergencia con resultados limitados
La Casa Blanca ha respondido con una combinación de ayudas, cambios regulatorios y gestiones internacionales. El Gobierno ofreció miles de millones de dólares para apoyar el diésel agrícola, flexibilizó normas aplicables a los camioneros y presionó a países aliados para que liberen reservas estratégicas. También autorizó temporalmente que los camiones utilicen en las autopistas diésel teñido de rojo, un combustible normalmente reservado a maquinaria agrícola y exento del impuesto federal de carreteras de 24,4 centavos por galón.
Sin embargo, la medida enfrenta obstáculos prácticos. Agricultores y transportistas temen que el tinte deje residuos químicos durante años en los depósitos y que las inspecciones posteriores al vencimiento del decreto, previsto para diciembre, terminen en multas de miles de dólares. La asociación NATSO, que representa a operadores de paradas de camiones, reconoció el esfuerzo oficial, pero advirtió que el riesgo para sus miembros es elevado.
Además, las ayudas no han producido todavía un alivio significativo y parte de los fondos destinados a los agricultores llegará después de las elecciones. Esa demora reduce su valor político: una política puede ser importante en términos presupuestarios, pero resulta poco eficaz para una administración que necesita mostrar una mejora inmediata en las estaciones de servicio.
El acuerdo con Moscú y el límite de la política energética
Trump también negoció con Vladimir Putin la importación de diésel ruso para aumentar la oferta en el mercado estadounidense. El primer cargamento, de 40.000 toneladas, partió hacia Nueva York el 22 de octubre y tiene prevista su llegada para el 7 de noviembre, después de la jornada electoral. El calendario limita por sí solo la posibilidad de que el acuerdo genere un beneficio visible antes de la votación.
La operación provocó críticas de senadores demócratas y republicanos, que consideran que puede violar las leyes aprobadas en 2022 para presionar económicamente a Moscú. Volodímir Zelenski calificó la decisión de Washington como un paso débil frente a las sanciones internacionales contra Rusia.
Los analistas también cuestionan su escala. Brusuelas calcula que las 300.000 toneladas métricas contempladas en el acuerdo cubrirían aproximadamente 12 horas de la demanda diaria estadounidense. Rusia, además, no tendría capacidad excedentaria suficiente para convertir el pacto en una solución sostenida. Desde esa perspectiva, el acuerdo puede funcionar como una señal política, pero difícilmente modificará de manera decisiva los mercados energéticos o el precio que pagan los consumidores.
Una promesa económica bajo examen
El problema central para Trump no es únicamente el nivel actual de los precios, sino la distancia entre su promesa de reducir el costo de vida y la experiencia económica de los votantes. Cuando comenzó su segundo mandato, la gasolina costaba alrededor de 3 dólares por galón. El salto hasta los 4,30 dólares ha convertido esa diferencia en una referencia permanente para evaluar la gestión presidencial.
El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero, la tensión en el estrecho de Ormuz y las disputas comerciales han contribuido al repunte energético descrito por los analistas. Pero las explicaciones internacionales no eliminan el costo político doméstico. El votante puede aceptar que el Gobierno no controla completamente el mercado, pero aun así castigar a la fuerza gobernante por no haber evitado o compensado el deterioro.
Las proyecciones citadas por los expertos apuntan a una pérdida de terreno republicana, con posibilidades de que los demócratas obtengan al menos cinco escaños adicionales en la Cámara de Representantes. Algunos analistas incluso consideran posible que la oposición controle ambas cámaras. No se trata de un resultado asegurado: la inmigración, la política del ICE, la guerra con Irán y las divisiones internas republicanas también influirán en la decisión.
La disputa sobre una posible prohibición temporal de las exportaciones de diésel ilustra esas tensiones. El senador Chuck Grassley defendió un veto de 90 días para aumentar la oferta interna, mientras legisladores de estados petroleros y empresas del sector advirtieron que la medida podría elevar aún más los precios. En vísperas de las midterms, el combustible ha dejado de ser solo una cuestión energética: se ha convertido en la prueba más concreta de si Trump puede cumplir su promesa de abaratar la vida cotidiana.
