Las denuncias sobre restricciones y recomendaciones desiguales en las plataformas de Meta han abierto un nuevo frente de tensión en la recta final de las elecciones presidenciales de Brasil. La campaña de Luiz Inácio Lula da Silva sostiene que una sucesión de fallos en Instagram, Facebook y WhatsApp pudo haber reducido la difusión de sus mensajes y favorecido a su rival ultraderechista, Flávio Bolsonaro. La compañía rechaza cualquier intervención política y atribuye los incidentes a problemas técnicos.
El debate cobró fuerza después de que el diario Folha de S.Paulo publicara conversaciones internas de empleados de Meta. En esos mensajes, los trabajadores reconocían dificultades de visibilidad en cuentas vinculadas a Lula y discutían demoras en la solución de algunos problemas. El contenido no demuestra, según el propio periódico, que existiera una orden explícita para intervenir en los comicios, pero sí expone fallos operativos en un momento especialmente sensible y plantea dudas sobre los mecanismos internos de supervisión de la plataforma.
Un sistema electoral que limita la recomendación algorítmica
Uno de los episodios mencionados ocurrió el 9 de octubre, cuando el perfil oficial de Lula no pudo pagar durante 24 horas para ampliar el alcance de sus publicaciones. En Brasil, esa herramienta constituye una de las principales vías de propaganda digital permitidas a los partidos, debido a que el Tribunal Superior Electoral prohíbe que los algoritmos recomienden de forma automática las cuentas de los candidatos. Bajo las reglas electorales, los usuarios deben buscar expresamente el nombre de un perfil o canal para acceder a él.
Los empleados de Meta discutieron la tardanza de los ingenieros estadounidenses en resolver la interrupción, pese a que el caso había sido clasificado como un incidente grave. Las conversaciones también aludieron a la recomendación del canal de Flávio Bolsonaro en WhatsApp cuando los usuarios intentaban encontrar el canal Ejército de Lula, uno de los espacios de apoyo más populares del candidato del Partido de los Trabajadores.
Otro caso citado por Folha se produjo a comienzos de octubre, cuando el perfil de Flávio Bolsonaro apareció recomendado en Instagram, una función que no se habría aplicado de la misma manera a otros candidatos. En los intercambios divulgados, trabajadores de la empresa admitían que ese comportamiento no debía producirse. La cuestión central, por tanto, no es solo si hubo una decisión deliberada, sino si los sistemas de Meta ofrecen controles suficientes para detectar y corregir con rapidez efectos políticos desiguales.
El tribunal adopta una respuesta preventiva
El Tribunal Superior Electoral abordó el conflicto el 15 de octubre, al prohibir que Meta restrinja sin justificación el alcance de contenidos políticos relacionados con la segunda vuelta presidencial. La resolución obliga a la empresa a garantizar un tratamiento igualitario para ambas candidaturas, incluida la utilización de sus herramientas de inteligencia artificial, y establece una multa diaria de 500.000 reales, unos 93.000 dólares, si incumple la orden.
El tribunal, sin embargo, no concluyó que Meta hubiera manipulado intencionadamente sus sistemas para beneficiar o perjudicar a una candidatura. La decisión tiene un carácter preventivo: reconoce la gravedad de las denuncias y busca evitar que eventuales errores de distribución afecten la competencia electoral, pero mantiene abierta la cuestión de la responsabilidad concreta de la compañía. Esa distinción resulta relevante porque convierte la transparencia y la capacidad de auditoría en obligaciones prácticas, incluso cuando todavía no se ha probado una operación coordinada.
La ofensiva judicial se amplía
La campaña de Lula también presentó una denuncia ante las siete misiones de observación electoral acreditadas en Brasil, entre ellas las de la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y el Parlamento del Mercosur. Sus abogados afirman que los problemas registrados, al no haber sido explicados satisfactoriamente por Meta, generan sospechas de interferencia en favor de Flávio Bolsonaro.
El 17 de octubre, la Secretaría Nacional de Derechos Digitales, dependiente del Ministerio de Justicia, recomendó a la fiscalía general promover una demanda civil pública contra la empresa. Una nota técnica sostiene que los criterios de moderación operan sin suficiente transparencia para los usuarios y sin posibilidad adecuada de observación por parte de las autoridades. El Ejecutivo propone que se restituyan cuentas, publicaciones y funciones limitadas, que no se suspendan cuentas ni se reduzca el alcance sin revisión humana previa y que, a largo plazo, Meta explique individualmente sus decisiones de moderación.
Las organizaciones civiles han sumado otras preocupaciones. Una carta impulsada por CTRL+Z, respaldada por más de un centenar de entidades, acusa a las grandes plataformas de interferir en el proceso electoral. El organismo Ekō afirmó haber documentado anuncios políticos con imágenes manipuladas mediante inteligencia artificial financiados desde cuentas extranjeras. A su vez, NetLab UFRJ analizó más de 2.300 anuncios de Meta y concluyó que el 68,1% contenía ataques a instituciones o sembraba dudas sobre los comicios. Estas denuncias describen un entorno más amplio de riesgos, aunque no prueban por sí mismas que los fallos denunciados por Lula respondan a una estrategia deliberada de la empresa.
Meta niega sesgo y Bolsonaro también reclama
Meta negó el 16 de octubre que esté interfiriendo en las elecciones brasileñas y calificó de falsas e infundadas las acusaciones de que pretende favorecer a un candidato o grupo político. La compañía atribuyó las restricciones señaladas por la campaña de Lula a incidentes técnicos y aseguró que no toma partido en esta ni en ninguna otra elección.
La controversia tampoco ha dejado a Flávio Bolsonaro al margen de las críticas. Sus abogados presentaron el 17 de octubre un recurso ante el tribunal electoral en el que acusaron a Meta de negligencia y de permitir la promoción de anuncios negativos contra su candidato, una práctica prohibida por la justicia electoral. El hecho revela que el conflicto no se limita a una disputa entre una candidatura y una plataforma: ambas campañas consideran que los sistemas de distribución y publicidad pueden perjudicar sus intereses y buscan que el tribunal intervenga.
La experiencia internacional explica la sensibilidad de las autoridades brasileñas. Alemania obligó a Facebook en 2019 a restablecer la página bloqueada de un partido político, bajo el principio de igualdad política. Rumania anuló sus elecciones presidenciales de 2024 tras detectar amplificación encubierta en TikTok y redes automatizadas, mientras Estados Unidos investigó la circulación de contenidos falsos generados con inteligencia artificial durante sus comicios.
El caso brasileño todavía no ofrece pruebas concluyentes de una manipulación intencional. Sí muestra, en cambio, que un error técnico durante una campaña puede adquirir consecuencias políticas cuando las plataformas controlan el acceso, la visibilidad y la publicidad de millones de usuarios. La disputa judicial determinará si Meta logra demostrar que actuó con procedimientos verificables y equivalentes para ambas candidaturas. Hasta entonces, la exigencia de transparencia seguirá siendo el principal punto de encuentro entre las denuncias de los partidos, las advertencias de la sociedad civil y la respuesta preventiva de la justicia electoral.
