El expediente del exministro venezolano de Petróleo Tareck El Aissami atraviesa dos movimientos simultáneos: la incorporación de nuevos delitos y las versiones sobre una eventual entrega a la justicia estadounidense. Ninguno confirma por sí solo que vaya a ser extraditado, pero juntos sitúan su caso en un terreno donde convergen las investigaciones por corrupción, la presión de Washington y las restricciones constitucionales de Venezuela.
Tres delitos amplían el expediente
El Aissami, detenido en Caracas desde 2024 por la trama Pdvsa-Cripto, habría recibido tres nuevas imputaciones: apropiación o distracción, tráfico ilícito de material estratégico y legitimación de capitales. La información fue divulgada por el periodista Eligio Rojas, quien atribuyó la presentación de los cargos a los fiscales Luis Dueñez y Eddy Ramírez. El exministro ha denunciado irregularidades en su proceso; esas objeciones forman parte de un caso cuya evolución judicial todavía debe distinguirse de las versiones sobre su futuro.
Las acusaciones previas se relacionan con la comercialización de petróleo y el manejo irregular de ingresos de la estatal petrolera. El presunto desfalco se calcula en unos 21.000 millones de dólares, una cifra que dimensiona el alcance atribuido a la trama, aunque no equivale a una condena firme ni determina por sí misma la responsabilidad individual del exfuncionario.
Una referencia a la Corporación Venezolana de Guayana
Los nuevos cargos también podrían estar vinculados con operaciones de la Corporación Venezolana de Guayana. El exfiscal Zair Mundaray sostuvo en X que se adjudicaron buques con material estratégico a empresas internacionales y que, con aval de El Aissami, se desmontó una operación que habría causado pérdidas cercanas a 85 millones de dólares. Esa explicación aporta una línea concreta sobre el origen de las imputaciones, pero procede de una denuncia pública y no sustituye la exposición de pruebas y conclusiones dentro del proceso judicial.
La diferencia entre los montos atribuidos a la trama petrolera y a esta operación es relevante: apunta a que el expediente puede agrupar hechos y mecanismos distintos, no necesariamente una sola transacción. Para evaluar su solidez habrá que conocer cómo conectan los fiscales esas operaciones con cada delito imputado y qué evidencia presentan para sostener esa relación.
La posible entrega, entre versiones y límites legales
El diario ABC de España informó que El Aissami estaría entre los funcionarios que podrían ser entregados a Estados Unidos junto con el expresidente del Tribunal Supremo Maikel Moreno. La versión se inscribe en una lista de dirigentes reclamados por el Gobierno de Donald Trump que ABC había adelantado en febrero, con nombres como Nicolás Maduro Guerra, Alex Saab, Raúl Gorrín, Samark López, Walter Gavidia Flores y Pedro Luis Martín Olivares. Por ahora, se trata de información sobre una posible operación, no de una decisión oficial confirmada.
El obstáculo central es jurídico: la Constitución venezolana prohíbe extraditar a ciudadanos venezolanos. El antecedente de Alex Saab y Álvaro Pulido, presentados como colombianos cuando Caracas los entregó, muestra la importancia de la nacionalidad y del mecanismo formal utilizado, pero no establece automáticamente cómo se resolvería el caso de El Aissami. Cualquier traslado exigiría aclarar bajo qué figura legal se realizaría y cómo se compatibilizaría con la prohibición constitucional.
La presión de Washington no resuelve el desenlace
Estados Unidos ofrece recompensas desde 2020 por varios jerarcas chavistas, entre ellos El Aissami y el actual ministro de Interiores, Diosdado Cabello. Ese antecedente confirma que el interés estadounidense no es nuevo, pero una recompensa o una reclamación no equivale a una entrega inminente. Por ahora, los cargos añadidos fortalecen la relevancia judicial del expediente, mientras la posibilidad de que El Aissami enfrente a tribunales estadounidenses sigue dependiendo de decisiones políticas y de una vía legal que no ha sido explicada públicamente.
