La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) resolvió priorizar la reunificación de sus organizaciones antes de definir nuevas acciones frente a la eliminación de la subvención al diésel. La decisión fue adoptada este sábado durante un ampliado realizado en la ciudad de El Alto, encuentro que reunió a representantes de seis departamentos.
El dirigente Alejandro Ticona explicó que la mayoría de los participantes coincidió en que la principal tarea inmediata es reconstruir una posición común dentro del sector campesino. Según su declaración, la organización debe convocar “a la brevedad posible” a un nuevo ampliado de unidad, con el objetivo de que el movimiento campesino actúe como un solo bloque.
Una prioridad organizativa antes de la movilización
La resolución refleja una preocupación interna que antecede al debate sobre el combustible: la falta de unidad puede limitar la capacidad de representación y negociación de la CSUTCB. En un escenario de presión económica, las organizaciones campesinas necesitan definir una agenda compartida para evitar que las respuestas se dispersen entre demandas departamentales o posiciones sectoriales distintas.
La convocatoria a un ampliado de unidad no equivale todavía al anuncio de una medida de presión nacional. El planteamiento conocido hasta ahora establece una ruta política y organizativa: primero consolidar consensos, luego determinar qué acciones corresponden. Esa secuencia puede retrasar una reacción inmediata, pero también busca otorgar mayor legitimidad a cualquier decisión posterior.
La participación de delegados de seis departamentos muestra que el rechazo al diéselazo fue discutido en un espacio amplio, aunque la información disponible no precisa qué departamentos estuvieron representados ni si todos respaldaron la misma estrategia. Esa ausencia de detalles será relevante para medir el alcance territorial de la posición asumida y el nivel de respaldo que tendrá la futura convocatoria.
El diéselazo como punto de coincidencia
Además de llamar a la unidad, el ampliado rechazó la eliminación de la subvención al diésel, una medida económica que elevó el precio del litro de ese combustible a Bs 17,95. Ticona sostuvo que los participantes consideran que el incremento afecta directamente al sector campesino.
La preocupación se explica por el papel que cumple el diésel en las actividades agrícolas. El combustible es utilizado en tractores, maquinaria de preparación de suelos, sistemas de transporte y operaciones vinculadas con la distribución de la producción. Cuando su precio aumenta, el impacto no se limita al gasto directo de los productores: también puede trasladarse al costo de siembra, cosecha, traslado y comercialización.
La magnitud de ese efecto depende del tipo de cultivo, la distancia a los mercados, el grado de mecanización y la posibilidad de acceder a combustibles a precios regulares. Los productores con menor capacidad financiera suelen enfrentar una presión mayor, porque tienen menos margen para absorber aumentos o adelantar compras. En consecuencia, el rechazo expresado en El Alto combina una objeción a la política de precios con una demanda de protección frente al encarecimiento de la actividad productiva.
Una disputa con efectos más allá del campo
El debate sobre el diésel puede adquirir una dimensión nacional porque el sector campesino forma parte de la cadena que abastece los mercados urbanos. Si el aumento del combustible eleva los costos de producción y transporte, los precios finales pueden verse presionados, aunque la transmisión no sea automática ni igual para todos los productos.
También existe el riesgo de que los productores reduzcan el uso de maquinaria, posterguen labores agrícolas o modifiquen sus planes de siembra cuando el combustible represente una proporción demasiado alta de sus costos. Esas decisiones no necesariamente producen efectos inmediatos, pero pueden influir en los volúmenes disponibles y en la estabilidad del abastecimiento durante los siguientes ciclos productivos.
Para evaluar el impacto real de la medida será necesario contar con información más precisa sobre el consumo de diésel por actividad, el costo del transporte rural y la evolución de los precios agrícolas. El dato de Bs 17,95 confirma el cambio aplicado, pero por sí solo no permite establecer cuánto aumentará el costo total de producir cada cultivo ni qué parte será absorbida por los productores, los intermediarios o los consumidores.
La próxima decisión dependerá del consenso
La convocatoria a un ampliado de unidad se convierte ahora en el principal indicador político de la CSUTCB. Su resultado permitirá saber si las organizaciones logran transformar el rechazo al diéselazo en una plataforma común, con demandas concretas y una estrategia coordinada, o si persisten diferencias que limiten una respuesta colectiva.
Entre los asuntos que previsiblemente deberán definirse están el alcance de la unidad sectorial, los mecanismos de representación, las condiciones para dialogar con las autoridades y las eventuales medidas de presión. También será importante precisar si la organización buscará la revisión de la eliminación de la subvención, compensaciones para los productores o medidas diferenciadas para las actividades agrícolas.
Por ahora, el mensaje del ampliado combina dos decisiones: rechazo a una política que encarece un insumo esencial y prudencia para evitar que la respuesta se adelante a la construcción de un acuerdo interno. La capacidad de la CSUTCB para reunir a sus bases y convertir esa coincidencia inicial en una posición nacional determinará el peso que tendrá el sector campesino en la discusión económica que se abre tras el aumento del diésel.
