El conflicto territorial entre la Sociedad Agrícola de Santiago Chazumba y Olleras de Bustamante llegó a una nueva fase de tensión pública. Habitantes del Barrio Tanchi se manifestaron frente al Tribunal Unitario Agrario (TUA) Distrito 46 para exigir una resolución conforme a derecho y reclamar que el órgano jurisdiccional valore de manera completa las pruebas presentadas por ambas partes.
Los pobladores sostienen que está en disputa la propiedad de tierras que la Sociedad Agrícola afirma acreditar mediante escrituras y otros documentos legales. Su exigencia, dijeron, no consiste en obtener un trato preferencial, sino en que el tribunal revise la evidencia documental y testimonial con criterios legales. “Que resuelva en el marco del derecho, conforme a las leyes y, sobre todo, apegado a la justicia, a la libertad y a la fraternidad”, expresaron durante la protesta.
La movilización incluyó una advertencia de mayor presión social. “Si es necesario tomar las carreteras, lo vamos a hacer”, señalaron los habitantes de Tanchi. La información disponible no reporta que se haya concretado un bloqueo; por ahora, se trata de una medida anunciada para el caso de que consideren que sus demandas no son atendidas.
La audiencia cerró la etapa testimonial
La protesta ocurrió durante la audiencia celebrada el 22 de septiembre, en la que fueron desahogadas las pruebas testimoniales ofrecidas por la Sociedad Agrícola de Santiago Chazumba y Olleras de Bustamante. De acuerdo con un boletín de la Sociedad Agrícola, sus representantes calificaron como favorable el desarrollo de esa diligencia y señalaron contradicciones en algunas declaraciones de la parte contraria.
Ese señalamiento corresponde a la valoración de una de las partes y no equivale todavía a una conclusión del tribunal. Una vez concluida la etapa testimonial, el TUA otorgó tres días para la presentación de alegatos. La Sociedad Agrícola anunció que volverá a invocar sus escrituras para sostener sus derechos sobre el territorio, mientras el expediente entra en el tramo previo a una eventual resolución. No se informó una fecha para el fallo.
Un expediente con antecedentes desde 1973
La disputa no surgió con la protesta reciente. Según información difundida por medios de comunicación y documentos relacionados con el procedimiento agrario, las diferencias entre ambas partes se remontan al menos a 1973. En 2010 se registraron gestiones ante la Procuraduría Agraria para intentar alcanzar acuerdos sobre la colindancia, pero aquellas conversaciones no produjeron una solución definitiva.
La duración del conflicto ayuda a explicar la presión ejercida por los habitantes de Tanchi, aunque el paso del tiempo por sí solo no determina la titularidad de las tierras. También revela el costo de mantener indefinida una controversia territorial: aumenta la incertidumbre sobre los límites, prolonga la confrontación entre comunidades y vuelve más delicada la aceptación social de cualquier decisión. La resolución deberá apoyarse en la evidencia y en la legislación aplicable, no únicamente en la antigüedad de las reclamaciones.
La prueba será el centro de la legitimidad
La Sociedad Agrícola sostiene que sus escrituras acreditan sus derechos sobre el área en disputa. Del otro lado, Olleras de Bustamante también participó en la audiencia y presentó pruebas testimoniales. La información disponible para esta cobertura no incluye una declaración directa de esa organización, por lo que no corresponde anticipar su posición ni dar por probada la versión de cualquiera de los contendientes.
El punto decisivo será la capacidad del TUA para explicar qué elementos considera acreditados, cuál es el alcance territorial de la controversia y qué normas sustentan su determinación. Una resolución clara y suficientemente motivada puede reducir la incertidumbre; una respuesta que omita argumentos relevantes o deje imprecisos los límites podría prolongar el litigio y alimentar nuevas movilizaciones.
La disputa también adquirió una dimensión de seguridad
Durante la protesta, los habitantes denunciaron presuntas amenazas y actos de intimidación derivados del conflicto. “La gente de Tanchi no vive tranquila, vive amenazada, vive amedrentada”, manifestaron. Estas afirmaciones no establecen por sí mismas responsabilidades, pero plantean un asunto distinto al litigio agrario: las autoridades competentes deben investigar los hechos, determinar si existieron delitos y proteger a quienes pudieran encontrarse en riesgo.
La advertencia de trasladarse a la Ciudad de México o tomar carreteras muestra que el desacuerdo puede desplazarse del terreno judicial al de la presión pública. Una eventual interrupción de vías tendría efectos sobre la movilidad y las actividades de terceros, además de elevar la tensión entre las comunidades. Al mismo tiempo, la protesta evidencia que los pobladores perciben el procedimiento como prolongado y exigen resultados. Tanchi afirmó que continuará por las vías legales y llamó a los habitantes de Santiago Chazumba a mantenerse unidos en la defensa de sus derechos, mientras el tribunal enfrenta la responsabilidad de resolver un expediente antiguo sin agravar el conflicto que lo rodea.
