La muerte de dos estudiantes de 17 años de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) llevó al Gobierno federal a intervenir en la estrategia de seguridad de la entidad. La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a establecer contacto con la gobernadora Margarita González Saravia, la rectora Viridiana León y la comunidad universitaria.
La decisión ocurre después de un ataque armado registrado durante la noche del 26 de septiembre en la colonia Chulavista, en Cuernavaca. Dos alumnos de la Preparatoria 2 fueron asesinados a balazos y otro adolescente resultó herido. Los jóvenes se habían reunido después de asistir a una fiesta cuando fueron atacados, de acuerdo con los reportes conocidos hasta ahora.
Una respuesta federal ante un problema que rebasa el plantel
Sheinbaum confirmó que ya existen refuerzos de seguridad en distintas zonas de Morelos, con especial presencia en Cuernavaca y Cuautla. La intervención federal busca determinar qué ocurre en el entorno de la comunidad universitaria y definir medidas preventivas para proteger a estudiantes, docentes y trabajadores.
El alcance de la instrucción presidencial revela que el caso no se considera únicamente un hecho aislado ocurrido fuera de las instalaciones escolares. La coordinación anunciada entre los gobiernos federal y estatal, el ayuntamiento capitalino y la UAEM apunta a revisar las condiciones de seguridad en los trayectos, las zonas de convivencia y los espacios donde los jóvenes desarrollan sus actividades cotidianas.
La exigencia de las familias: investigar y evitar la impunidad
La comunidad de la Preparatoria 2 se reunió para despedir a las víctimas y reclamar una respuesta ante el aumento de agresiones contra jóvenes. Durante el homenaje, la hermana de uno de los estudiantes lo describió como un adolescente alegre, extrovertido, amistoso y lleno de energía. Afirmó que tenía muchos sueños y pidió que las autoridades esclarezcan el crimen y eviten que se sume a otros casos sin castigo en Morelos.
El padre del otro alumno recordó que su hijo practicaba deporte desde los nueve años y que no tenía conflictos conocidos. Su demanda fue concreta: que el asesinato no quede impune. La pérdida, dijo, truncó el futuro, los estudios y los proyectos de dos jóvenes que, según sus familias, no representaban una amenaza para nadie.
Estas declaraciones colocan la investigación penal en el centro de la respuesta pública. Para las familias, no basta con aumentar temporalmente los patrullajes: también resulta indispensable identificar a los responsables, establecer el móvil y garantizar que el proceso avance con resultados verificables.
Una fiscalía con todas las líneas abiertas
La Fiscalía General de Morelos informó que mantiene abiertas todas las líneas de investigación. Hasta el momento no había dado a conocer el móvil del doble homicidio ni reportado detenciones relacionadas con el ataque. El fiscal Fernando Blumenkron Escobar aseguró que la institución trabajará con las autoridades federales y que su colaboración será absoluta.
La Fiscalía también respondió a versiones difundidas en redes sociales sobre una posible participación de los jóvenes en actividades delictivas. El funcionario sostuvo que no se pretende criminalizar a las víctimas, aunque se agotarán las hipótesis de manera oportuna y profesional. La precisión es relevante: investigar todas las circunstancias de un crimen no debe convertirse en una justificación para trasladar la responsabilidad a quienes fueron asesinados.
El reclamo municipal expone una coordinación incompleta
La instrucción federal provocó una respuesta defensiva del presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, quien afirmó que no necesita una llamada del secretario García Harfuch para cumplir con sus obligaciones. El alcalde señaló que había comenzado a actuar antes del llamado presidencial, pero reconoció que la estrategia de seguridad municipal no ha funcionado del todo.
Urióstegui admitió que la vigilancia policial es cada vez menos visible y que esa disminución es aprovechada por los delincuentes. También pidió a los elementos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano que incrementen su esfuerzo. Sus declaraciones muestran una tensión que puede obstaculizar la respuesta: mientras la Federación intenta ordenar una intervención coordinada, los gobiernos locales buscan preservar la autonomía de sus decisiones y demostrar capacidad de reacción.
Más que patrullajes, una revisión de la prevención
La presidenta señaló que los homicidios dolosos han disminuido en Cuernavaca, aunque otros delitos, como el robo, han aumentado. Esa combinación sugiere que la evaluación de la seguridad no puede depender de un solo indicador. Una baja en los asesinatos no elimina la percepción de riesgo si los habitantes observan menor presencia policial, mayor vulnerabilidad en espacios públicos o un crecimiento de delitos patrimoniales.
El caso de los estudiantes obliga a revisar las rutas de prevención antes de que ocurran las agresiones: intercambio de información entre la universidad y las autoridades, vigilancia en zonas de reunión, atención a reportes de riesgo y comunicación directa con los alumnos. La presencia federal puede contener temporalmente la presión, pero sus resultados dependerán de que se traduzca en investigaciones eficaces y en una política local capaz de sostener la protección cuando disminuya el despliegue extraordinario.
Por ahora, las preguntas centrales siguen abiertas: quién atacó a los adolescentes, por qué fueron elegidos y qué fallas permitieron que el crimen ocurriera. La respuesta institucional será medida tanto por la captura de los responsables como por la capacidad de impedir que otro grupo de estudiantes tenga que despedir a sus compañeros en las mismas condiciones.
