Andrés N. fue detenido el martes 20 de octubre en Huejotzingo, Puebla, como probable responsable del feminicidio de su pareja, María Isabel Castillo Villegas, y de la tentativa de feminicidio contra las dos hijas de ella, de ocho y 13 años. La captura ocurrió en las inmediaciones de la calle Segovia Sur, luego de que las autoridades concluyeran que la caída del automóvil en una barranca de Zacapoaxtla no correspondía, según la investigación ministerial, a un accidente vial.
El detenido quedó a disposición de un juez de Control, quien debía determinar su situación jurídica durante una audiencia. La orden de aprehensión fue ejecutada después de que la Fiscalía General del Estado de Puebla integrara indicios sobre una posible agresión previa contra María Isabel y una maniobra destinada a provocar el desbarrancamiento del vehículo con las menores todavía en el interior.
Una caída que dejó de ser considerada accidental
Los hechos ocurrieron el 26 de septiembre de 2026. Un Chevrolet Optra rojo, con placas de Puebla, salió del camino y cayó a una barranca cercana al Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla. El automóvil sufrió daños en la parte frontal y terminó en el fondo del desnivel. En el asiento del copiloto fue localizado el cuerpo de María Isabel, quien residía en el fraccionamiento Real Segovia, en Huejotzingo.
Las dos niñas sobrevivieron al impacto y fueron trasladadas a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en Zacapoaxtla para recibir atención médica. Su supervivencia permitió reconstruir parte de la dinámica del hecho, aunque la investigación deberá establecer con precisión las condiciones en que fueron llevadas hasta el lugar y la secuencia de los acontecimientos dentro del vehículo.
Uno de los indicios que modificó la primera lectura del caso fue el hallazgo de una piedra de gran tamaño colocada sobre el pedal del acelerador. La posición del objeto llevó a los peritos a considerar que el automóvil pudo haber sido impulsado deliberadamente hacia la barranca, con la finalidad de presentar el hecho como un percance vial. La Fiscalía incorporó ese elemento a la carpeta de investigación junto con los resultados forenses y el análisis de la unidad.
La necropsia abrió la investigación por feminicidio
La necropsia estableció que María Isabel murió por asfixia mecánica por estrangulamiento. Ese resultado indica que la mujer habría perdido la vida antes de que el automóvil cayera al desnivel, por lo que el fallecimiento no sería atribuible únicamente a las lesiones provocadas por el impacto. Con esa evidencia, el caso comenzó a investigarse bajo el protocolo de feminicidio y no como una muerte derivada de un accidente.
La hipótesis ministerial sostiene que Andrés N. habría privado de la vida a su pareja y después trasladado a las dos menores en el Chevrolet Optra hasta Zacapoaxtla. El vehículo habría terminado en la barranca con el cuerpo de la mujer y las niñas en su interior. De acreditarse esa secuencia, la acusación abarcaría tanto la muerte de María Isabel como un acto presuntamente dirigido contra las menores, aunque la clasificación jurídica final dependerá de las pruebas presentadas ante el órgano jurisdiccional.
El caso también muestra la importancia de distinguir entre la escena visible y la causa real de una muerte. Un automóvil destruido en el fondo de una barranca puede sugerir inicialmente un siniestro vial; sin embargo, la necropsia, el examen de los controles del vehículo y la localización de objetos dentro de la cabina pueden revelar una violencia cometida antes del impacto. En investigaciones de esta naturaleza, la reconstrucción forense resulta determinante para evitar que una agresión sea registrada como accidente.
Dos mediciones sobre la violencia feminicida en Puebla
La detención ocurre en un contexto de discrepancias entre los registros oficiales y los conteos elaborados por organizaciones civiles y medios de comunicación. De enero a septiembre de 2026, la Fiscalía General del Estado reportó nueve feminicidios en Puebla, mientras que el Gobierno estatal señaló una reducción de entre 47% y 58% frente al mismo periodo de 2025. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró siete casos entre enero y agosto, en línea con las cifras de la fiscalía local.
El Observatorio de Violencia Social y de Género de la Ibero Puebla documentó, en cambio, 44 probables feminicidios entre enero y septiembre. Conteos hemerográficos y de organizaciones independientes ubicaron la cifra en al menos 47 mujeres muertas por violencia feminicida durante 2026. Las diferencias no significan necesariamente que una sola fuente sea suficiente para describir el fenómeno: responden a criterios distintos de clasificación, al momento procesal de cada expediente y a la posibilidad de que una muerte violenta sea investigada inicialmente bajo otra figura penal.
La distancia entre ambos tipos de registro tiene efectos concretos. Las cifras oficiales reflejan los casos reconocidos dentro del sistema penal, mientras que los observatorios buscan identificar patrones de violencia de género incluso antes de que exista una determinación judicial definitiva. Por ello, la comparación exige cautela, pero también obliga a revisar cómo se clasifican las muertes violentas de mujeres y qué información se publica durante las primeras etapas de cada investigación.
El proceso judicial aún debe establecer responsabilidades
Andrés N. enfrenta cargos por feminicidio y feminicidio en grado de tentativa contra las menores de ocho y 13 años. La detención y la imputación no equivalen a una sentencia. El acusado debe ser considerado inocente mientras no exista una resolución condenatoria emitida por la autoridad judicial. Durante el proceso, la Fiscalía tendrá que demostrar la relación entre los indicios encontrados, la causa de muerte, la conducción del vehículo y la presunta intención de causar daño a las niñas.
La protección de las sobrevivientes y la preservación de las pruebas serán aspectos centrales en las siguientes etapas. Además de esclarecer lo ocurrido, las autoridades deberán garantizar que las menores reciban atención médica y psicológica adecuada, así como medidas de seguridad y acompañamiento institucional. El desarrollo de la audiencia permitirá conocer si el juez vincula al detenido a proceso y bajo qué condiciones continuará la investigación.
