Iván Cazarín Molina, identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como “El Tanque”, fue detenido durante un operativo conjunto en el que participaron fuerzas especiales del Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional. El secretario Omar García Harfuch informó que el presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) operaba en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.
La captura fue resultado de labores de inteligencia y seguimiento coordinadas por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), agentes de investigación de la SSPC y elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República. Durante la intervención, Cazarín Molina fue detenido en flagrancia. Las autoridades aseguraron un vehículo, un arma de fuego y diversas cantidades de droga.
Una operación basada en seguimiento e intercambio de información
De acuerdo con la versión oficial, la investigación permitió identificar los movimientos del sospechoso y ubicarlo antes de ejecutar la detención. La participación de varias instituciones refleja el tipo de despliegue utilizado contra objetivos considerados estratégicos dentro de organizaciones criminales: inteligencia para localizar al blanco, unidades especiales para realizar el arresto y la intervención posterior de la autoridad ministerial.
Harfuch atribuyó a “El Tanque” presuntos vínculos con homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas. También señaló que las investigaciones lo relacionan con el ataque perpetrado en 2015 contra un helicóptero del Ejército Mexicano en Jalisco, donde murieron integrantes del Ejército y de la Policía Federal. La responsabilidad penal por estos hechos deberá establecerse mediante las investigaciones y los procesos correspondientes.
El perfil que describen México y Estados Unidos
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a Cazarín Molina en septiembre de 2024, junto con otras ocho personas y 26 empresas. Washington lo ubicó como integrante fundador del CJNG y dentro del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, señalado durante años como líder de esa organización.
La sanción estadounidense también lo vinculó con una de las principales redes de robo de combustible relacionadas con el CJNG. Según el Departamento del Tesoro, esa actividad generaba decenas de millones de dólares anuales para el grupo delictivo. La acusación muestra que el expediente contra “El Tanque” no se limita a delitos territoriales, sino que incluye presuntas funciones dentro de circuitos financieros y de abastecimiento capaces de sostener la expansión criminal.
La información de Estados Unidos fue compartida con autoridades mexicanas y con la Administración para el Control de Drogas (DEA). Este intercambio resulta relevante porque las investigaciones sobre organizaciones transnacionales suelen depender de datos financieros, movimientos internacionales y redes empresariales que exceden las capacidades de una sola institución.
La presunta conexión con negocios de balasto
El nombre de “El Tanque” también apareció en una investigación periodística sobre negocios de balasto utilizados para abastecer al Tren Maya. La relación fue expuesta a partir de audios difundidos en agosto por Latinus, en los que Luis Alberto Olán presumía conocer al presunto operador del CJNG y haber utilizado ese vínculo para que el grupo dejara de extorsionar al propietario de una mina proveedora de ese material.
En otra grabación, Amílcar Olán describió a su hermano como una persona con acceso a integrantes del cártel y afirmó que “los conoce a todos”. Los hermanos Olán han sido señalados como cercanos a Andy y Bobby López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la difusión de los audios y las afirmaciones contenidas en ellos constituyen elementos de una investigación periodística, no una determinación judicial sobre la responsabilidad de las personas mencionadas.
La relevancia de esta línea radica en la posible convergencia entre economías legales y estructuras criminales. Si una red delictiva puede intervenir en la protección, suministro o presión sobre empresas proveedoras de infraestructura, su influencia deja de concentrarse en el tráfico de drogas y alcanza sectores productivos, contratos y cadenas de suministro. Esa hipótesis deberá ser acreditada por las autoridades mediante pruebas verificables.
El siguiente paso será definir su situación jurídica
El detenido será puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, que deberá determinar su situación jurídica conforme a derecho. La presentación ante el Ministerio Público abre una etapa distinta a la captura: tendrán que integrarse los datos de prueba, establecerse los delitos imputables y garantizarse el control judicial de las medidas que solicite la Fiscalía.
La detención puede afectar temporalmente las operaciones del CJNG en los estados donde “El Tanque” habría ejercido funciones de coordinación. No obstante, el impacto real dependerá de si las autoridades logran identificar su estructura de subordinados, sus fuentes de financiamiento y los mecanismos de sustitución dentro de la organización. La captura de un operador regional puede interrumpir actividades, pero no desmantela por sí sola una red con presencia territorial y capacidad para redistribuir funciones.
Al anunciar el operativo, Harfuch reconoció el trabajo de las fuerzas especiales del Ejército, del Grupo de Operaciones de la SSPC, de los agentes de investigación, de la AIC y del personal del CNI. También agradeció la colaboración de los gobiernos de Veracruz y Jalisco. El resultado coloca nuevamente en el centro la disputa contra las organizaciones que combinan violencia, extorsión, robo de combustible y control de negocios, mientras el proceso judicial deberá determinar qué acusaciones pueden sostenerse ante los tribunales.
