Una redada policial en las afueras del parque recreativo El Rodeo, en Camagüey, terminó este sábado con una estampida de jóvenes motoristas y denuncias de golpes, daños a motocicletas y teléfonos retenidos. Testigos atribuyeron la intervención a agentes de la Brigada Especial del Ministerio del Interior, conocidos como boinas negras, y describieron un uso desproporcionado de la fuerza. Los relatos circularon en redes sociales; no se informó de una versión oficial de las autoridades.
Una intervención que, según testigos, se volvió violenta
Quienes estuvieron allí aseguran que varias patrullas y motocicletas policiales acorralaron a los asistentes para dispersarlos. Afirman que los agentes golpearon a jóvenes, incluidas mujeres y menores, con botas y tonfas, y que dañaron vehículos y lanzaron piedras contra quienes intentaban huir. Un testimonio sostiene que cuatro integrantes de las fuerzas especiales golpearon a un joven cuando ya estaba en el suelo.
Los denunciantes también dicen que algunos teléfonos fueron confiscados para impedir que se grabara la operación. Una asistente relató haber visto a una joven golpeada y a un oficial condicionar su traslado al hospital a que tuviera «papeles en regla y licencia». Son acusaciones difundidas por testigos, no hechos confirmados de forma independiente, pero su coincidencia en torno a la violencia y la retención de dispositivos plantea preguntas sobre la actuación policial y la posibilidad de documentarla.
El Rodeo, entre circuito autorizado y conflicto vecinal
Integrantes de la comunidad de motoristas afirman que se reúnen allí cada sábado desde hace al menos dos años. Según sus testimonios, un vehículo tipo gacela llevó a los agentes hasta el lugar, donde descendieron «repartiendo golpes». Una joven dijo que ya habían intentado tramitar quejas por el acoso de las autoridades y cuestionó que se permita la actividad en un espacio que, según los participantes, fue habilitado para ese fin.
La situación legal no es sencilla. El Código de Seguridad Vial prohíbe las competencias de velocidad en vías públicas, mientras que los asistentes sostienen que las carreras del Rodeo ocurrían en un circuito cerrado dentro de una instalación estatal. Esa diferencia importa: el lugar puede reducir el riesgo para el tráfico, pero no resuelve por sí sola si la actividad cuenta con autorización formal, qué reglas la rigen ni cómo deben intervenir las autoridades.
La disputa no termina en la entrada del parque
Las concentraciones de aficionados a las carreras de motos también se han reportado en otras provincias, entre ellas Matanzas, Sancti Spíritus y Santa Clara. En Camagüey, algunos vecinos denuncian ruido, música y carreras que, según ellos, no siempre quedan dentro del recinto. Otros dicen temer por la velocidad de los motoristas en las calles. Sus reclamos muestran que el debate no enfrenta únicamente a jóvenes y Policía: también incluye a residentes que piden descanso y seguridad.
Algunos vecinos relacionaron sus críticas con la muerte de la doctora jubilada Carmen Proenza Rodríguez, en septiembre. Viajaba como pasajera en una bicimoto cuando una motocicleta Honda roja, según los testimonios, intentó adelantarla y la golpeó por detrás; el conductor habría huido y ella murió tras tres días hospitalizada. No hay información que vincule al motorista con las carreras del Rodeo, por lo que el accidente no demuestra una relación directa. Sí explica por qué la preocupación por la velocidad encuentra eco en el vecindario.
La tensión de fondo exige distinguir dos problemas que pueden coexistir: el riesgo de carreras fuera de un espacio controlado y el deber de que cualquier intervención policial sea proporcional y verificable. Aclarar quién autorizó el circuito, qué normas se aplicaban y qué ocurrió durante la redada permitiría salir de una disputa basada en testimonios enfrentados. Sin esa información, la actividad seguirá bajo sospecha para los vecinos y la actuación policial, bajo cuestionamiento para los motoristas.
