Allende, Nuevo León, enfrenta una creciente disputa política alrededor de la administración del alcalde panista Eduardo “Lalo” Leal Buenfil. Comerciantes y empresas de autotransporte de carga federal asentadas en el municipio denuncian multas que consideran desproporcionadas, clausuras injustificadas y cobros mensuales por la recolección de basura. Las acusaciones, difundidas por Grupo DETONA, colocan bajo presión al gobierno municipal y podrían influir en la definición de candidaturas para las elecciones de 2027.
Un municipio pequeño con peso económico
Ubicado aproximadamente a 55 kilómetros al sur de Monterrey, Allende tiene una relevancia que excede su tamaño por la presencia de industrias, restaurantes y compañías de transporte que mantienen allí sus bases de operación. Esa actividad convierte al municipio en un punto estratégico para Nuevo León, pero también amplía el impacto de cualquier conflicto entre el gobierno local y el sector privado.
El escenario político actual se originó en las elecciones de 2025, cuando el PAN obtuvo la alcaldía sin una alianza con el PRI. Leal Buenfil consiguió 9,065 votos, mientras Margarita Cavazos Lozano, de la coalición PRI-PRD, alcanzó 6,137 sufragios. La diferencia fue de 2,928 votos, un margen suficiente para ganar, pero estrecho frente al universo electoral y vulnerable a cambios en la participación y en las alianzas partidistas.
Los cobros y sanciones que provocaron el conflicto
Entre las principales quejas se encuentra el caso de un restaurante al que, según los denunciantes, se le impuso una multa de 290,000 pesos. También se señala que algunos negocios reciben solicitudes de hasta 4,000 pesos mensuales por la recolección de residuos, un servicio que los comerciantes consideran responsabilidad municipal y que, de acuerdo con sus testimonios, debería prestarse sin cuotas adicionales.
Los propietarios afirman que los establecimientos que se niegan a pagar pueden enfrentar la suspensión del servicio, lo que provoca acumulación de basura y afecta tanto la operación de los negocios como la imagen urbana. Un trabajador citado en la denuncia comparó estas exigencias con el cobro de piso del crimen organizado. La expresión refleja la gravedad percibida por los comerciantes, aunque las acusaciones requieren investigaciones formales y respuestas documentadas de las autoridades competentes.
Otra fuente de tensión son los operativos del área de Alcoholes. Restaurantes y otros establecimientos sostienen que inspectores han iniciado procedimientos por supuestos permisos desactualizados o irregularidades menores, incluso cuando los propietarios aseguran tener su documentación en regla. Para el sector empresarial, la combinación de multas, clausuras y cobros crea un entorno de incertidumbre que puede desalentar inversiones y elevar los costos de operación.
Presupuesto estatal y presión sobre los municipios
La controversia se desarrolla mientras el presupuesto estatal de 2026 permanece entrampado por el conflicto entre el Congreso de Nuevo León y el gobernador Samuel García. De acuerdo con la información difundida, esa parálisis obliga a Allende y a otros municipios a depender en mayor medida de sus ingresos propios. Esa presión financiera puede explicar la búsqueda de nuevas fuentes de recaudación, pero no justifica por sí misma cobros sin fundamento legal ni sanciones que no respeten el debido proceso.
La falta de claridad presupuestaria también aumenta el riesgo político. Cuando un ayuntamiento vincula la prestación de servicios básicos con pagos extraordinarios o utiliza inspecciones como mecanismo recaudatorio, la discusión deja de ser únicamente administrativa y se convierte en un problema de confianza pública. La transparencia de las multas, los criterios de inspección y el destino de los recursos será determinante para establecer si se trata de una política recaudatoria formal o de prácticas abusivas, como sostienen los denunciantes.
La disputa por las candidaturas
El desgaste del gobierno municipal abre espacio para aspirantes de distintas fuerzas. La exalcaldesa Patricia Salazar Marroquín aparece nuevamente en la conversación política local, después de haber gobernado Allende entre 2018 y 2024 bajo las siglas del PRI y posteriormente de Movimiento Ciudadano. También se menciona a Archibaldo Alberto Rullán Parás, exfuncionario estatal durante el gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz.
Ambos perfiles buscan, según la publicación, ser considerados por Dante Delgado Rannauro para la candidatura de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, su eventual regreso enfrenta un problema común: la memoria de sus anteriores responsabilidades públicas. Las críticas contra Salazar se concentran en presuntos despidos injustificados y malos tratos a trabajadores municipales; en el caso de Rullán, sus detractores cuestionan su vínculo con gobiernos anteriores y su residencia habitual fuera de Allende. Ninguna de estas acusaciones sustituye una resolución oficial, pero sí muestra el costo político que puede tener la selección de candidatos con antecedentes controvertidos.
El reto para los partidos
El PAN deberá defender la gestión de Leal Buenfil en un municipio donde, según la información publicada, su militancia habría disminuido durante los primeros dos años de gobierno. Al mismo tiempo, Movimiento Ciudadano y el PRI tendrán que demostrar que cuentan con una alternativa creíble y no únicamente con figuras que ya ocuparon cargos públicos. La elección de 2027 podría definirse menos por la etiqueta partidista que por la capacidad de cada fuerza para responder a las denuncias, presentar pruebas y ofrecer garantías a comerciantes, trabajadores y habitantes.
La prioridad inmediata es que el ayuntamiento publique los fundamentos de las sanciones, los contratos y tarifas relacionados con la recolección de basura, así como los protocolos aplicados por los inspectores de Alcoholes. También resulta indispensable que los comerciantes presenten sus quejas ante las instancias de control y procuración de justicia correspondientes. Sin información verificable y sin una respuesta oficial detallada, el conflicto seguirá alimentando la percepción de que la administración municipal utiliza sus facultades para presionar a quienes se niegan a pagar.
