El segundo gobierno de Michelle Bachelet, entre 2014 y 2018, ocupa un lugar decisivo en la evolución reciente de Chile. Su importancia no reside únicamente en las leyes aprobadas ni en los resultados económicos de aquel período, sino en el cambio de horizonte político que ayudó a consolidar. Después de dos décadas en las que la Concertación había combinado crecimiento, apertura comercial, disciplina fiscal y políticas sociales focalizadas, la Nueva Mayoría llegó al poder con la convicción de que ese marco ya no podía resolver las desigualdades acumuladas.
La tesis central del nuevo ciclo era que los problemas de Chile no constituían fallas corregibles dentro del modelo, sino expresiones de una estructura que debía ser transformada. Esa diferencia parecía semántica, pero tuvo consecuencias profundas. Reformar supone modificar instituciones conservando sus equilibrios básicos; transformar implica alterar la distribución de poder, recursos y responsabilidades; refundar, finalmente, supone considerar insuficiente el orden jurídico existente y reemplazar sus fundamentos. El segundo gobierno de Bachelet no llegó a la última etapa, pero contribuyó a desplazar el debate hacia ella.
El agotamiento de un consenso que había producido resultados
La Concertación no gobernó un país sin conflictos. Persistieron la desigualdad, la segregación territorial, las diferencias en la calidad de la educación y un sistema de pensiones sometido a críticas crecientes. Sin embargo, entre 1990 y 2010 Chile redujo de manera extraordinaria la pobreza, amplió el acceso a la educación superior, mejoró sus infraestructuras y consolidó una democracia estable. El ingreso de amplios sectores a las clases medias creó, al mismo tiempo, nuevas expectativas y una mayor sensibilidad frente a cualquier trato desigual.
Las movilizaciones estudiantiles de 2011 expresaron esa paradoja. Una sociedad más próspera y educada dejó de aceptar como inevitables los costos del acceso a oportunidades básicas. El endeudamiento familiar, el lucro en la educación subvencionada y la desigualdad entre establecimientos privados y públicos se convirtieron en símbolos de una crítica más amplia. El reclamo ya no pedía únicamente mejores políticas públicas; cuestionaba la legitimidad de los criterios con los que se habían organizado.
Bachelet interpretó ese malestar y lo incorporó a su programa presidencial de 2013. La reforma tributaria debía recaudar recursos para financiar cambios educacionales; la reforma educativa debía reducir la dependencia de la capacidad de pago de las familias; y el proceso constitucional debía ofrecer un nuevo marco de legitimidad. La incorporación del Partido Comunista a la Nueva Mayoría confirmó que la coalición gobernante ya no era una reedición de la Concertación. En su interior convivían la Democracia Cristiana, la izquierda socialdemócrata, sectores progresistas y una fuerza con una tradición política más crítica del orden liberal posterior a 1990.
Las reformas como cambio de arquitectura
La educación fue el principal campo de experimentación. La eliminación progresiva del copago, las restricciones al lucro en establecimientos subvencionados, las nuevas normas de admisión y el proyecto de desmunicipalización no fueron medidas aisladas. En conjunto, trasladaron parte del control del sistema desde las familias, los sostenedores y los municipios hacia el Estado central. El argumento era que la libertad de elección no podía justificar una segmentación que reproducía el origen social de los estudiantes.
El problema consistía en que la expansión de derechos requería capacidades administrativas y financieras todavía desiguales. La creación de nuevos servicios locales de educación mostró años después que cambiar la dependencia institucional no garantiza automáticamente una mejor gestión. La calidad docente, la asistencia, la infraestructura y la dirección de los establecimientos siguen dependiendo de factores que una ley general no puede corregir por sí sola. El caso educativo dejó una lección aplicable a otras áreas: la ampliación de responsabilidades estatales debe acompañarse de instituciones capaces de ejecutarlas y evaluarlas.
La reforma tributaria pretendía financiar ese nuevo contrato social, pero su complejidad generó incertidumbre en empresas y contribuyentes y obligó a una modificación legislativa en 2016. Sería simplista atribuirle todo el debilitamiento económico de esos años, porque también influyeron la caída del precio del cobre y el menor dinamismo internacional. No obstante, el episodio evidenció una tensión permanente: un Estado más ambicioso necesita más ingresos, pero esos ingresos dependen de una economía capaz de invertir, producir y generar empleo.
La política social tampoco puede separarse de esa restricción. En salud, la Ley Ricarte Soto representó un avance relevante al financiar tratamientos de alto costo para enfermedades graves. La inversión hospitalaria respondió a déficits largamente postergados. Pero las listas de espera y la presión sobre los servicios públicos demostraron que reconocer una prestación como derecho no crea por sí mismo médicos, camas, medicamentos ni capacidad de gestión. La distancia entre el derecho declarado y el servicio efectivamente disponible pasó a ser uno de los problemas centrales del nuevo paradigma.
El desplazamiento de los límites culturales y jurídicos
El cambio no se limitó a la economía o a los servicios públicos. El Acuerdo de Unión Civil y la ley de interrupción del embarazo en tres causales modificaron la forma en que el Estado definía las relaciones familiares, la autonomía individual y la protección de la vida. Sus defensores las presentaron como respuestas a situaciones concretas y dramáticas; sus críticos advirtieron que introducían una nueva concepción sobre los límites de la decisión personal y el papel de la legislación en materias antropológicas.
Más allá de la posición que se adopte sobre esas normas, su relevancia política es evidente. El Estado dejó de actuar únicamente como garante de instituciones heredadas y comenzó a intervenir de manera más directa en debates sobre identidad, familia y dignidad. Esa evolución modificó el lenguaje de la deliberación pública: cuestiones antes tratadas en ámbitos religiosos, comunitarios o privados pasaron a resolverse mediante derechos, procedimientos y decisiones judiciales. La consecuencia fue una mayor protección para grupos históricamente postergados, pero también una disputa más intensa sobre quién puede definir bienes considerados anteriores a la voluntad política.
En este punto, la experiencia chilena comparte una tendencia internacional. La igualdad jurídica se ha ampliado, pero su expansión ha generado desacuerdos sobre si toda diferencia social debe entenderse como discriminación estructural y si toda elección individual merece reconocimiento institucional. Cuando el debate abandona la búsqueda de equilibrios y convierte al adversario en una amenaza moral, la política pierde capacidad de negociación. Esa polarización sería visible durante el proceso constitucional posterior.
De la propuesta constitucional al ciclo refundacional
Bachelet organizó consultas ciudadanas, encuentros locales y cabildos para preparar una nueva Constitución. En marzo de 2018 presentó una propuesta al Congreso. El texto no pretendía destruir la institucionalidad ni interrumpir la alternancia democrática, pero sí instaló una premisa con efectos duraderos: la Constitución vigente no debía ser simplemente reformada, sino reemplazada por un pacto de origen distinto.
La propuesta no prosperó porque la Nueva Mayoría terminó dividida y el cambio de gobierno interrumpió el proceso. Para la antigua Concertación, el programa había debilitado consensos que habían permitido gobernabilidad y crecimiento. Para la izquierda surgida de las movilizaciones de 2011, las reformas habían sido demasiado moderadas y lentas. Esa doble crítica dejó espacio para el Frente Amplio, que convirtió el rechazo al modelo en el núcleo de su identidad política.
El estallido de octubre de 2019 tuvo causas múltiples: el aumento del precio del transporte fue el detonante, pero se acumulaban malestar por las pensiones, el costo de la salud, la inseguridad económica y la percepción de abusos. No puede atribuirse directamente a Bachelet, pero el vocabulario utilizado durante su gobierno ya había preparado parte del terreno: agotamiento del modelo, desigualdad estructural y necesidad de una nueva Constitución. Las protestas transformaron esas ideas en una demanda política masiva.
La Convención Constitucional elegida en 2021 llevó esa lógica mucho más lejos. La propuesta rechazada en 2022 incorporó la plurinacionalidad, sistemas jurídicos indígenas, una reorganización territorial amplia y una concepción expansiva de los derechos sociales y de las identidades colectivas. El resultado mostró que una crítica legítima a la desigualdad puede desembocar en un proyecto de reordenamiento completo del Estado cuando no existen acuerdos sobre sus límites, costos y mecanismos de control.
Gabriel Boric llegó a La Moneda durante ese proceso como representante de la generación política formada en las movilizaciones estudiantiles. No controló la Convención, pero su trayectoria confirmó la continuidad entre aquella protesta, la crítica a los consensos de la transición y la búsqueda de un nuevo pacto constitucional. El posterior rechazo ciudadano a la propuesta mostró, sin embargo, que la sociedad chilena quería cambios, aunque no necesariamente aceptaba una transformación integral de las reglas de convivencia.
La herencia que permanece abierta
La principal herencia del segundo gobierno de Bachelet es haber convertido la transformación estructural en el lenguaje oficial del Estado. Ese giro tuvo efectos positivos: obligó a discutir desigualdades que durante años fueron normalizadas, amplió derechos y puso en el centro la calidad de los servicios públicos. También produjo riesgos visibles: expectativas difíciles de financiar, reformas institucionales de ejecución compleja y una progresiva desconfianza hacia los acuerdos que habían sostenido la transición.
El desafío chileno consiste ahora en separar la corrección de injusticias de la promesa de reconstruir la sociedad desde cero. La experiencia de la educación, la salud y el proceso constitucional muestra que los derechos necesitan recursos, administración competente y reglas previsibles. También exige reconocer que la vida social no es una materia completamente disponible para el poder político: las familias, las comunidades, la libertad personal y la actividad económica poseen dinámicas que ninguna mayoría puede ordenar sin límites.
Bachelet no dirigió un proyecto refundacional. Respetó las elecciones, la institucionalidad y la alternancia democrática. Pero su gobierno desplazó el centro de gravedad de la política chilena: de la mejora gradual de un sistema que había funcionado razonablemente bien hacia la convicción de que sus bases debían ser reemplazadas. La discusión actual sobre el futuro del país sigue marcada por esa decisión. El verdadero balance de aquel período no se mide solo por sus leyes, sino por haber abierto una puerta que las generaciones posteriores intentaron atravesar con una radicalidad que la propia coalición gobernante no pudo controlar.
