Costa Rica inaugura una megacárcel mientras persiste la presión del narcotráficoLa presidenta Laura Fernández inauguró el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una prisión con capacidad para 5.100 personas que busca aislar a los delincuentes considerados más peligrosos. La decisión coloca en el centro de la política de seguridad costarricense una estrategia de control penitenciario inspirada en el modelo aplicado por Nayib Bukele en El Salvador. Su eficacia, sin embargo, dependerá de algo más que el tamaño del establecimiento: de la capacidad de reducir la violencia fuera de sus muros y debilitar las redes que la sostienen.Una cárcel de gran escala en un país bajo presiónLa apertura del CACCO llega después de años de deterioro de los indicadores de seguridad. Costa Rica registró más de 900 homicidios en 2023, entonces su máximo histórico, con una tasa de 17,2 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Los niveles se mantuvieron similares en 2024 y 2025; este último año cerró con 873 homicidios. Las cifras describen una presión persistente, vinculada en el relato oficial al avance del narcotráfico y a la expansión de sus rutas.El nuevo centro pretende apartar de la vida cotidiana a quienes las autoridades consideran de mayor peligrosidad y reforzar el control estatal sobre ellos. En términos operativos, concentrar a internos de alto riesgo puede facilitar la vigilancia y limitar su capacidad de seguir dirigiendo actividades desde prisión, siempre que existan controles eficaces, personal suficiente y reglas que se cumplan de manera sostenida. La capacidad anunciada, por sí sola, no demuestra que esos objetivos se vayan a alcanzar.El espejo salvadoreño y sus límitesLa referencia a Bukele plantea una pregunta que va más allá de la arquitectura penitenciaria: cuánto puede resolver una política centrada en el encarcelamiento masivo. La experiencia salvadoreña alimenta el debate regional sobre seguridad, garantías y las consecuencias de concentrar la respuesta pública en la detención. La noticia sobre Costa Rica no aporta datos que permitan atribuir a una prisión concreta una reducción de homicidios ni establecer qué resultados produciría trasladar ese enfoque a otro país.La comparación tampoco debe reducirse a una elección entre firmeza y ausencia de acción. El aislamiento de personas peligrosas puede ser una herramienta dentro de una política más amplia, pero no sustituye la investigación de los homicidios, la identificación de mandos y financistas ni el desmantelamiento de las rutas criminales. Si las organizaciones conservan sus recursos, reemplazan rápidamente a sus integrantes o continúan disputando mercados, una cárcel puede contener a algunos actores sin modificar las condiciones que alimentan la violencia.La prueba está fuera de los murosEl desafío costarricense será medir el impacto con indicadores que vayan más allá del número de plazas disponibles o de los traslados efectuados. La evolución de los homicidios, la capacidad de las redes para coordinar delitos desde prisión y los avances en la investigación de sus estructuras permitirían valorar si el CACCO contribuye a una mejora real. También importará que el control penitenciario sea sostenible: un centro de gran escala exige recursos, supervisión y mecanismos para prevenir abusos y conservar la legalidad de las actuaciones.En el debate de France 24 participaron Karen Jiménez Morales, presidenta del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica y directora del programa de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia, y Robert Bacon, analista de inteligencia criminal y financiamiento ilícito, exmilitar con experiencia en la DEA. Sus perfiles apuntan a dos dimensiones complementarias del problema: la gestión de la seguridad y el seguimiento de las redes y recursos criminales. La inauguración del CACCO marca una apuesta política visible; su balance dependerá de si esa capacidad penitenciaria se articula con acciones que reduzcan la violencia y debiliten el poder del narcotráfico.

Costa Rica inaugura una megacárcel mientras persiste la presión del narcotráfico

La presidenta Laura Fernández inauguró el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una prisión con capacidad para 5.100 personas que busca aislar a los delincuentes considerados más peligrosos. La decisión coloca en el centro de la política de seguridad costarricense una estrategia de control penitenciario inspirada en el modelo aplicado por Nayib Bukele en El Salvador. Su eficacia, sin embargo, dependerá de algo más que el tamaño del establecimiento: de la capacidad de reducir la violencia fuera de sus muros y debilitar las redes que la sostienen.

Una cárcel de gran escala en un país bajo presión

La apertura del CACCO llega después de años de deterioro de los indicadores de seguridad. Costa Rica registró más de 900 homicidios en 2023, entonces su máximo histórico, con una tasa de 17,2 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Los niveles se mantuvieron similares en 2024 y 2025; este último año cerró con 873 homicidios. Las cifras describen una presión persistente, vinculada en el relato oficial al avance del narcotráfico y a la expansión de sus rutas.

El nuevo centro pretende apartar de la vida cotidiana a quienes las autoridades consideran de mayor peligrosidad y reforzar el control estatal sobre ellos. En términos operativos, concentrar a internos de alto riesgo puede facilitar la vigilancia y limitar su capacidad de seguir dirigiendo actividades desde prisión, siempre que existan controles eficaces, personal suficiente y reglas que se cumplan de manera sostenida. La capacidad anunciada, por sí sola, no demuestra que esos objetivos se vayan a alcanzar.

Costa Rica inaugura una megacárcel mientras persiste la presión del narcotráficoLa presidenta Laura Fernández inauguró el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una prisión con capacidad para 5.100 personas que busca aislar a los delincuentes considerados más peligrosos. La decisión coloca en el centro de la política de seguridad costarricense una estrategia de control penitenciario inspirada en el modelo aplicado por Nayib Bukele en El Salvador. Su eficacia, sin embargo, dependerá de algo más que el tamaño del establecimiento: de la capacidad de reducir la violencia fuera de sus muros y debilitar las redes que la sostienen.Una cárcel de gran escala en un país bajo presiónLa apertura del CACCO llega después de años de deterioro de los indicadores de seguridad. Costa Rica registró más de 900 homicidios en 2023, entonces su máximo histórico, con una tasa de 17,2 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Los niveles se mantuvieron similares en 2024 y 2025; este último año cerró con 873 homicidios. Las cifras describen una presión persistente, vinculada en el relato oficial al avance del narcotráfico y a la expansión de sus rutas.El nuevo centro pretende apartar de la vida cotidiana a quienes las autoridades consideran de mayor peligrosidad y reforzar el control estatal sobre ellos. En términos operativos, concentrar a internos de alto riesgo puede facilitar la vigilancia y limitar su capacidad de seguir dirigiendo actividades desde prisión, siempre que existan controles eficaces, personal suficiente y reglas que se cumplan de manera sostenida. La capacidad anunciada, por sí sola, no demuestra que esos objetivos se vayan a alcanzar.El espejo salvadoreño y sus límitesLa referencia a Bukele plantea una pregunta que va más allá de la arquitectura penitenciaria: cuánto puede resolver una política centrada en el encarcelamiento masivo. La experiencia salvadoreña alimenta el debate regional sobre seguridad, garantías y las consecuencias de concentrar la respuesta pública en la detención. La noticia sobre Costa Rica no aporta datos que permitan atribuir a una prisión concreta una reducción de homicidios ni establecer qué resultados produciría trasladar ese enfoque a otro país.La comparación tampoco debe reducirse a una elección entre firmeza y ausencia de acción. El aislamiento de personas peligrosas puede ser una herramienta dentro de una política más amplia, pero no sustituye la investigación de los homicidios, la identificación de mandos y financistas ni el desmantelamiento de las rutas criminales. Si las organizaciones conservan sus recursos, reemplazan rápidamente a sus integrantes o continúan disputando mercados, una cárcel puede contener a algunos actores sin modificar las condiciones que alimentan la violencia.La prueba está fuera de los murosEl desafío costarricense será medir el impacto con indicadores que vayan más allá del número de plazas disponibles o de los traslados efectuados. La evolución de los homicidios, la capacidad de las redes para coordinar delitos desde prisión y los avances en la investigación de sus estructuras permitirían valorar si el CACCO contribuye a una mejora real. También importará que el control penitenciario sea sostenible: un centro de gran escala exige recursos, supervisión y mecanismos para prevenir abusos y conservar la legalidad de las actuaciones.En el debate de France 24 participaron Karen Jiménez Morales, presidenta del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica y directora del programa de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia, y Robert Bacon, analista de inteligencia criminal y financiamiento ilícito, exmilitar con experiencia en la DEA. Sus perfiles apuntan a dos dimensiones complementarias del problema: la gestión de la seguridad y el seguimiento de las redes y recursos criminales. La inauguración del CACCO marca una apuesta política visible; su balance dependerá de si esa capacidad penitenciaria se articula con acciones que reduzcan la violencia y debiliten el poder del narcotráfico.

El espejo salvadoreño y sus límites

La referencia a Bukele plantea una pregunta que va más allá de la arquitectura penitenciaria: cuánto puede resolver una política centrada en el encarcelamiento masivo. La experiencia salvadoreña alimenta el debate regional sobre seguridad, garantías y las consecuencias de concentrar la respuesta pública en la detención. La noticia sobre Costa Rica no aporta datos que permitan atribuir a una prisión concreta una reducción de homicidios ni establecer qué resultados produciría trasladar ese enfoque a otro país.

La comparación tampoco debe reducirse a una elección entre firmeza y ausencia de acción. El aislamiento de personas peligrosas puede ser una herramienta dentro de una política más amplia, pero no sustituye la investigación de los homicidios, la identificación de mandos y financistas ni el desmantelamiento de las rutas criminales. Si las organizaciones conservan sus recursos, reemplazan rápidamente a sus integrantes o continúan disputando mercados, una cárcel puede contener a algunos actores sin modificar las condiciones que alimentan la violencia.

La prueba está fuera de los muros

El desafío costarricense será medir el impacto con indicadores que vayan más allá del número de plazas disponibles o de los traslados efectuados. La evolución de los homicidios, la capacidad de las redes para coordinar delitos desde prisión y los avances en la investigación de sus estructuras permitirían valorar si el CACCO contribuye a una mejora real. También importará que el control penitenciario sea sostenible: un centro de gran escala exige recursos, supervisión y mecanismos para prevenir abusos y conservar la legalidad de las actuaciones.

En el debate de France 24 participaron Karen Jiménez Morales, presidenta del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica y directora del programa de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia, y Robert Bacon, analista de inteligencia criminal y financiamiento ilícito, exmilitar con experiencia en la DEA. Sus perfiles apuntan a dos dimensiones complementarias del problema: la gestión de la seguridad y el seguimiento de las redes y recursos criminales. La inauguración del CACCO marca una apuesta política visible; su balance dependerá de si esa capacidad penitenciaria se articula con acciones que reduzcan la violencia y debiliten el poder del narcotráfico.