Costa Rica inaugurará una prisión de máxima seguridad con capacidad para más de 5.000 personas, un proyecto que acerca al país a la estrategia penitenciaria promovida por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. La instalación, defendida por la presidenta costarricense, Laura Fernández, pone en primer plano una pregunta de alcance regional: hasta dónde puede endurecerse el régimen carcelario en nombre de la seguridad.
Una rutina diseñada para el control
El centro tendrá celdas con rejas y camas de hormigón. Sus internos podrán salir al aire libre durante una hora diaria. La austeridad no es un detalle secundario del diseño: forma parte de un modelo que prioriza el control estricto de la población penitenciaria y reduce el tiempo y las condiciones de convivencia fuera de las celdas.
La capacidad prevista convierte a la prisión en una pieza de gran escala dentro de la respuesta costarricense. Sin embargo, el tamaño de una instalación no permite medir por sí solo su eficacia: para valorar sus resultados también importarán la gestión cotidiana, las condiciones de reclusión y la capacidad del sistema para mantener la seguridad sin vulnerar derechos.
La referencia salvadoreña y sus controversias
La inspiración declarada remite al enfoque de alta seguridad de Bukele, asociado a un endurecimiento de las políticas penitenciarias. Ese modelo ha recibido críticas de organizaciones no gubernamentales, que denuncian presuntas violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias y cientos de muertes bajo custodia en El Salvador. Son denuncias que sitúan la expansión de la seguridad carcelaria en una discusión más amplia que la disciplina dentro de los centros.
La experiencia salvadoreña no determina automáticamente el funcionamiento de la nueva prisión costarricense. Sí ofrece, no obstante, un precedente que hace relevante observar qué garantías acompañarán el proyecto y cómo se supervisará el trato a las personas privadas de libertad. La dureza de las condiciones, por sí sola, no demuestra que una política reduzca la violencia o mejore la seguridad pública.
La medida real estará fuera de los muros
El reto para Costa Rica será convertir la capacidad de custodia en resultados verificables sin dejar que la excepcionalidad se vuelva norma. Eso exige distinguir entre impedir fugas y abusos, objetivos propios de un centro de máxima seguridad, y restringir derechos más allá de lo que esos fines justifiquen. La hora diaria al aire libre concentra esa tensión: es una regla concreta cuya aplicación y efectos tendrán que poder evaluarse.
La construcción, por tanto, no solo representa una apuesta arquitectónica, sino una decisión sobre cómo equilibrar seguridad y garantías. Su impacto dependerá menos de la semejanza visual con otros complejos que de las reglas que rijan su operación, la rendición de cuentas y la evidencia de que el régimen contribuye a una política de seguridad efectiva y compatible con los derechos humanos.
