Dos cartas atribuidas al ex gran maestro masón Mayker Filema Duarte y al antiguo gran secretario Juliannis Galano Gómez han colocado otra vez a la masonería cubana ante una crisis de credibilidad. Los documentos, publicados por CubaNet, aparentan ofrecer colaboración a la Seguridad del Estado y comprometen archivos con información sobre miembros, antiguos afiliados y familiares. Pero la controversia no se reduce a lo que dicen las misivas: también depende de si son auténticas, de quién las filtró y de qué intereses puede favorecer su difusión.
Un ofrecimiento demasiado explícito para no generar sospechas
Las cartas están fechadas el 15 y el 20 de agosto de 2025 y supuestamente fueron dirigidas al mayor René Aranguren Menéndez, identificado como oficial de la Seguridad del Estado. La primera responde a preguntas sobre Juan Alberto Kessel Linares y Víctor Bravo Cabañas, dos masones enfrentados con Filema durante la crisis institucional que sacudió a la organización. La segunda es más grave: los supuestos autores expresan su disposición a entregar información conservada en los archivos masónicos, incluso datos de personas que ya no pertenecen a la fraternidad y referencias familiares.
Ese contenido explica la indignación, pero también alimenta las dudas. Una colaboración clandestina con la policía política difícilmente necesitaría membretes oficiales, sellos y firmas institucionales. La utilización de esos elementos convertiría un eventual contacto reservado en una comunicación atribuible a la Gran Logia de Cuba y expondría a sus autores a un daño reputacional evidente. La pregunta central, por tanto, no es solo qué información se habría ofrecido, sino por qué alguien habría dejado una huella documental tan comprometedora.
Filema negó categóricamente las acusaciones y aseguró a CubaNet que las cartas fueron falsificadas y manipuladas. Galano, contactado por el mismo medio, no respondió sobre su contenido. Hasta ahora tampoco se ha demostrado que alguna lista de masones o expediente personal haya llegado efectivamente a manos de la Seguridad del Estado. La existencia de un texto con apariencia oficial no prueba por sí sola ni su autoría ni la ejecución de lo que allí se propone.
Los hechos conocidos respaldan el contexto, no la autenticidad
Uno de los argumentos a favor de las cartas es que contienen referencias precisas a la disputa interna de 2025. Mencionan decretos promulgados durante la administración de Filema, los enfrentamientos ocurridos en julio, la protesta de más de un centenar de masones en la sede de la Gran Logia de La Habana y una denuncia presentada por Miriam Martha García Mariño, directora de Asociaciones del Ministerio de Justicia, contra Kessel. También aluden a los esfuerzos para mantener apartados a José Ramón Viñas Alonso y Ángel Santiesteban Prats, dirigentes que han denunciado presiones oficiales.
Sin embargo, esos datos ya habían sido divulgados por la prensa independiente y circulaban dentro de la propia fraternidad. Su inclusión demuestra que quien redactó los documentos conocía la historia reciente de la institución, pero no permite identificar a los firmantes. La verosimilitud narrativa puede construirse con información pública, del mismo modo que una firma auténtica puede ser incorporada digitalmente a un documento falso. La prueba decisiva tendría que proceder de la cadena de custodia de los originales, de peritajes documentales o de testimonios independientes capaces de establecer cuándo y dónde fueron producidos.
El antecedente de Collera vuelve más sensible la denuncia
La sospecha de infiltración no aparece en un vacío histórico. En marzo de 2011, la televisión estatal reveló que José Manuel Collera Vento, gran maestro entre 2000 y 2003 y gran secretario hasta 2006, había colaborado durante décadas con la Seguridad del Estado bajo los seudónimos de Duarte y Gerardo. Collera había sido expulsado meses antes por infracciones de la legislación masónica que, según la institución, no estaban relacionadas con su actividad como agente. Después de la revelación, la Gran Logia se desvinculó públicamente de sus actuaciones, incluidas las realizadas durante su mandato.
Ese precedente hace que la posibilidad de una penetración policial resulte creíble para muchos masones, pero no convierte automáticamente las nuevas cartas en pruebas. La memoria de aquel caso puede funcionar en dos direcciones: como razón para exigir una investigación rigurosa sobre la protección de los archivos, o como recurso para fabricar una acusación capaz de profundizar las fracturas internas. En ambos escenarios, la ausencia de verificación independiente favorece la incertidumbre.
Una institución debilitada queda en el centro del costo político
La filtración llega cuando la masonería cubana arrastra desde 2024 disputas por el poder, cuestionamientos económicos y enfrentamientos con el Ministerio de Justicia. Filema fue destituido por la Alta Cámara en mayo de 2025, siguió siendo reconocido temporalmente por el Gobierno y después fue expulsado mediante la justicia masónica. Por eso, si las cartas son auténticas, confirmarían las sospechas de quienes denunciaron una posible connivencia con las autoridades; si son falsas, revelarían un intento de utilizar la acusación para prolongar la guerra interna. En ninguno de los dos casos el principal afectado sería únicamente el antiguo gran maestro.
La coyuntura política aumenta todavía más el impacto. El diplomático estadounidense Mike Hammer se reunió con Ángel Santiesteban, recién elegido soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33, para explorar la distribución de ayuda humanitaria a través de los masones. Poco después, Razones de Cuba dedicó un texto a la crisis de la fraternidad y advirtió sobre el riesgo de que sirva a “agendas ajenas”, aunque no mencionó las cartas. La coincidencia temporal sugiere que la autonomía de la institución vuelve a ser un asunto de interés para actores enfrentados.
La pregunta final no es solo quién escribió los documentos, sino qué queda de la confianza necesaria para custodiar archivos y representar a una organización sometida a presión estatal y a conflictos internos. Mientras no se establezca su autenticidad, las misivas deben tratarse como acusaciones graves todavía no demostradas. Pero incluso como documentos no verificados ya producen un efecto concreto: trasladan la sospecha desde antiguos dirigentes hacia la capacidad de la masonería cubana para preservar su independencia y proteger a sus propios miembros.
