California afronta el próximo 3 de noviembre una votación que puede alterar el debate fiscal de Estados Unidos. La Proposición 40 plantea aplicar un impuesto único del 5% sobre el patrimonio neto de las personas con una fortuna superior a 1.000 millones de dólares que residieran en el estado el 1 de enero. La medida afectaría a algo más de 200 contribuyentes, entre ellos figuras como Mark Zuckerberg, Dario Amodei y Jensen Huang, y pretende recaudar decenas de miles de millones de dólares para financiar servicios públicos.
Una apuesta excepcional para sostener servicios básicos
El diseño de la iniciativa concentra el dinero en tres áreas: el 90% se destinaría a la sanidad y el 10% restante a la educación y la asistencia alimentaria. El objetivo inmediato es compensar los recortes federales aplicados al programa Medicaid, aprobados por el Congreso el año pasado después de la presión política ejercida por el presidente Donald Trump. Sus promotores sostienen que la reducción de fondos amenaza especialmente a los hogares con menos recursos y que las mayores fortunas del estado deben contribuir de forma extraordinaria ante una emergencia social.
La propuesta ha sido impulsada por el sindicato SEIU United Healthcare Workers West junto con los economistas de la Universidad de Berkeley Emmanuel Saez y Gabriel Zucman. Su planteamiento continúa una trayectoria iniciada tras la crisis financiera de 2008, cuando California aprobó medidas para elevar la tributación de las rentas más altas. La Proposición 30, en 2012, y la Proposición 55, en 2016, ampliaron los tramos superiores hasta el 13,3% para determinados ingresos. Actualmente, el 1% más rico aporta aproximadamente el 45% de la recaudación estatal.
La fractura demócrata va más allá de una disputa fiscal
El Partido Demócrata de California respalda públicamente la iniciativa, pero su dirección política aparece dividida. El gobernador Gavin Newsom se opone a la Proposición 40, al igual que varios sindicatos, organizaciones civiles y grupos vinculados al propio espacio progresista. Planned Parenthood y la California Teachers Association figuran entre quienes rechazan el impuesto, aunque sus argumentos difieren de los de los magnates tecnológicos.
Newsom reconoce la gravedad de la desigualdad, pero considera que un gravamen único no ofrece una solución estable para financiar la sanidad y la educación. Esta objeción apunta al principal problema estructural de la medida: una recaudación extraordinaria puede aliviar una crisis presupuestaria concreta, pero no garantiza ingresos permanentes para programas que requieren financiación anual. Para sus críticos, el estado estaría utilizando un recurso excepcional para cubrir obligaciones recurrentes, con el riesgo de aplazar una reforma fiscal más amplia.
Otros opositores temen que el impuesto acelere la salida de grandes patrimonios. California ya ha visto marcharse a empresarios como Elon Musk, que trasladó parte de sus operaciones a Texas, además de Peter Thiel y Larry Ellison, por razones económicas y políticas. Aunque no todos abandonaron el estado por motivos tributarios, sus desplazamientos alimentan la advertencia de que las grandes fortunas pueden cambiar de residencia con mayor facilidad que la mayoría de los contribuyentes.
Una campaña marcada por la desigualdad de recursos
La diferencia financiera entre ambos bandos es notable. La campaña contraria al impuesto ha reunido alrededor de 200 millones de dólares, según los datos de la Secretaría de Estado. Casi la mitad procede de Sergey Brin, cofundador de Google, que calcula que tendría que pagar unos 13.000 millones si la medida entrara en vigor. En cambio, los defensores de la Proposición 40 han recaudado aproximadamente 35 millones, una cantidad cinco veces inferior.
La desigualdad de financiación no determina por sí sola el resultado, pero sí revela el alcance de los intereses en juego. Para los multimillonarios, el coste potencial no se limita al pago inmediato: la medida podría crear un precedente legal y político para gravar el patrimonio, una base imponible que tradicionalmente ha quedado fuera de los sistemas fiscales centrados en la renta. Para sus promotores, precisamente esa novedad es la razón principal para votar a favor: las ganancias financieras y empresariales de las grandes fortunas no siempre se reflejan en sus ingresos anuales, mientras que su patrimonio continúa creciendo.
El voto indeciso decidirá el precedente
La intervención de Bernie Sanders ha convertido la consulta en un asunto nacional. El senador independiente por Vermont calificó la propuesta como “la medida electoral más importante de EE.UU.” y elogió a los demócratas californianos por enfrentarse a algunas de las personas más ricas del mundo. Newsom respondió que Sanders tiene razón al señalar la necesidad de combatir la desigualdad, pero insistió en que la fórmula concreta es equivocada.
La última encuesta del centro Berkeley IGS sitúa el apoyo a la Proposición 40 en el 45%, frente a un 42% de rechazo y un 13% de indecisos. Con tres semanas por delante, esa franja puede inclinar la votación en un estado donde los electores también elegirán gobernador, representantes al Congreso y decidirán sobre un total de 14 propuestas. El resultado medirá algo más que la aceptación de un nuevo impuesto: mostrará hasta dónde está dispuesto a llegar el electorado californiano para reducir la concentración de riqueza y si el Partido Demócrata puede mantener una posición común cuando la redistribución afecta directamente a sus aliados económicos más poderosos.
