La representante del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Jeanette Sánchez, reafirmó el compromiso de la institución de acompañar a Bolivia durante la firma de un convenio interinstitucional que prioriza la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en Tarija. El proyecto, considerado estratégico para reducir la contaminación del río Guadalquivir, forma parte de una agenda de financiamiento más amplia que incluye obras viales y una alianza quinquenal con el Gobierno boliviano.
El acto se realizó el 9 de octubre, con la participación del presidente Rodrigo Paz, ministros y autoridades locales. Durante su intervención, Sánchez aseguró que la CAF continuará respaldando al país tanto en periodos favorables como en momentos de dificultad. “Siempre cuenten con la CAF que está a su servicio”, afirmó, al destacar que la misión del organismo es contribuir al desarrollo de Bolivia mediante proyectos sostenibles, inclusivos y con capacidad de respuesta frente a los desafíos climáticos y ambientales.
Una obra sanitaria con alcance ambiental y productivo
La CAF destinará 65 millones de dólares a la construcción de colectores y de la PTAR. La intervención busca frenar el impacto de las aguas residuales sobre el río Guadalquivir, uno de los principales recursos hídricos de la región de Tarija. La contaminación del afluente no solo representa un problema ambiental, sino que también condiciona la calidad de los servicios de saneamiento y puede afectar actividades económicas desarrolladas aguas abajo.
De acuerdo con Sánchez, la planta incorporará tecnología de vanguardia y contemplará componentes sociales, ambientales y de reciclaje de agua. El recurso tratado podría ser utilizado para distintos fines, una característica que amplía el impacto potencial de la obra más allá de la disposición de aguas residuales. La representante sostuvo que el proyecto beneficiará a aproximadamente 250.000 habitantes de la ciudad de Tarija y también a productores vitivinícolas ubicados aguas abajo.
La relación entre saneamiento urbano y producción agrícola es uno de los elementos centrales del proyecto. Una infraestructura adecuada puede reducir la presión contaminante sobre el río, mejorar las condiciones de salud pública y ofrecer mayores garantías para las actividades productivas que dependen de la calidad del agua. Sin embargo, el alcance de esos beneficios estará vinculado a la conclusión efectiva de la planta, al funcionamiento permanente de sus sistemas y a la capacidad de las instituciones responsables para sostener su operación y mantenimiento.
El financiamiento se extiende a las carreteras
El paquete anunciado también contempla otros 224 millones de dólares para concluir proyectos viales que abarcan 469 kilómetros en distintos departamentos de Bolivia. Estos recursos se suman al componente sanitario y muestran que la cooperación de la CAF está orientada simultáneamente a resolver déficits de infraestructura urbana y a mejorar la conectividad territorial.
La finalización de los tramos previstos puede incidir en el transporte de personas y mercancías, especialmente en zonas donde las condiciones viales encarecen los desplazamientos y limitan el acceso a mercados y servicios. No obstante, el anuncio no detalló los proyectos específicos, sus cronogramas individuales ni los departamentos involucrados. Esos aspectos serán determinantes para evaluar el impacto concreto de la inversión y la velocidad con la que los recursos se transformarán en obras terminadas.
Una alianza de 3.100 millones de dólares
En el marco de una alianza quinquenal para el periodo 2026-2030, la CAF acordó con el Gobierno boliviano un respaldo total de 3.100 millones de dólares. La proyección oficial establece que cerca del 30% de ese monto podría ejecutarse durante el primer año mediante proyectos de infraestructura y programas.
La cifra representa una oportunidad relevante para ampliar la inversión pública en un contexto marcado por necesidades acumuladas en saneamiento, transporte y adaptación ambiental. También plantea exigencias de planificación, coordinación institucional y transparencia. La ejecución de una cartera de esa magnitud dependerá de la preparación técnica de los proyectos, de los procesos de contratación y de la capacidad de los gobiernos nacional y subnacionales para coordinar responsabilidades, permisos, supervisión y desembolsos.
La prioridad otorgada a la PTAR de Tarija permite observar cómo ese acuerdo general comienza a traducirse en intervenciones concretas. La obra concentra objetivos ambientales y sociales, pero su éxito no se medirá únicamente por la construcción de la infraestructura. Será necesario verificar que el sistema alcance los niveles de tratamiento previstos, que el agua reciclada tenga usos seguros y que los beneficios lleguen tanto a la población urbana como a las comunidades y productores situados en la cuenca del Guadalquivir.
CAF destaca su perfil ambiental
Sánchez definió a la CAF como un “banco verde” y calificó la planta de Tarija como una obra “100 por ciento verde”. La afirmación refleja la orientación que la institución busca imprimir a sus operaciones, vinculando el financiamiento de infraestructura con la protección de los recursos naturales y la adaptación a los efectos del cambio climático.
La representante señaló que Bolivia atraviesa dificultades en el plano climático y ambiental, por lo que consideró necesario plantear nuevos desafíos y promover soluciones resilientes. En ese marco, la PTAR aparece como una inversión que puede responder a una urgencia local y, al mismo tiempo, contribuir a una gestión más eficiente del agua. La CAF expresó así su disposición a mantener una relación de largo plazo con el país, mientras el Gobierno deberá convertir los compromisos financieros en proyectos ejecutados, servicios funcionales y resultados verificables para la población.
