El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que estudia conceder libertad anticipada y condicional a cerca de la mitad de las personas condenadas por colaborar con pandillas y detenidas desde el inicio del régimen de excepción. La propuesta prevé monitoreo para quienes salgan de prisión, pero aún no tiene fecha de aplicación ni criterios públicos de selección. Bukele sostuvo que la revisión distinguiría los grados de colaboración y la responsabilidad individual, sin declarar inocentes a los beneficiarios.
El mecanismo permitiría que algunas personas consideradas culpables cumplan fuera de la cárcel una parte de sus condenas, sujetas a condiciones y supervisión. La diferencia entre una liberación condicional y una absolución es central: el plan, tal como lo describió el mandatario, no anularía las sentencias, sino que modificaría dónde y bajo qué controles se cumple la pena.
La responsabilidad, eje de la evaluación
Bukele explicó que su Gobierno examinaría las circunstancias de cada detenido y diferenciaría a quienes integraban las estructuras criminales de quienes colaboraron con ellas en otros niveles. Como ejemplo mencionó a personas que avisaban sobre la llegada de la policía a zonas bajo control de pandillas. “Si colaboró para, no sé, avisar que venía la policía, es culpable, pero ¿qué tan culpable es?”, planteó, según declaraciones divulgadas por La Prensa Gráfica.
El presidente justificó esa distinción por el control territorial y social que, según dijo, ejercieron durante años las pandillas sobre comunidades enteras. Afirmó que algunas personas pudieron colaborar en condiciones distintas de las de quienes aplicaban directamente la violencia. Esa consideración abre una cuestión práctica y jurídica: para que la revisión sea verificable, el Gobierno tendría que explicar cómo medirá el grado de coacción, el tipo de ayuda prestada y la participación de cada persona.
Persisten dudas sobre el proceso
El anuncio se produce después de cuestionamientos sobre las detenciones efectuadas bajo el régimen de excepción. La Prensa Gráfica recordó que, en abril de 2026, Ibrajim Bukele, hermano del presidente, afirmó en publicaciones en X que un equipo revisaba casos de capturados, incluidas denuncias de detenciones arbitrarias y muertes bajo custodia. Según esas declaraciones, el grupo trabajaba con instituciones vinculadas a la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y los centros penales.
Consultado sobre el papel de su hermano, Nayib Bukele negó que participara en una comisión de ese tipo: “Mi hermano no tiene ningún rol en ninguna comisión”, reportó el medio salvadoreño. La diferencia entre aquel equipo de revisión y el mecanismo de libertad condicional anunciado ahora no quedó aclarada. Tampoco se detalló quién tomaría las decisiones, qué instancia podría revisarlas ni cómo se comunicarían los resultados.
El régimen continuará vigente
La posible salida anticipada de algunos condenados no implica, según Bukele, el fin de las medidas extraordinarias. El mandatario afirmó que le gustaría levantar el régimen de excepción en algún momento, pero que todavía existen estructuras criminales que, a su juicio, justifican mantenerlo. Infobae reportó además que el vicepresidente Félix Ulloa cifra en más de 91.000 las capturas acumuladas y defiende que los detenidos son puestos a disposición judicial.
Desde su implementación, el régimen ha sido una pieza central de la política de seguridad salvadoreña y ha permitido detenciones masivas de presuntos integrantes y colaboradores de pandillas. Organizaciones nacionales e internacionales han denunciado arrestos arbitrarios, limitaciones al debido proceso y vulneraciones de derechos humanos. En ese contexto, una revisión individual podría corregir casos o ajustar penas, pero su alcance dependerá de criterios transparentes, garantías para los afectados y controles efectivos sobre quienes obtengan la libertad condicional.
