El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el martes 13 de octubre que su Gobierno estudia una liberación anticipada y condicional para reos que colaboraron con pandillas durante el régimen de excepción. La propuesta, según el mandatario, podría alcanzar aproximadamente a la mitad de las personas encarceladas por ese tipo de colaboración, aunque no precisó cuántas serían ni cuándo se aplicaría.
Una salida sin absolución
“Es culpable, pero liberarlo condicionalmente”, explicó Bukele durante una conferencia de prensa en San Salvador. Aclaró que quienes salieran de prisión seguirían considerados culpables y quedarían bajo monitoreo. El planteamiento, por tanto, no supone borrar las condenas, sino revisar la permanencia en prisión de algunas personas mediante una modalidad de excarcelación sujeta a condiciones.
El presidente justificó la posible medida por las distintas circunstancias en que se produjo la colaboración. Dijo que el Gobierno tomaría en cuenta si una persona ejercía dominio sobre la población como integrante de una pandilla o si actuaba para sobrevivir bajo la presión de esas estructuras. Para ilustrar la diferencia, comparó a quien ayudó a enterrar un cadáver con un joven encargado de avisar cuando se acercaba la Policía.
La distinción expuesta por Bukele apunta a una evaluación individual de la conducta y del contexto, pero el mandatario no detalló cómo se determinaría el grado de coerción ni qué autoridad revisaría los expedientes. Tampoco enumeró los requisitos, los mecanismos de supervisión o las consecuencias de incumplir las condiciones. Sin esos datos, todavía no es posible establecer el alcance práctico del plan ni cómo se garantizaría que las decisiones fueran consistentes entre casos.
La excepción y el volumen de detenciones
El Salvador mantiene desde marzo de 2022 un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales y amplía las facultades estatales para combatir a las pandillas. El Gobierno atribuye a esa política la detención de al menos 93.162 personas, acusadas de pertenecer a esas organizaciones o colaborar con ellas. Bukele describió las pandillas como estructuras que imponían su autoridad en la vida cotidiana del país y sostuvo que ese contexto debe considerarse al evaluar a ciertos detenidos.
La magnitud de las detenciones hace que una eventual revisión pueda tener consecuencias relevantes para el sistema penitenciario y para las personas afectadas. Sin embargo, la cifra de beneficiarios sigue siendo una estimación general: la referencia presidencial a cerca del 50% no vino acompañada de un recuento de casos elegibles ni de una fecha de inicio. Bukele tampoco aclaró si el plan ya está en marcha, si continúa en etapa de estudio o si habrá un anuncio formal posterior.
Denuncias y cuestionamientos pendientes
La propuesta se conoce en medio de denuncias sobre la aplicación del régimen. Organizaciones humanitarias han registrado más de 6.400 presuntos atropellos y 570 muertes de personas bajo custodia estatal, muchas de ellas con signos de violencia, según las denuncias citadas en el reporte. Estas cifras corresponden a señalamientos de organizaciones y no determinan por sí solas la responsabilidad en cada caso, pero subrayan la importancia de la transparencia y de mecanismos independientes de revisión.
Organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, han advertido que las medidas adoptadas bajo el régimen podrían constituir crímenes de lesa humanidad. El Gobierno, por su parte, presenta la política de excepción como su principal herramienta contra las pandillas. La eventual excarcelación condicional introduce un nuevo elemento en ese debate: su evaluación dependerá no solo del número de personas liberadas, sino también de criterios públicos, revisión individual y garantías verificables tanto para los derechos de los detenidos como para la seguridad de las comunidades.
