La fiscalía brasileña presentó una demanda civil contra Shell Brasil por 540 millones de reales, equivalentes a unos 108 millones de dólares, por los daños asociados a las inundaciones que devastaron el estado de Rio Grande do Sul entre abril y mayo de 2024. La acción, según un documento judicial obtenido el viernes por la AFP, busca atribuir a la filial local una responsabilidad ambiental y climática proporcional a la contribución histórica de su empresa matriz a las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.
El caso introduce en Brasil una de las discusiones más relevantes de la actual batalla judicial contra las grandes compañías de combustibles fósiles: si una empresa puede ser obligada a reparar parte de los daños provocados por fenómenos climáticos extremos cuando su participación en las emisiones globales es cuantificable. La fiscalía sostiene que Shell Brasil debe responder por la contribución histórica y permanente de Shell a las emisiones vinculadas con la exploración, producción y comercialización de combustibles fósiles.
Una tragedia que dejó casi 200 muertos
Las lluvias torrenciales registradas en el sur de Brasil durante la primavera de 2024 provocaron inundaciones históricas en Rio Grande do Sul. Casi 200 personas murieron, alrededor de medio millón fueron desplazadas y numerosas ciudades sufrieron daños en viviendas, carreteras, puentes, instalaciones públicas, actividades agrícolas y redes de servicios básicos.
La magnitud del desastre convirtió al episodio en uno de los mayores golpes ambientales y humanitarios sufridos por Brasil en las últimas décadas. Además de las pérdidas humanas, las inundaciones generaron un impacto económico prolongado, con comunidades enteras obligadas a reconstruir sus hogares y medios de subsistencia. La acción judicial parte de ese contexto para reclamar compensaciones por daños materiales y por los llamados daños morales colectivos relacionados con el clima.
El monto reclamado se divide en dos partidas de 270 millones de reales: una por los daños ambientales y morales vinculados al clima, y otra por los daños materiales derivados del evento extremo. La fiscalía argumenta que la responsabilidad de Shell Brasil debe guardar relación con el 2% de las emisiones históricas mundiales de gases de efecto invernadero atribuidas a su empresa matriz.
La empresa dice que no fue notificada formalmente
Shell Brasil declaró a la AFP, a través de un correo electrónico, que no había recibido una notificación formal sobre el proceso mencionado. La respuesta no incluye, por ahora, una valoración detallada sobre el fondo de la acusación ni sobre la metodología utilizada para calcular el monto de la indemnización.
La ausencia de una notificación formal marca una etapa inicial del procedimiento. La empresa todavía podría presentar sus argumentos ante la justicia, cuestionar la relación jurídica entre las actividades de la filial brasileña y las emisiones históricas de la matriz, así como discutir la forma en que se atribuye una proporción concreta de responsabilidad por un desastre climático localizado.
La demanda fue promovida junto con el Instituto Preservar, una organización no gubernamental local. El abogado de la entidad, Thales Miola, defendió que los costos derivados del cambio climático no recaigan exclusivamente sobre la sociedad y sobre las personas que perdieron sus bienes en la tragedia. A su juicio, las compañías que contribuyen de manera significativa a las emisiones también deben asumir responsabilidades.
Un nuevo frente para la litigación climática
La iniciativa brasileña puede convertirse en un precedente por su alcance nacional y por el tipo de demandado. Maria Antonia Tigre, del Centro Sabin de Derecho sobre el Cambio Climático de la Universidad de Columbia, afirmó a la AFP que sería la primera vez que un fiscal nacional demanda a una gran petrolera por una catástrofe climática.
La novedad no consiste únicamente en reclamar una reparación por contaminación directa. El planteamiento busca establecer un vínculo entre las emisiones acumuladas de una compañía, el calentamiento global y un fenómeno meteorológico extremo ocurrido en un territorio concreto. Esa cadena de responsabilidad es jurídicamente compleja, porque exige demostrar tanto la contribución corporativa al cambio climático como la conexión entre el aumento de los riesgos climáticos y los daños específicos sufridos por la población.
En los últimos años, distintas organizaciones y grupos de afectados han acudido a los tribunales para exigir compensaciones a grandes contaminadores en proporción a sus emisiones. El debate ha comenzado a superar las fronteras nacionales, con demandas presentadas en países donde están domiciliadas las empresas matrices o donde se produjeron los daños.
Antecedentes en Europa y Asia
La justicia alemana validó el año pasado, en términos generales, la posibilidad de examinar la responsabilidad proporcional de una gran empresa por su contribución al cambio climático. El caso fue promovido por el campesino peruano Saúl Luciano Lliuya contra la energética alemana RWE. Aunque los jueces rechazaron una indemnización en sus circunstancias particulares, su decisión dejó abierta la puerta a futuras acciones basadas en la participación cuantificable de las empresas en las emisiones globales.
Shell también enfrenta en el Reino Unido una demanda presentada por víctimas del tifón Odette, que golpeó Filipinas en 2021. En Suiza, cuatro habitantes de la isla indonesia de Pari demandaron al fabricante de cemento Holcim por los efectos del aumento del nivel del mar. En Alemania, RWE y Heidelberg Materials, otra empresa cementera, afrontan una acción relacionada con las inundaciones catastróficas que afectaron a agricultores de Pakistán en 2022.
Estos procesos todavía enfrentan obstáculos importantes: la prueba científica de la relación causal, la jurisdicción aplicable, la identificación de los daños indemnizables y la definición de qué proporción corresponde a cada empresa en un fenómeno influido por múltiples factores. El expediente contra Shell Brasil pondrá a prueba si esos argumentos pueden trasladarse al sistema judicial brasileño y si la justicia acepta convertir la responsabilidad climática histórica en una obligación concreta de reparación.
