Brasil atraviesa una semana decisiva después de una primera vuelta que dejó al candidato de extrema derecha, Bolsonaro hijo, al frente de la votación, aunque por una diferencia cercana a los dos millones de sufragios frente a Luiz Inácio Lula da Silva. En un país de dimensiones continentales, la distancia es estrecha y mantiene abierta la disputa por la Presidencia. El resultado no solo activó la campaña para la segunda vuelta: desencadenó una movilización nacional que combina manifestaciones espontáneas, actividad universitaria y una intensa batalla digital.
La reacción más visible se produjo en las calles. En pocos días aparecieron concentraciones en todos los estados y en varias ciudades de cada uno de ellos. La rapidez de esa expansión distingue el momento actual de otras grandes movilizaciones democráticas, incluso de las campañas por las “Directas ya” de los años ochenta. La posibilidad de que la extrema derecha llegue nuevamente al poder funcionó como un factor de urgencia para sectores que hasta entonces permanecían distantes de la actividad política.
Cuando una universidad vuelve a ocupar la ciudad
En Niterói, en el estado de Río de Janeiro, esa reaparición de la política callejera tuvo un fuerte componente estudiantil. Alumnos de la Universidad Federal Fluminense recorrieron la ciudad con consignas dirigidas a los trabajadores y vinculadas con el derecho a la educación: «Trabajador, mira hacia acá: estoy en la calle para que tu hijo pueda estudiar». La frase condensó una estrategia que busca presentar la defensa de la universidad pública no como una reivindicación corporativa, sino como una cuestión social que afecta a las familias y al futuro del país.
Niterói posee además un peso simbólico particular. Allí surgieron el Partido Comunista Brasileño y parte importante del movimiento estudiantil brasileño. La ocupación de sus calles, por tanto, expresa algo más que una protesta local: recupera una tradición de participación política y la conecta con una generación que enfrenta recortes presupuestarios, persecución contra profesores, censura y negacionismo científico atribuidos a la gestión y al discurso bolsonaristas.
La escena estudiantil llegó a Lula, quien difundió un video con un llamamiento directo: «¡Vamos, gente, a la calle!». La intervención del candidato ayudó a convertir una serie de acciones dispersas en una consigna común. Sin embargo, el crecimiento de las movilizaciones no puede atribuirse únicamente a una orden partidaria. Su carácter capilar revela que la campaña está siendo impulsada por redes sociales, organizaciones locales, universidades y ciudadanos que perciben la elección como una disputa sobre las condiciones mismas de la convivencia democrática.
La campaña se libra en dos territorios
La presencia en Internet es tan relevante como la de las plazas y avenidas. Las cuentas de Lula y de otros dirigentes del Partido de los Trabajadores registraron durante los últimos días uno de los mayores aumentos de interacción en el mundo. El frente democrático entiende que no puede dejar el espacio digital en manos del bolsonarismo, que ha construido allí una maquinaria de comunicación apoyada por tecnócratas, celebridades y circuitos de difusión capaces de repetir mensajes con gran velocidad.
La disputa por los electores de otros candidatos derechistas vuelve más compleja la campaña. Tanto la izquierda como la extrema derecha intentan ampliar sus alianzas y alcanzar a votantes que no se identifican plenamente con ninguno de los dos bloques. La izquierda, que en 2018 rechazaba en buena medida el diálogo con los seguidores de Bolsonaro, ahora procura conversar con cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Ese cambio no es meramente táctico: reconoce que una elección definida por márgenes estrechos exige disputar conversaciones cotidianas, no solo movilizar a los convencidos.
La autoridad electoral también quedó bajo presión
El proceso se desarrolla, además, en medio de una crisis de confianza en las instituciones encargadas de protegerlo. La justicia electoral ordenó retirar publicaciones de las redes, mientras algunas plataformas eliminaron perfiles, incluido el de Lula. Estas medidas muestran la dificultad de regular una campaña digital atravesada por la desinformación, pero también alimentan la percepción de que los tribunales intervienen de manera constante en la competencia política.
El Supremo Tribunal Federal, el Tribunal Superior Electoral y la justicia electoral brasileña enfrentan cuestionamientos sin precedentes. El episodio de la gobernación de Río de Janeiro profundizó esa tensión: después de anularse una candidatura, se determinó que no habría segunda vuelta y, tras el recuento de votos válidos, resultó elegido el candidato del Partido Liberal. Para una sociedad ya polarizada, decisiones de ese alcance pueden ser interpretadas no solo por su fundamento jurídico, sino también por sus efectos partidarios.
Una elección que dejará una sociedad distinta
El rasgo más profundo de esta campaña es que la movilización no se limita a la confrontación entre dos candidatos. También pone en juego la renovación de las culturas políticas brasileñas. En la izquierda aparece una generación joven que vuelve a organizarse y a disputar el espacio público. En la extrema derecha surgen celebridades digitales y dirigentes jóvenes que convierten el discurso de odio en una forma de identidad política. Ambos fenómenos muestran que el conflicto no desaparecerá con el resultado electoral.
La diferencia entre las dos fuerzas está también en la manera de organizar sus mensajes. Mientras la izquierda intenta sintetizar demandas diversas y aprender a dialogar con sectores antes ignorados, la extrema derecha refuerza una narrativa centralizada, repetida en todo el territorio. Esa asimetría explica parte de su eficacia digital, pero también obliga al campo democrático a construir un lenguaje capaz de unir defensa institucional, derechos sociales y preocupaciones concretas de los votantes.
Por eso, la fecha del 26 de octubre no marcará únicamente la elección de un nuevo gobierno. Cualquiera sea el resultado, Brasil llegará a ella con una sociedad más movilizada, instituciones más cuestionadas y una generación política renovada. La disputa habrá demostrado que las calles y las redes ya no son escenarios separados: juntas definen el alcance de la democracia y el tipo de país que comenzará a formarse después de las urnas.
