Brasil acudirá este domingo, 25 de octubre, a una segunda vuelta presidencial marcada por una competencia estrecha entre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro. La elección definirá no solo quién ocupará el Palacio de Planalto durante los próximos cuatro años, sino también qué orientación adoptará la mayor economía de América Latina en materia de seguridad, política social, medio ambiente y relaciones con Estados Unidos.
La votación se celebra después de que ninguno de los candidatos alcanzara la mayoría absoluta en la primera ronda, realizada el 4 de octubre. Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos válidos, frente al 45% de Lula, una diferencia superior a 2,2 millones de sufragios. Aunque ese resultado otorgó al senador una ventaja inicial, los sondeos posteriores han descrito una disputa cerrada, en la que el comportamiento de los votantes que apoyaron a otros candidatos y el nivel de participación pueden resultar decisivos.
Una elección definida por el desgaste del gobierno
Cerca de 160 millones de brasileños están convocados a las urnas. La contienda enfrenta dos proyectos de continuidad política: Lula busca prolongar la agenda social y económica de la izquierda, mientras Flávio Bolsonaro intenta devolver a su familia a la presidencia después del mandato de su padre, Jair Bolsonaro, entre 2019 y 2022.
Lula, de 80 años, aspira a ejercer la presidencia por cuarta vez. Gobernó entre 2003 y 2010 y regresó al cargo en 2023, tras una trayectoria iniciada como trabajador industrial y dirigente sindical. Sus primeros gobiernos coincidieron con un periodo de expansión económica favorecido por el auge de las materias primas. Además, sus programas de transferencias y asistencia social ayudaron a disminuir la pobreza, un resultado que continúa siendo uno de los principales argumentos de su campaña.
Sin embargo, el contexto actual es menos favorable. La aprobación del presidente ha descendido hasta el 24%, según los datos citados en la campaña, mientras el costo de vida y la delincuencia aparecen entre las principales preocupaciones ciudadanas. Para recuperar respaldo, el gobierno aumentó un 15% los pagos del programa Bolsa Familia, redujo impuestos a los combustibles, condonó deudas gubernamentales de 3,6 millones de pequeñas empresas y propuso ampliar la ayuda económica para estudiantes universitarios.
En los últimos días de la campaña, el Senado aprobó una propuesta respaldada por el Ejecutivo para reducir la semana laboral máxima de 44 a 40 horas, con dos días de descanso y sin disminución salarial. La medida busca reforzar el perfil social del gobierno, aunque también puede intensificar el debate sobre sus efectos para las empresas, el empleo formal y los costos laborales.
Flávio Bolsonaro y la promesa de una línea más dura
Flávio Bolsonaro, abogado y senador de 45 años, comenzó su carrera política a los 21, cuando fue elegido legislador estatal en Río de Janeiro. Su candidatura representa la continuidad del proyecto conservador de su padre, quien no puede participar en estas elecciones debido a una condena de 27 años por intentar impedir la transferencia del poder tras su derrota electoral.
El senador ha mantenido posiciones centrales del bolsonarismo, especialmente en materia de seguridad y orden público, pero procura proyectar una comunicación más moderada para atraer a electores centristas. Su propuesta de seguridad contempla la construcción de grandes centros penitenciarios, inspirados en los utilizados en El Salvador, y la clasificación de las pandillas transnacionales como organizaciones terroristas. También plantea que los jóvenes de 16 años puedan ser juzgados como adultos.
Estas iniciativas responden a una demanda real de mayor control de la delincuencia, pero abren interrogantes sobre la capacidad del sistema penitenciario, los límites de la legislación penal y el impacto de endurecer las penas sobre la violencia. En materia ambiental, Bolsonaro ha cuestionado que la actividad humana sea responsable del cambio climático y ha prometido combatir la deforestación ilegal, una combinación que podría generar tensiones entre la protección de la Amazonía y los sectores productivos que reclaman menos restricciones.
La campaña del senador también está afectada por investigaciones relacionadas con sus vínculos financieros con el banquero Daniel Vorcaro. Bolsonaro reconoció haber recibido millones de dólares para producir una película sobre la vida de su padre y enfrenta señalamientos por presunta corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal. Las acusaciones permanecen bajo investigación y el candidato niega que estas controversias deban determinar el resultado electoral.
La disputa electoral se extiende a la política exterior
La relación con Estados Unidos ha adquirido una importancia inusual en la campaña. Lula ha advertido sobre posibles intentos de intervención extranjera y ha colocado la defensa de la soberanía brasileña entre sus principales mensajes. Flávio Bolsonaro, por su parte, conserva vínculos políticos con el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha expresado respaldo a la familia del senador.
Las relaciones bilaterales se deterioraron después de que Trump anunciara aranceles del 50% a productos brasileños el año pasado y mencionara entre sus razones el proceso judicial contra Jair Bolsonaro. Durante este año, Washington adoptó nuevas medidas comerciales y clasificó como grupos terroristas extranjeros a importantes organizaciones del narcotráfico brasileño.
El gobierno de Lula rechazó esa designación por considerar que podría convertirse en una justificación para intervenir en territorio brasileño. La controversia introduce un elemento adicional en la elección: el próximo presidente deberá gestionar simultáneamente la defensa de la autonomía nacional, los intereses comerciales de Brasil y la relación con un gobierno estadounidense alineado políticamente con uno de los candidatos.
Participación y voto obligatorio
El sistema brasileño exige obtener más del 50% de los votos válidos para ganar la presidencia en primera vuelta. Como ninguno de los aspirantes alcanzó ese umbral, los dos más votados regresan a las urnas. El voto es obligatorio y se realiza mediante urnas electrónicas. Además de elegir presidente, los ciudadanos decidirán las contiendas para gobernador en cinco estados y en el distrito federal.
La participación será un factor central. Más de 33 millones de personas, equivalentes al 21% del electorado, no votaron en la primera ronda. Quienes se ausentaron podrán participar en la segunda vuelta, aunque podrían recibir una multa si no justifican su inasistencia anterior. Los resultados comenzarán a conocerse pocas horas después del cierre de los centros de votación.
La estrecha diferencia entre Lula y Bolsonaro deja poco margen para errores de movilización. La elección pondrá a prueba la capacidad del oficialismo para convertir sus políticas sociales en respaldo electoral y la del senador para ampliar una base conservadora todavía asociada al legado de su padre. El resultado definirá tanto el rumbo interno de Brasil como su posición frente a Washington y los principales desafíos regionales.
