La segunda vuelta presidencial brasileña llega a su tramo decisivo con una disputa que ya no se libra únicamente entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. En paralelo a la competencia por los votos, el Tribunal Superior Electoral (TSE) ha convertido a Meta y X en actores sujetos a órdenes judiciales, plazos perentorios y multas millonarias. La cuestión de fondo no es solo si una plataforma bloqueó determinados anuncios o si un algoritmo distribuyó más contenido de una campaña que de otra. Lo que está en juego es quién controla las condiciones técnicas bajo las cuales millones de ciudadanos reciben, comparten y evalúan información política.
Brasil ofrece un escenario especialmente sensible para esa batalla. En 2025, más del 90% de la población utilizaba internet, según los datos citados del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). El país contaba con 168,7 millones de usuarios mayores de diez años y el 95,6% de ellos accedía diariamente a la red, principalmente desde teléfonos celulares. En una elección tan estrecha, una variación aparentemente menor en la visibilidad de un anuncio, la velocidad de una revisión o la permanencia de una cuenta puede adquirir una dimensión electoral considerable.
Una elección ajustada convierte cada fallo técnico en un asunto político
La aritmética electoral explica la intensidad de la confrontación. Flávio Bolsonaro obtuvo una ventaja inferior a dos puntos porcentuales en la primera vuelta, pero los sondeos previos al balotaje del domingo 25 redujeron la distancia a un punto. La encuesta más reciente del Instituto Quaest atribuye al candidato del Partido Liberal el 45% de la intención de voto y al dirigente del Partido de los Trabajadores el 44%. En ese margen, las campañas tienen incentivos para interpretar cualquier incidencia digital como una amenaza potencial, una oportunidad de denuncia o ambas cosas a la vez.
El equipo de Lula acusó a Meta de “manipulación algorítmica” y sostuvo que una herramienta de inteligencia artificial habría impedido generar contenido electoral favorable al candidato oficialista en Instagram, mientras no aplicaba el mismo criterio a Bolsonaro. Desde el entorno del candidato liberal se denunció una supuesta ofensiva de propaganda negativa en WhatsApp, presuntamente impulsada por el gobierno con la aprobación de Meta. Las acusaciones no se limitaron a la exigencia de correcciones: ambos bandos pidieron al TSE anular o revocar la candidatura rival por el uso de estas prácticas.
Antes de cumplirse el primer plazo judicial, Meta reconoció la existencia de “incidentes técnicos”, incluidos fallos relacionados con la desactivación de anuncios proselitistas, pero rechazó que hubiera parcialidad. La empresa afirmó haber aplicado medidas para cumplir la directiva del tribunal y anunció un sistema de revisión humana: cualquier bloqueo automático de cuentas de anuncios de campaña debía ser examinado manualmente en un máximo de dos horas. La respuesta revela una tensión estructural: las plataformas necesitan automatizar la moderación para operar a gran escala, pero en una elección competitiva esa automatización puede producir efectos políticos antes de que exista una revisión humana.
El TSE intenta gobernar sistemas que no puede observar por completo
El lunes 19, el tribunal había exigido a Meta demostrar que otorgaba un trato equivalente a ambos candidatos y amenazó con una multa diaria de 200.000 dólares. El viernes 23, a solo dos días del balotaje, el magistrado Ricardo Villas Boas ordenó nuevamente a Meta y a X explicar el funcionamiento de sus algoritmos y herramientas de inteligencia artificial, bajo una sanción diaria de 100.000 dólares para cada compañía en caso de incumplimiento. Este segundo proceso surgió después de que Folha de Sao Paulo divulgara mensajes internos de Meta en los que empleados reconocían restricciones que perjudicaban las cuentas de uno de los postulantes.
La sucesión de órdenes muestra que la justicia electoral está actuando sobre un terreno que no controla directamente. El TSE puede imponer obligaciones, exigir información y castigar el incumplimiento, pero depende de que las compañías describan sistemas cuyo funcionamiento es parcialmente opaco incluso para numerosos usuarios y anunciantes. Los algoritmos no son una urna alternativa, pero sí ordenan el entorno informativo en el que se forman preferencias, se movilizan simpatizantes y se define qué controversias llegan a la conversación pública.
La primera conclusión relevante es que la neutralidad digital no puede medirse únicamente por el número de anuncios aprobados para cada candidato. Dos campañas pueden obtener idéntico volumen de anuncios y, sin embargo, recibir un tratamiento desigual si varían el tiempo de revisión, la capacidad de segmentación, la distribución orgánica o la aplicación de sanciones. Un anuncio que permanece bloqueado durante seis horas en la última jornada de campaña no equivale a otro aprobado en minutos, aunque ambos terminen contabilizados como “revisados”. La igualdad formal de resultados puede ocultar una desigualdad decisiva en los tiempos.
La segunda conclusión es que el conflicto está desplazando el centro de la regulación desde los contenidos hacia los procesos. La discusión no se limita a determinar si una pieza contiene una falsedad o un insulto. También exige saber quién diseñó la regla, con qué datos fue entrenado el sistema, qué margen de error admite, quién puede apelar y qué ocurre mientras la apelación se resuelve. En una campaña, el procedimiento de moderación se convierte en una variable política porque cada decisión modifica la disponibilidad y el alcance de un mensaje.
La transparencia exigida no puede confundirse con la entrega del código
Las plataformas suelen defender que sus decisiones responden a reglas generales destinadas a combatir el fraude, la manipulación coordinada, el discurso de odio o la publicidad irregular. Esa defensa tiene fundamento: WhatsApp, Instagram, Facebook y X gestionan volúmenes de mensajes que ningún mecanismo exclusivamente humano podría revisar de forma inmediata. La automatización también puede proteger a candidatos y ciudadanos frente a redes falsas, campañas de acoso y operaciones de desinformación.
Pero la complejidad técnica no puede convertirse en una excusa para excluir el escrutinio público. La transparencia que reclama el TSE no tendría que limitarse a recibir explicaciones genéricas sobre “incidentes” o “errores”. Debería incluir indicadores comparables entre campañas: número de anuncios rechazados, tiempo promedio de revisión, proporción de bloqueos revertidos, cuentas suspendidas, alcance estimado perdido y criterios utilizados para aplicar las sanciones. Sin esa información, el tribunal y la sociedad solo pueden reconstruir los hechos a partir de denuncias de los partidos, comunicaciones empresariales y filtraciones internas.
La publicación de mensajes de empleados de Meta por Folha de Sao Paulo es significativa precisamente porque rompe el monopolio informativo de la empresa sobre sus propios sistemas. No demuestra por sí sola que exista una política deliberada de parcialidad, pero sí sugiere que las decisiones automatizadas y sus efectos no estaban completamente bajo control o no eran plenamente visibles para el público. La diferencia entre un error aislado y un sesgo sistemático solo puede establecerse mediante datos completos, auditorías independientes y una trazabilidad clara de cada decisión.
En este punto aparece una disputa legítima entre privacidad, seguridad y rendición de cuentas. Una divulgación excesiva puede exponer información personal, facilitar que actores maliciosos evadan los filtros o revelar secretos comerciales. Una reserva excesiva, en cambio, deja a los candidatos y al árbitro electoral sin herramientas para verificar si las reglas se aplican de manera uniforme. La salida razonable no parece ser la apertura irrestricta del código fuente, sino el acceso regulado a métricas, registros de decisión y auditorías por terceros con facultades suficientes.
La justicia electoral también está bajo examen
El TSE no es un observador neutral ajeno al conflicto. Sus resoluciones determinan qué mensajes pueden circular, qué plataformas deben explicar sus sistemas y qué sanciones pueden imponerse en cuestión de horas. Por eso los dos bandos lo han acusado de parcialidad y de lentitud para frenar la desinformación. Las críticas son contradictorias, pero revelan una expectativa común: cada campaña quiere que el tribunal intervenga con rapidez cuando la perjudican y actúe con cautela cuando la medida afecta a sus propios mensajes.
Los datos citados por la agencia EFE muestran la magnitud del problema. Desde julio se abrieron casi 100.000 procesos en los tribunales electorales de todo Brasil y el 45% ya había sido analizado o se encontraba en estudio. La cifra convierte estos comicios en los más judicializados de la historia del país. Una parte de esa judicialización puede reflejar una mayor capacidad institucional para detectar abusos, pero otra parte evidencia que los partidos están trasladando al sistema judicial la disputa que antes se resolvía en el terreno político o comunicacional.
La saturación genera un riesgo doble. Si el tribunal responde tarde, una decisión correcta puede llegar cuando el contenido ya se volvió viral y el daño resulta irreversible. Si responde demasiado rápido sin una base probatoria suficiente, puede terminar censurando expresiones legítimas o reforzando la narrativa de que el árbitro interviene para favorecer a una candidatura. Las multas diarias de 200.000 y 100.000 dólares aumentan la presión sobre las empresas, pero no sustituyen la necesidad de decisiones consistentes y explicables.
También existe un problema de legitimidad. Cuando cada campaña acusa al TSE de parcialidad y cada orden judicial se convierte en munición partidista, la autoridad electoral puede perder credibilidad incluso si sus decisiones son técnicamente defendibles. La justicia electoral necesita demostrar no solo que puede sancionar, sino que aplica criterios previsibles, publica fundamentos verificables y ofrece vías rápidas de contradicción. En una elección tan polarizada, la percepción de imparcialidad es parte del resultado institucional.
El impacto alcanza a todo el ecosistema de campañas
Para los candidatos, la presión regulatoria puede producir una campaña más cautelosa, pero también una carrera por utilizar canales menos controlados. Si los anuncios oficiales se someten a revisiones más estrictas, los equipos pueden desplazar recursos hacia grupos de apoyo, influenciadores, mensajes reenviados o comunidades privadas. WhatsApp presenta una dificultad particular: su arquitectura favorece la circulación interpersonal y dificulta medir el alcance real de una pieza. Un contenido puede multiplicarse mediante cadenas de confianza sin aparecer como una campaña formal contratada por un partido.
Para Meta y X, el caso brasileño eleva el costo operativo y jurídico de administrar elecciones. Las compañías deben adaptar modelos de inteligencia artificial, ampliar equipos de revisión, documentar decisiones y responder a autoridades en plazos de horas. La consecuencia puede ser positiva si consolida mejores controles, pero también puede favorecer una moderación excesiva: ante el riesgo de multas o litigios, una plataforma podría bloquear más contenidos políticos de los necesarios. Esa reacción perjudicaría especialmente a candidaturas pequeñas, movimientos sociales y voces con menor capacidad para presentar recursos.
Los medios tradicionales también enfrentan una responsabilidad mayor. La filtración de mensajes internos permitió abrir una discusión pública que la comunicación corporativa no había resuelto, pero la publicación de documentos de una empresa tecnológica exige verificar su contexto, alcance y fecha. En un entorno donde cada revelación puede alterar la percepción de una campaña, el periodismo debe distinguir entre una evidencia de fallos técnicos, una prueba de sesgo deliberado y una acusación interesada presentada como hecho.
Los ciudadanos quedan expuestos a un problema menos visible: la dificultad de saber por qué ven determinado contenido y por qué otro desaparece. La mayoría de los usuarios no puede distinguir entre una decisión basada en una infracción, una limitación técnica, una segmentación comercial o una intervención judicial. Esa opacidad erosiona la autonomía informativa. El votante no necesita conocer cada detalle del algoritmo, pero sí debe poder identificar quién paga un anuncio, por qué fue retirado y cómo impugnar una decisión que considera errónea.
Después del balotaje, el conflicto no desaparecerá
El episodio probablemente acelerará una transformación regulatoria en Brasil y en otros países. Las autoridades tenderán a exigir protocolos electorales específicos, equipos de respuesta rápida, canales directos con las plataformas y auditorías sobre sistemas automatizados. También aumentará la presión para que las empresas conserven registros de anuncios y decisiones de moderación durante periodos electorales. La experiencia brasileña puede convertirse en referencia para tribunales que enfrentan elecciones cada vez más dependientes de servicios privados de comunicación.
El principal riesgo es que la regulación llegue como reacción improvisada a cada crisis. Órdenes dictadas con plazos de 24 horas pueden ser necesarias ante una emergencia, pero no sustituyen reglas conocidas antes de que empiece la campaña. Los partidos, las plataformas y el TSE deberían acordar con antelación definiciones sobre publicidad política, contenido sintético generado por inteligencia artificial, desinformación deliberada, derecho de apelación y métricas mínimas de transparencia. Sin esa previsibilidad, cada elección volverá a convertirse en un laboratorio jurídico.
También es probable que la inteligencia artificial amplíe la disputa. Las herramientas capaces de generar textos, imágenes y videos políticos reducirán el costo de producir propaganda personalizada y dificultarán identificar su origen. La respuesta no puede centrarse solo en retirar contenidos después de publicados. Será necesario reforzar la identificación de anunciantes, la trazabilidad de las campañas, la alfabetización digital y la cooperación entre autoridades, empresas y medios. De lo contrario, la velocidad de producción superará la capacidad institucional de verificación.
La lección inmediata de Brasil no es que las plataformas hayan sustituido a las instituciones electorales, sino que se han convertido en infraestructuras políticas cuyo funcionamiento ya afecta la igualdad entre candidatos. Meta y X no deciden por sí mismas quién gana, pero pueden alterar las condiciones de visibilidad, respuesta y movilización en las que compiten las campañas. El TSE, por su parte, no puede limitarse a exigir obediencia: debe construir una supervisión que sea rápida, demostrable y compatible con la libertad de expresión.
En una elección definida por márgenes estrechos, los fallos técnicos dejan de ser simples fallos técnicos. Cada bloqueo, cada demora y cada recomendación algorítmica puede modificar la conversación pública y alimentar la sospecha de que el voto se disputa también dentro de sistemas que los ciudadanos no pueden ver. El desafío brasileño consiste en someter ese poder a reglas verificables sin convertir la protección electoral en una autorización para controlar el debate político. La calidad democrática del balotaje dependerá tanto del resultado en las urnas como de la confianza en los mecanismos digitales que condujeron a los votantes hasta ellas.
