El próximo Gobierno de Brasil heredará una dificultad que ya no puede aplazarse: un déficit fiscal del 8,1% del PIB en una economía cuyo crecimiento pierde impulso. La combinación limita el margen para mantener el gasto, encarece la financiación del Estado y amenaza con convertir la política económica en el principal campo de batalla del próximo mandato. La advertencia, expresada con su habitual tono provocador por el presidente argentino Javier Milei, también aparece en el diagnóstico de O Globo: Brasil tendrá que acometer un ajuste fiscal para equilibrar sus cuentas.
El problema no se reduce a elegir entre gastar menos o recaudar más. Cualquier decisión afectará a una sociedad profundamente desigual y a una red de programas públicos de la que dependen decenas de millones de personas. La dificultad central consistirá en corregir el desequilibrio sin desarticular los mecanismos que sostienen el consumo de los hogares más vulnerables ni agravar las brechas regionales del país.
La factura llegará al siguiente mandato
Durante los últimos cuatro años, Luiz Inácio Lula da Silva impulsó una política económica expansiva y, en la fase electoral, acumuló subsidios, beneficios y desgravaciones fiscales. El coste de ese conjunto de medidas se sitúa alrededor de los 300.000 millones de reales, unos 52.000 millones de euros al cambio. Flávio Bolsonaro, rival político de Lula, eleva la estimación hasta 400.000 millones. La diferencia entre ambas cifras no altera la conclusión: se trata de compromisos que deberán financiarse.
Las vías disponibles son conocidas, aunque ninguna resulta políticamente inocua. Un recorte relevante del gasto puede afectar a servicios esenciales; una subida de impuestos puede frenar la actividad y aumentar la presión sobre empresas y consumidores; y una mezcla de ambas medidas exige una priorización que los candidatos, según la crítica de O Globo, evitaron explicar durante la campaña. Prometer nuevos beneficios sin identificar su fuente de financiación ha contribuido a ocultar el verdadero tamaño del ajuste que aguarda.
Qué gasto no puede desaparecer
El margen para recortar no es ilimitado. Marco Antonio Carvalho Teixeira, profesor del Departamento de Gestión Pública de la Fundación Getulio Vargas, advierte de que existe una estructura social que el Estado no puede desmontar sin provocar un coste humano y económico considerable. Entre los programas protegidos se encuentra Bolsa Familia, que transfiere renta a hogares en situación de pobreza o pobreza extrema y alcanza al 26,6% de la población, unos 56,3 millones de personas.
También forman parte de esa red el acceso a la universidad pública, el programa Farmacia Popular, que facilita medicamentos a precios reducidos, y Pé-de-meia, creado para ofrecer incentivos financieros a estudiantes y evitar el abandono escolar. Su alcance explica por qué un ajuste lineal sería especialmente arriesgado: reducir de forma indiscriminada estas partidas no solo afectaría al bienestar inmediato, sino que podría debilitar la formación, la salud y las posibilidades de movilidad social en el medio plazo.
El desafío, por tanto, no consiste únicamente en reducir el déficit, sino en cambiar la composición del gasto. La discusión decisiva será determinar qué compromisos son transferencias sociales esenciales, cuáles responden a intereses sectoriales y qué beneficios fiscales carecen de una justificación económica suficiente. Sin esa distinción, la austeridad podría concentrarse en quienes tienen menos capacidad para soportarla, mientras permanecen intactos privilegios con mayor capacidad de influencia política.
Un país de dos velocidades
La desigualdad territorial vuelve más compleja cualquier reforma. En el nordeste, la pobreza alcanza a casi la mitad de la población; en el sur, la tasa no supera el 12%. Brasil combina extensas zonas de favelas y servicios públicos deficientes con una industria aeroespacial competitiva, cuyo principal emblema es Embraer, y una economía que ocupa el noveno puesto mundial por tamaño. El mismo presupuesto nacional debe responder a realidades que parecen pertenecer a países distintos.
Los problemas enumerados por O Globo muestran que el déficit es solo una expresión de una crisis más amplia: sanidad y educación de baja calidad, violencia urbana, expansión del crimen organizado sobre territorios e instituciones, falta de vivienda, transporte insuficiente y carencias de saneamiento. A ello se suma un Estado presionado por intereses corporativos y regionales, incapaz de financiar todas las obligaciones que la Constitución establece pese a soportar una carga fiscal elevada.
Esta combinación reduce la eficacia de cualquier ajuste. Cuando los servicios públicos no funcionan, la población percibe los impuestos como un coste sin contraprestación; cuando el gasto social se recorta sin mejorar la administración, la consolidación fiscal pierde legitimidad; y cuando se mantienen promesas sin respaldo presupuestario, aumenta la desconfianza en las instituciones. La disciplina fiscal necesita, en ese contexto, una reforma de prioridades y de gestión, no solo una tijera contable.
El riesgo que llega desde los mercados
La urgencia aumenta porque el crecimiento previsto también se ha debilitado. El Fondo Monetario Internacional rebajó recientemente su previsión para Brasil en 2026 al 2,1%. Con menor expansión, los ingresos públicos crecen más despacio y la reducción del déficit depende en mayor medida de decisiones impopulares. Si los inversores consideran que el Gobierno carece de un plan creíble, pueden exigir intereses más altos para comprar deuda brasileña, encareciendo todavía más el servicio de las cuentas públicas.
El FMI ha advertido de que una tensión en los mercados internacionales podría desencadenar una huida hacia activos considerados seguros. Las economías emergentes quedarían expuestas a diferenciales soberanos más amplios, presiones sobre sus monedas y condiciones financieras internas más restrictivas. Para Brasil, una depreciación cambiaria puede aumentar el coste de bienes importados y alimentar la inflación, mientras unos tipos más elevados enfrían el crédito y la inversión.
El próximo Gobierno tendrá así que resolver una contradicción que la campaña electoral ha dejado en segundo plano: proteger una red social indispensable y, al mismo tiempo, recuperar la confianza en la solvencia del Estado. La salida no dependerá de un anuncio aislado, sino de la capacidad para construir un acuerdo político duradero sobre impuestos, subsidios, pensiones, servicios públicos y calidad del gasto. El déficit es la cifra visible; la verdadera prueba será decidir qué Brasil puede permitirse financiar y qué promesas tendrá que abandonar.
