El exdirector del Servicio General de Seguridad israelí (Shabak), Ronen Bar, ha demandado por difamación al primer ministro, Benjamín Netanyahu, y sostiene que este ignoró durante meses sus advertencias sobre el fortalecimiento de Hamas. La demanda, por tres millones de shékels —algo más de 862.000 euros—, convierte la disputa sobre las responsabilidades del ataque del 7 de octubre de 2023 en un litigio público, mientras Israel se acerca a las elecciones del 27 de octubre. Bar afirma que busca responder a acusaciones que, a su juicio, intentan atribuirle fallos que corresponden al jefe del Gobierno.
La controversia enfrenta dos relatos sobre las alertas previas y las decisiones políticas y operativas que precedieron a la ofensiva, en la que murieron 1.200 personas y 251 fueron secuestradas. Bar asegura que la verdad se conocerá en los tribunales ante la ausencia de una comisión estatal de investigación. Netanyahu, que podría solicitar inmunidad parlamentaria, ha calificado las denuncias de parte de una campaña política destinada a perjudicarle electoralmente.
Una disputa sobre las advertencias
En el escrito, Bar niega que pretenda eludir la parte de responsabilidad que corresponde al Shabak por el fallo de Inteligencia. Acusa a Netanyahu de publicar información difamatoria y selectiva para reescribir lo ocurrido y desentenderse de su propia responsabilidad. Según su versión, el primer ministro desatendió recomendaciones para golpear a Hamas, incluido su entonces líder, Yahia Sinwar, y sostuvo una política de “calma a cualquier precio” que redujo la capacidad de disuasión israelí en Gaza.
El Gobierno rechaza esa interpretación. Afirma que Bar busca justificar su fracaso y sostiene que los organismos de seguridad consideraban a Hamas disuadido en las semanas anteriores al ataque. Como indicio, señala que no hubo una preparación adecuada para una ofensiva inminente y recuerda que Sinwar favorecía acuerdos que permitían a unos 20.000 gazatíes trabajar en Israel. La ausencia de una alerta precisa, argumenta Netanyahu, contradice la idea de que se hubiera identificado un ataque concreto.
Más de veinte avisos, según Bar
La demanda enumera más de veinte comunicaciones desde noviembre de 2022, aunque, según Bar, ninguna fijó el lugar ni la fecha de un posible ataque. El 7 de noviembre de ese año advirtió que Sinwar coordinaba atentados en Cisjordania; en enero de 2023 señaló que buscaba una confrontación en varios frentes. En febrero alertó de que la fractura interna israelí y la inestabilidad palestina podían acercar al país a una “tormenta perfecta”.
En marzo, siempre según el exjefe del Shabak, comunicó que las alertas de atentados se habían triplicado y que Hamas se había convertido en el brazo militar de Irán. En mayo recomendó un ataque selectivo y describió a Sinwar como inmerso en un proceso “mesiánico”. El 23 de julio transmitió por el teléfono rojo una “alerta estratégica de guerra” y propuso una acción preventiva; el 29 de septiembre volvió a pedir que se atacara a los dirigentes de Hamas.
Bar sitúa esos avisos en un periodo marcado por protestas masivas contra la reforma judicial y por el deterioro de la relación de Netanyahu con los mandos de seguridad. El primer ministro, según el relato del exdirector, interpretaba algunas advertencias como intentos de frenar la reforma. La disputa judicial pone así el foco no solo en qué información circuló, sino también en cómo las tensiones políticas pudieron afectar a la evaluación de riesgos y a la respuesta estatal.
La madrugada del ataque, en el centro
Netanyahu ha respondido que Bar no lo despertó pese a los indicios recibidos durante la madrugada. Asegura que el exjefe tenía acceso al teléfono rojo y que una llamada a tiempo podría haber salvado vidas. Bar replica que el primer ministro llevaba meses en un estado de inacción y que él había transmitido información de Inteligencia a la secretaria militar del jefe del Gobierno. También niega que conversara esa noche con el jefe del ejército, pese a lo afirmado por Netanyahu.
El proceso puede aportar documentos y testimonios a una discusión que hasta ahora se desarrolla mediante acusaciones cruzadas. Pero una demanda por difamación no equivale a una investigación institucional del conjunto de fallos: el litigio deberá determinar si hubo publicaciones difamatorias, mientras quedan abiertas cuestiones más amplias sobre las alertas, las decisiones y la cadena de mando. Con los comicios próximos, el intercambio también tiene una dimensión política, aunque, por ahora, las revelaciones no parecen alterar los sondeos.
