Austria prepara una reforma de su sistema de asistencia social que modificaría por primera vez la forma de acceso de los refugiados a las prestaciones y establecería condiciones comunes para todas las personas en edad laboral. El proyecto, pactado por los tres partidos de la coalición de Gobierno —conservadores, socialdemócratas y liberales—, prevé que la ayuda completa dependa de la trayectoria de cotización, la participación en programas de empleo y, en el caso de los beneficiarios de asilo, del cumplimiento de obligaciones de integración lingüística y cultural.
La iniciativa todavía debe ser aprobada por el Parlamento, pero el Ejecutivo mantiene como objetivo que entre en vigor el 1 de enero de 2027. Su principal novedad consiste en abandonar el cobro automático del importe íntegro para quienes pueden trabajar. El Gobierno pretende convertir la prestación en un apoyo vinculado a la búsqueda activa de empleo y a la adquisición de competencias consideradas necesarias para la incorporación a la sociedad austriaca.
Una ayuda inicial diferenciada
Según la enmienda acordada, los ciudadanos austriacos con capacidad para trabajar recibirían un importe base de 1.016 euros. Las personas con derecho a asilo comenzarían con una prestación de 861 euros, una cuantía inferior que podría elevarse hasta el mismo nivel si acreditan el esfuerzo de integración exigido por la normativa.
Para acceder a ese complemento, los beneficiarios de asilo deberán demostrar, entre otros requisitos, que aprenden alemán y que asisten a cursos sobre los valores democráticos del país. La reforma contempla además una fase de observación obligatoria de cuatro meses. Durante ese periodo, el acceso al importe completo no sería posible, incluso aunque el beneficiario participe en las actividades previstas.
La diferencia inicial entre ambos importes introduce una distinción explícita basada en la situación jurídica de los perceptores. Sin embargo, el texto también establece una regla transversal: ninguna persona en edad de trabajar, con independencia de su nacionalidad, tendrá garantizada automáticamente la totalidad de la ayuda. El criterio central pasará a ser la combinación de necesidad económica, disposición para trabajar y cumplimiento de las obligaciones fijadas por los servicios públicos.
Empleo, cotizaciones y sanciones
El importe íntegro quedará reservado a quienes puedan demostrar que han cotizado previamente a la Seguridad Social o que participan activamente en los programas y cursos del Servicio Público de Empleo, conocido por sus siglas AMS. La fórmula pretende conectar la asistencia con el historial de contribución al sistema o con una incorporación efectiva a los mecanismos de formación y búsqueda de empleo.
La propuesta incluye un régimen de reducciones progresivas, aunque fija un primer recorte inmediato de al menos el 25% cuando el beneficiario no demuestre voluntad de trabajar o incumpla sus deberes de integración. En los casos más graves, la prestación podría suspenderse por completo. El alcance concreto de estas sanciones y los procedimientos para aplicarlas serán elementos decisivos durante la tramitación parlamentaria, especialmente para determinar cómo se evaluará la conducta de cada persona y qué garantías tendrá para recurrir una decisión.
Las exigencias de inserción laboral no se aplicarían a los menores, a las personas con una discapacidad que les impida trabajar, a los pensionistas ni a quienes tengan responsabilidades de cuidado familiar. Estas excepciones reconocen que la disponibilidad para el empleo no puede medirse del mismo modo en todos los hogares y que determinadas situaciones personales limitan objetivamente la capacidad de cumplir los requisitos.
El argumento del Gobierno
La ministra de Asuntos Sociales, la socialdemócrata Korinna Schumann, defendió este jueves en Viena el proyecto como un equilibrio entre protección y exigencia. “Proteger, exigir, ofrecer oportunidades: este es el criterio con el que medimos esta reforma”, afirmó, según la agencia local APA. La ministra añadió que la asistencia social “no es una limosna”, sino “la última red de seguridad” para quienes atraviesan dificultades.
La posición del Ejecutivo parte de una premisa doble. Por un lado, mantiene la función de la ayuda como garantía de subsistencia cuando una persona carece de recursos. Por otro, considera que las prestaciones deben favorecer la autonomía económica y la integración, evitando que el sistema se limite a compensar la falta de ingresos sin promover el acceso al empleo o el aprendizaje del idioma.
En el caso de los refugiados, el vínculo entre ayuda y participación en cursos de alemán o de educación cívica añade una dimensión específica. El idioma se presenta como una herramienta para acceder al mercado laboral y a los servicios públicos, mientras que los cursos sobre valores democráticos buscan establecer un marco común de convivencia. Al mismo tiempo, la aplicación de recortes por incumplimiento exigirá distinguir entre falta de voluntad, dificultades de acceso a los cursos y obstáculos derivados de la salud, la vivienda, el cuidado familiar o la disponibilidad real de empleos.
Un cambio pendiente de debate parlamentario
El acuerdo entre los socios de la coalición permite al Gobierno presentar una posición común, pero no completa el proceso legislativo. El Parlamento deberá examinar la reforma antes de su eventual entrada en vigor y podrá precisar los requisitos, las excepciones y las garantías asociadas a las sanciones. La fase parlamentaria será también el escenario en el que se valore si la diferencia inicial entre nacionales y beneficiarios de asilo es compatible con los principios de igualdad y con las obligaciones de protección aplicables.
Si se aprueba en los términos previstos, Austria contará desde enero de 2027 con un modelo en el que la ayuda social no dependerá únicamente de la nacionalidad o de la situación de necesidad. Para los refugiados, el acceso al nivel máximo combinará la integración lingüística y cultural con la disposición laboral; para el resto de las personas en edad de trabajar, la participación en el mercado laboral o en los programas del AMS será igualmente determinante. La reforma trasladará así buena parte del debate desde la cuantía de la prestación hacia la forma de acreditar la integración y la responsabilidad de las instituciones al aplicar las nuevas condiciones.
