Saltillo, Coahuila.— La audiencia relacionada con la muerte violenta de Rocky fue diferida y dejó a Dignidad Animal con una doble exigencia: que el proceso penal avance dentro del plazo de investigación complementaria y que las autoridades entreguen el cuerpo del canino para darle sepultura digna. La organización sostiene que no fue notificada formalmente de la cancelación, aunque presentó la denuncia correspondiente.
Durante la tarde de este jueves, un grupo de activistas acudió a los juzgados del Poder Judicial, donde estaba programado un acto procesal relacionado con el caso. Sin embargo, la audiencia había sido cancelada desde el miércoles. Posteriormente, los integrantes de la asociación recibieron la información de que la abogada defensora de la imputada, identificada como Liliana “N”, solicitó el diferimiento.
El activista Juan José Cornejo, representante de Dignidad Animal, señaló que la petición central es evitar que el caso pierda continuidad. “Lo que estamos pidiendo nosotros nada más es que se continúe con el proceso, que se llegue al término de los tres meses de investigación y que la justicia llegue a quien debe llegar”, declaró.
La notificación se convierte en el primer reclamo
Al confirmar que la audiencia no se realizaría, los activistas acudieron a la Fiscalía General de Justicia para solicitar información sobre el avance de la causa penal y pedir que se les informe de los movimientos y actos procesales posteriores. Para la organización, el problema no se limita al cambio de fecha: también implica que quienes interpusieron la denuncia conocieron la suspensión sin recibir una comunicación oficial.
Ante el reclamo, un representante de la Fiscalía en la Región Sureste se comprometió a que la Dirección de Asuntos Penales notificará a los integrantes de Dignidad Animal sobre las actuaciones subsecuentes. El compromiso atiende la falta de comunicación señalada por los activistas, aunque hasta el momento no se informó una nueva fecha para la audiencia. Esa fecha será el dato que permita medir si el proceso retoma el ritmo previsto.
La medida cautelar permanece vigente
Respecto a la situación jurídica de Liliana “N”, Cornejo confirmó que la imputada continúa privada de la libertad bajo la medida cautelar de prisión preventiva. La defensa había planteado una posible inimputabilidad relacionada con padecimientos de salud mental, pero ese argumento no ha modificado, hasta ahora, la medida impuesta.
Dignidad Animal pidió que el procedimiento continúe y que se mantengan las medidas cautelares durante los tres meses establecidos para la investigación complementaria. La prisión preventiva no representa una sentencia definitiva ni determina por sí misma la responsabilidad penal; su permanencia refleja únicamente el estado cautelar vigente mientras el expediente avanza hacia las siguientes etapas.
Dos meses en el Semefo y una solicitud de custodia
En paralelo al proceso contra la imputada, el cuerpo de Rocky permanece desde hace aproximadamente dos meses en las instalaciones del Servicio Médico Forense. La Fiscalía notificó al propietario legal del canino para que acudiera a recoger los restos, pero hasta ahora no se ha presentado.
Ante esa ausencia, Dignidad Animal prepara un escrito formal para solicitar la entrega del cuerpo y asumir su custodia. La petición busca resolver una situación que permanece pendiente mientras se desarrolla la investigación: que Rocky tenga un lugar de descanso y que la organización pueda encargarse de una sepultura digna. La entrega, sin embargo, aún depende de la respuesta de las autoridades y no puede darse por autorizada.
El caso avanza por dos vías pendientes
La causa enfrenta así dos asuntos que deberán resolverse de manera coordinada. En el plano penal, se requiere una nueva fecha para la audiencia, el cumplimiento del periodo de investigación complementaria y, posteriormente, una decisión judicial. En el plano relacionado con los restos, la Fiscalía deberá responder a la solicitud de custodia y definir si la organización puede hacerse cargo del cuerpo.
Dignidad Animal informó que, una vez que la jueza dicte una sentencia definitiva, evaluará si el fallo se apega a derecho o si continuará con movilizaciones para exigir justicia por la muerte de Rocky. Por ahora, la notificación efectiva de las próximas actuaciones y la respuesta sobre la entrega de los restos son los dos indicadores inmediatos de continuidad para un caso que ha mantenido activa la exigencia pública de protección animal.
