La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires calificó como un hecho de “gravedad institucional” el presunto plan organizado desde dos cárceles bonaerenses para asesinar a la fiscal de la UFI Boulogne, María Paula Hertrig. El caso no solo expone una amenaza directa contra una funcionaria que había intervenido en la detención de dos presuntos líderes de una banda de entraderas: también revela la capacidad de personas privadas de su libertad para conservar contactos, acceder a información sensible y coordinar acciones contra integrantes del sistema judicial.
El pronunciamiento fue firmado en La Plata por el presidente de la entidad, Nicolás Schiavo, y la secretaria, Gabriela Topalian. La organización reclamó una respuesta firme del Estado y una investigación exhaustiva, al considerar que la planificación de ataques contra funcionarios judiciales excede el daño individual que pudiera sufrir una víctima concreta. Según planteó, este tipo de conductas puede comprometer la independencia y el normal funcionamiento de las instituciones encargadas de administrar justicia.
Una investigación que comenzó con un teléfono secuestrado
La maniobra fue descubierta de manera fortuita durante el análisis de un teléfono incautado en una causa anterior. En los mensajes examinados, Martín Darío Rettori, de 42 años, le habría enviado a Ariel Ernesto Libertini, de 47, números personales de Hertrig, de su pareja y de su padre. También aparecían datos sobre sus vehículos y fotografías de su domicilio, elementos que, en conjunto, permitían reconstruir rutinas y puntos de vulnerabilidad de la fiscal.
Uno de los audios incorporados a la investigación contenía una amenaza explícita contra la funcionaria. El material hacía referencia a la posibilidad de atacarla al salir de su casa y mencionaba los vehículos que utilizaba. La gravedad del contenido llevó a profundizar el análisis de los dispositivos y de las comunicaciones de los imputados, con el objetivo de determinar si se trataba de una expresión aislada o de un plan con capacidad concreta de ejecución.
El expediente también incorporó un dato vinculado con el uso de inteligencia artificial. El análisis forense de un iPhone registrado a nombre de la hija de Rettori detectó que el 27 de marzo de 2025 alguien había consultado ChatGPT para solicitar una imagen de la fiscal. La instrucción judicial concluyó que la búsqueda habría sido realizada por pedido del propio imputado, quien utilizaba ese aparato mientras permanecía prófugo. El episodio muestra cómo herramientas digitales de uso cotidiano pueden incorporarse a una estrategia de identificación y seguimiento de una víctima.
El apartamiento de Hertrig y la reconstrucción del operativo
Después de conocer los elementos reunidos, Hertrig se apartó de la causa el 25 de agosto de 2025. La decisión buscó preservar la investigación y evitar que la fiscal amenazada continuara interviniendo directamente en un expediente en el que aparecían indicios dirigidos contra ella. El fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, tomó entonces el caso y ordenó intervenir las líneas de los imputados.
Las escuchas fueron analizadas durante meses por personal de la fiscalía y por la Dirección Departamental de Investigaciones de San Isidro. Ese trabajo permitió establecer, según la acusación, que las amenazas no constituían únicamente una reacción verbal frente a la actuación judicial, sino que formaban parte de una planificación más amplia. La investigación debía determinar además quiénes podían colaborar desde el exterior y qué grado de avance había alcanzado el supuesto complot.
Con las pruebas reunidas, el titular del Juzgado de Garantías número 1 de San Isidro, Ricardo Costa, autorizó allanamientos simultáneos en los establecimientos donde estaban alojados los sospechosos. En la Unidad Carcelaria número 21 de Campana, donde se encontraba Libertini, fueron secuestrados dos teléfonos y se dispuso su aprehensión. En la Unidad Carcelaria número 31 de Florencio Varela, de máxima seguridad, donde estaba detenido Rettori, se incautó un tercer dispositivo y también se concretó su detención. En total, quedaron bajo análisis tres celulares considerados relevantes para la causa.
La prisión como punto de coordinación
Rettori y Libertini se encontraban en prisión preventiva y son señalados como líderes de una banda dedicada a cometer entraderas. La condición de detenidos no impidió, de acuerdo con la pesquisa, que conservaran acceso a teléfonos y pudieran intercambiar información sobre la fiscal. Ese aspecto constituye uno de los puntos más sensibles del expediente: la amenaza habría sido organizada desde establecimientos penitenciarios, lo que plantea interrogantes sobre los controles internos, el ingreso y circulación de dispositivos y la posibilidad de sostener redes operativas detrás de los muros carcelarios.
La existencia de teléfonos dentro de las unidades penitenciarias no demuestra por sí sola que una agresión haya estado próxima a concretarse. Sin embargo, la combinación de datos personales, fotografías, referencias a vehículos, comunicaciones entre dos detenidos y una consulta destinada a obtener una imagen de la víctima ofrece una secuencia que la Justicia debe valorar de manera integral. La diferencia entre una amenaza genérica y una preparación operativa reside precisamente en la acumulación de información concreta y en la capacidad de convertirla en una acción.
Por qué el caso excede a una víctima
La Red de Jueces Penales sostuvo que la independencia judicial no es un privilegio de magistrados, fiscales o empleados del sistema, sino una garantía de la ciudadanía. El argumento tiene una consecuencia institucional directa: si una fiscal modifica su actuación por temor a represalias, la presión no afecta solamente a esa funcionaria, sino también la igualdad ante la ley y la posibilidad de investigar delitos sin interferencias.
El comunicado expresó solidaridad con Hertrig, su familia y los integrantes del Ministerio Público, y reafirmó la necesidad de un Poder Judicial capaz de ejercer sus funciones sin amenazas, intimidaciones ni violencia. La respuesta estatal deberá abarcar tanto el esclarecimiento penal de los hechos como la revisión de los mecanismos de seguridad destinados a proteger a fiscales, jueces y sus allegados. El expediente pone así en discusión una vulnerabilidad concreta: la protección de quienes investigan a organizaciones criminales debe continuar fuera de la sala de audiencias y alcanzar también sus datos personales, sus comunicaciones y su entorno familiar.
