El Parlamento federal alemán aprobó un plan para ingresar 10 euros mensuales en una cuenta de ahorro destinada a la futura jubilación de los menores de entre 6 y 18 años que residan y estén escolarizados en el país. La medida, respaldada por el bloque conservador del canciller Friedrich Merz y sus socios socialdemócratas, se aplicará retroactivamente a los nacidos desde 2020. El dinero quedará invertido hasta la edad ordinaria de jubilación, fijada actualmente en 67 años, y sus rendimientos estarán exentos de impuestos.
La aportación pública se ingresará cada trimestre en una cuenta abierta por los padres, que podrán añadir fondos propios junto con otros familiares o tutores. Según los cálculos del Gobierno, al cumplir 18 años cada beneficiario podría haber acumulado alrededor de 2.000 euros, aunque la cifra dependerá del rendimiento de las inversiones. La cantidad no estará disponible al llegar a la mayoría de edad: el diseño busca mantenerla reservada para la vejez.
Un complemento, no una solución al sistema
La denominada pensión anticipada es la parte menos controvertida del paquete de reformas con el que Merz pretende asegurar la sostenibilidad del sistema de jubilaciones. Su aportación inmediata es limitada: diez euros al mes durante un máximo de doce años suponen 1.440 euros de capital público por menor, antes de considerar rendimientos y aportes adicionales. El Gobierno presenta la inversión prolongada y la exención fiscal como vías para aumentar ese saldo, pero su valor final dependerá de la evolución financiera durante décadas.
El alcance de la medida también está acotado por sus requisitos: beneficia a menores residentes y escolarizados en Alemania, y exige que sus responsables creen y administren una cuenta. La participación de padres, abuelos u otros tutores puede elevar el ahorro, pero hará que los saldos finales varíen entre familias. Por eso, el programa introduce un punto de partida financiado por el Estado, no una garantía de que todos los jóvenes lleguen a la jubilación con cantidades equivalentes.
La reforma sigue bajo presión política
El plan infantil avanza junto a cambios de mayor impacto y más difíciles de acordar. Las propuestas de recortar prestaciones sociales han provocado fricciones entre los conservadores y sus socios socialdemócratas. La tensión alcanzó esta semana al Gobierno tras la dimisión de Bärbel Bas como ministra de Trabajo y Asuntos Sociales y copresidenta del Partido Socialdemócrata; Alexander Schweitzer, exdirigente de Renania-Palatinado, fue designado para sucederla.
Entre los puntos más sensibles figura la intención de eliminar la jubilación a los 63 años sin recortes, disponible hasta ahora para quienes acrediten 45 años cotizados. La propuesta genera resistencia también dentro del campo conservador y se vincula al descontento que los sondeos reflejan en el este del país, donde las pensiones suelen ser inferiores a las del oeste. La aprobación de una cuenta infantil permite mostrar un componente de ahorro a largo plazo, pero no despeja el conflicto central: cómo repartir el coste de sostener las pensiones entre generaciones, trabajadores y Estado.
