Alberta celebra este martes un referéndum no vinculante sobre la independencia, una consulta sin efectos jurídicos inmediatos pero con un fuerte impacto político. La pregunta decidirá si la provincia inicia el proceso previsto por la Constitución para convocar en el futuro una votación vinculante. Las encuestas apuntan a una mayoría cercana al 70% partidaria de seguir en Canadá, frente a alrededor de un 25% favorable a la secesión.
Una consulta con consecuencias
La primera ministra provincial, Danielle Smith, sostiene que la votación permitirá conocer la voluntad de los habitantes y reforzar la posición de Alberta ante Ottawa. El referéndum llega en un contexto de bajos precios del petróleo, malestar por la redistribución fiscal y críticas a la burocracia federal. La consulta también aborda inmigración, acceso a servicios públicos, residencia mínima para personas con estatus temporal y la posible abolición del Senado federal.
El independentismo de Alberta combina reivindicaciones económicas con una visión libertaria y una mayor proximidad política a Estados Unidos. Parte de su base procede de las protestas contra las restricciones sanitarias y del movimiento Freedom Convoy de 2022, que comparte con el trumpismo la desconfianza hacia las élites, el rechazo a las políticas climáticas y la exigencia de recuperar control político.
La unidad como problema nacional
La crisis no se limita a Alberta. Quebec, que celebró referendos soberanistas en 1980 y 1995, vuelve a estar gobernado por un partido separatista dispuesto a convocar una tercera consulta. Sin embargo, ambos movimientos persiguen objetivos distintos: Quebec defiende una identidad lingüística y cultural propia; Alberta basa su proyecto en una promesa de mayor prosperidad económica, difícil de sostener si la ruptura provoca costes inmediatos.
El Gobierno de Mark Carney enfrenta así una contradicción central. Las amenazas comerciales y territoriales de Donald Trump han reforzado el valor de la cohesión canadiense, pero también han agravado la ansiedad económica y la desconfianza interna. Incluso una clara derrota del separatismo no cerraría el conflicto: la votación puede convertirse en una herramienta permanente de presión sobre Ottawa y en el prólogo de una disputa constitucional prolongada.
