Los votantes de Alberta rechazaron iniciar un proceso legal que podría haber conducido a una consulta sobre la separación de Canadá. Con más de un millón de papeletas escrutadas, alrededor del 76 % apoyó permanecer en el país, frente al 23 % favorable a abrir la vía independentista. El resultado refuerza, al menos por ahora, la unidad canadiense en una provincia marcada por el descontento con Ottawa.
Una victoria política en un momento sensible
La votación representa un respaldo para el primer ministro Mark Carney, que convirtió la defensa de la unidad nacional en un eje de su campaña en Alberta. Sus llamamientos coincidieron con la guerra comercial impulsada por Donald Trump y con sus amenazas de anexionar Canadá, un contexto que hizo más visible el coste estratégico de una fractura interna. Para muchos votantes, la presión exterior favoreció una respuesta de cohesión nacional.
La primera ministra provincial, Danielle Smith, convocó el referéndum presionada por los sectores separatistas de su propio Partido Conservador Unido, aunque ella se opone a la independencia. Su decisión buscaba contener una corriente que, pese a haber sido marginal durante años, ha ganado fuerza entre activistas movilizados por el rechazo a las restricciones de la pandemia y por las disputas sobre la distribución de recursos, competencias y rentas energéticas.
El resultado no elimina ese malestar. Alberta posee grandes reservas de petróleo y mantiene una identidad política conservadora, rural y muy diferenciada de otras regiones del país. Los dirigentes independentistas ya han presentado el 23 % obtenido como la base de un movimiento permanente, mientras algunos exdirigentes conservadores advierten de que la cuestión podría provocar una división partidista. La consulta, por tanto, cierra la puerta a un proceso inmediato, pero no resuelve el conflicto territorial que la originó.
La participación superó los 1,35 millones de personas, equivalentes al 43 % del electorado con derecho a voto. El recuento se retrasó por problemas en la apertura de más de un centenar de colegios, obligados a ampliar su horario. Para los defensores de la unidad, la mayoría ofrece un mandato claro; para los separatistas, confirma que la independencia ha dejado de ser una causa testimonial.
