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FAES distingue a tres opositoras que convierten la libertad en una causa compartidaRosa María Payá, Masih Alinejad y Yulia Navalnaya recibieron el XIII Premio FAES de la Libertad por su defensa de los derechos de sus pueblos. La ceremonia reunió a tres mujeres vinculadas a realidades políticas distintas —Cuba, Irán y Rusia— y situó en primer plano una idea común: la resistencia frente al autoritarismo no queda confinada a las fronteras de cada país.El presidente de FAES y expresidente del Gobierno español, José María Aznar, entregó el galardón. La apertura corrió a cargo de Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores y miembro del Patronato de la fundación, quien definió el premio como una afirmación de que “las ideas cuentan”. También intervino Javier Zarzalejos, eurodiputado y director de FAES.Tres discursos, una apelación a no cederNavalnaya pidió esperanza y unidad. “Siempre habrá gente valiente que se enfrente a los dictadores. Debemos permanecer juntos y unirnos unos a otros”, afirmó al recibir la distinción, dirigiéndose también a las otras premiadas. Su intervención adquiere un significado particular porque, tras la muerte de su esposo, el opositor ruso Alekséi Navalni, en 2024, ella se ha convertido en una de las principales voces de la oposición democrática rusa.Payá, de 37 años y la más joven de las galardonadas, rechazó que la espera pueda trasladarse indefinidamente a otra generación: “No voy a pedir a otra generación que siga esperando”. Sostuvo que Cuba está más cerca de la libertad de lo que muchos creen y vinculó la salida de la crisis humanitaria al fin de la dictadura. En homenaje a su padre, el opositor Oswaldo Payá, llamó a completar la tarea iniciada por personas como él. “La noche no será eterna”, dijo, evocando el libro póstumo de su padre y describiendo a Cuba “a instantes del amanecer”.Masih Alinejad, defensora de los derechos de las mujeres iraníes exiliada en Estados Unidos, hizo de su intervención una imagen de protesta: con una flor en el pelo, arrojó al suelo un velo y gritó “Mujer, vida y libertad”. Su advertencia amplió el marco más allá de Irán: las dictaduras, sostuvo, no permanecen en un solo país, sino que “infectan al resto del mundo”. Alinejad es una de las voces destacadas en la denuncia de las violaciones de derechos humanos atribuidas al régimen iraní.Trayectorias distintas, un mismo terreno de disputaLas tres premiadas no representan una experiencia política idéntica. Navalnaya habla desde la oposición rusa tras la muerte de Navalni; Payá es una de las figuras más visibles de la oposición cubana en el exterior y promueve la iniciativa Cuba Decide; Alinejad centra su activismo en los derechos de las mujeres y la denuncia del poder iraní. La ceremonia las reunió no por la uniformidad de sus causas, sino por el desafío cívico que comparten: sostener la expresión pública y la demanda de derechos frente a gobiernos autoritarios.Ese vínculo común también explica el énfasis de Palacio en las “tres formas de represión” y en una aspiración compartida de libertad. La coincidencia entre los discursos no elimina las diferencias entre los sistemas políticos ni permite equiparar sus circunstancias. Sí muestra cómo el premio propone leer las luchas nacionales dentro de un horizonte más amplio: la defensa de las libertades puede establecer solidaridades entre oposiciones que actúan en contextos separados.Un premio que busca dar continuidad a esa memoriaFAES presenta el reconocimiento como un homenaje a la resistencia cívica. Aznar elogió el ejemplo de las tres mujeres y recordó la trayectoria del galardón, creado en 2009. Entre quienes lo han recibido figuran don Juan Carlos, Margaret Thatcher, Shimon Peres, Mario Vargas Llosa, Enrique Krauze, Giovanni Sartori, el National Democratic Institute y el International Republican Institute, además de la OTAN, Luis Almagro, Juan Guaidó, Guy Sorman y Josep Piqué.La distinción no cambia por sí misma las condiciones en que actúan las opositoras ni resuelve las crisis que denuncian. Su efecto es otro: dar visibilidad internacional a sus mensajes y presentarlos como parte de una conversación política compartida. Las palabras de Navalnaya sobre la unidad, la negativa de Payá a prolongar la espera y la advertencia de Alinejad sobre el alcance transnacional de la represión trazaron, desde experiencias concretas, una misma conclusión: la libertad se sostiene tanto en la resistencia dentro de cada país como en la capacidad de reconocer y respaldar esas luchas más allá de él.
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FAES distingue a tres opositoras que convierten la libertad en una causa compartidaRosa María Payá, Masih Alinejad y Yulia Navalnaya recibieron el XIII Premio FAES de la Libertad por su defensa de los derechos de sus pueblos. La ceremonia reunió a tres mujeres vinculadas a realidades políticas distintas —Cuba, Irán y Rusia— y situó en primer plano una idea común: la resistencia frente al autoritarismo no queda confinada a las fronteras de cada país.El presidente de FAES y expresidente del Gobierno español, José María Aznar, entregó el galardón. La apertura corrió a cargo de Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores y miembro del Patronato de la fundación, quien definió el premio como una afirmación de que “las ideas cuentan”. También intervino Javier Zarzalejos, eurodiputado y director de FAES.Tres discursos, una apelación a no cederNavalnaya pidió esperanza y unidad. “Siempre habrá gente valiente que se enfrente a los dictadores. Debemos permanecer juntos y unirnos unos a otros”, afirmó al recibir la distinción, dirigiéndose también a las otras premiadas. Su intervención adquiere un significado particular porque, tras la muerte de su esposo, el opositor ruso Alekséi Navalni, en 2024, ella se ha convertido en una de las principales voces de la oposición democrática rusa.Payá, de 37 años y la más joven de las galardonadas, rechazó que la espera pueda trasladarse indefinidamente a otra generación: “No voy a pedir a otra generación que siga esperando”. Sostuvo que Cuba está más cerca de la libertad de lo que muchos creen y vinculó la salida de la crisis humanitaria al fin de la dictadura. En homenaje a su padre, el opositor Oswaldo Payá, llamó a completar la tarea iniciada por personas como él. “La noche no será eterna”, dijo, evocando el libro póstumo de su padre y describiendo a Cuba “a instantes del amanecer”.Masih Alinejad, defensora de los derechos de las mujeres iraníes exiliada en Estados Unidos, hizo de su intervención una imagen de protesta: con una flor en el pelo, arrojó al suelo un velo y gritó “Mujer, vida y libertad”. Su advertencia amplió el marco más allá de Irán: las dictaduras, sostuvo, no permanecen en un solo país, sino que “infectan al resto del mundo”. Alinejad es una de las voces destacadas en la denuncia de las violaciones de derechos humanos atribuidas al régimen iraní.Trayectorias distintas, un mismo terreno de disputaLas tres premiadas no representan una experiencia política idéntica. Navalnaya habla desde la oposición rusa tras la muerte de Navalni; Payá es una de las figuras más visibles de la oposición cubana en el exterior y promueve la iniciativa Cuba Decide; Alinejad centra su activismo en los derechos de las mujeres y la denuncia del poder iraní. La ceremonia las reunió no por la uniformidad de sus causas, sino por el desafío cívico que comparten: sostener la expresión pública y la demanda de derechos frente a gobiernos autoritarios.Ese vínculo común también explica el énfasis de Palacio en las “tres formas de represión” y en una aspiración compartida de libertad. La coincidencia entre los discursos no elimina las diferencias entre los sistemas políticos ni permite equiparar sus circunstancias. Sí muestra cómo el premio propone leer las luchas nacionales dentro de un horizonte más amplio: la defensa de las libertades puede establecer solidaridades entre oposiciones que actúan en contextos separados.Un premio que busca dar continuidad a esa memoriaFAES presenta el reconocimiento como un homenaje a la resistencia cívica. Aznar elogió el ejemplo de las tres mujeres y recordó la trayectoria del galardón, creado en 2009. Entre quienes lo han recibido figuran don Juan Carlos, Margaret Thatcher, Shimon Peres, Mario Vargas Llosa, Enrique Krauze, Giovanni Sartori, el National Democratic Institute y el International Republican Institute, además de la OTAN, Luis Almagro, Juan Guaidó, Guy Sorman y Josep Piqué.La distinción no cambia por sí misma las condiciones en que actúan las opositoras ni resuelve las crisis que denuncian. Su efecto es otro: dar visibilidad internacional a sus mensajes y presentarlos como parte de una conversación política compartida. Las palabras de Navalnaya sobre la unidad, la negativa de Payá a prolongar la espera y la advertencia de Alinejad sobre el alcance transnacional de la represión trazaron, desde experiencias concretas, una misma conclusión: la libertad se sostiene tanto en la resistencia dentro de cada país como en la capacidad de reconocer y respaldar esas luchas más allá de él.

FAES distingue a tres opositoras que convierten la libertad en una causa compartidaRosa María Payá, Masih Ali

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16 octubre, 2026
La regularización española aviva el pulso migratorio entre los líderes de la UEDinamarca, Polonia e Italia buscan que las conclusiones del Consejo Europeo incluyan referencias a la inmigración irregular, a los riesgos de medidas que puedan incentivar nuevas llegadas y a una mayor coordinación de la Comisión Europea. La iniciativa sitúa en el debate la regularización impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque el texto final de la cumbre aún está sujeto a negociación.La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, planteó la crítica más directa. Sostuvo que permitir la permanencia legal de personas que entraron irregularmente puede contradecir la orientación migratoria respaldada por una mayoría de gobiernos europeos y pidió a la Comisión examinar la cuestión. También quiere que las conclusiones relacionen la migración irregular con la criminalidad y la califiquen como delito, formulaciones que podrían ser objeto de discusión entre los Estados miembros.Una discusión sobre normas y señales políticasEl desacuerdo no se limita a la regularización española. Los tres países promotores quieren que la UE refuerce su respuesta frente a las entradas irregulares y dé más capacidad a Bruselas para coordinar las políticas nacionales. En el fondo hay dos cuestiones distintas: qué margen conserva cada Estado para decidir sobre las personas que ya están en su territorio y hasta dónde pueden los gobiernos europeos armonizar medidas sobre fronteras, asilo y retorno.La preocupación por un posible «efecto llamada» expresa una hipótesis política: que la regularización pueda influir en las decisiones de quienes migran o de las redes que facilitan sus desplazamientos. El material disponible no aporta datos que permitan medir ese efecto ni establecer una relación causal. Por eso, cualquier conclusión común que presente esa relación como probada iría más allá de la evidencia expuesta en el debate y convertiría una valoración política en una afirmación empírica.Frederiksen y Meloni endurecen el tonoFrederiksen, dirigente socialista, ha adoptado una de las posiciones más restrictivas de Europa en materia migratoria. Su coincidencia partidista con Sánchez no ha impedido que cuestione sus decisiones: en esta discusión, el eje principal es la política migratoria, no la proximidad entre familias políticas. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, puso el acento en prevenir llegadas irregulares masivas, combatir la explotación de migrantes y aplicar el nuevo marco regulatorio europeo.Meloni pidió mantener una vigilancia elevada en las fronteras exteriores y vinculó la prevención de la migración irregular con los riesgos de seguridad. Sus declaraciones se producen después de que, según la noticia, se anunciara la apertura de negociaciones para levantar controles fronterizos en puertos y aeropuertos tras los sucesos de Ceuta. La coexistencia de contactos bilaterales y críticas públicas muestra que una posible normalización entre gobiernos no elimina las diferencias sobre el rumbo de la política migratoria.La respuesta de Bruselas y la vía de los retornosEl presidente del Consejo Europeo, António Costa, intentó rebajar la tensión con un argumento basado en los resultados: afirmó que los cruces irregulares de las fronteras exteriores de la Unión están en su nivel más bajo desde 2021 y que el enfoque integral europeo está dando frutos. Ese dato aporta contexto, pero no resuelve por sí solo la disputa: una reducción de cruces no determina qué políticas han contribuido a ella ni zanja el debate sobre regularizaciones, seguridad o reparto de competencias.Antes de la cumbre oficial, varios gobiernos mantuvieron una reunión informal para intercambiar propuestas de gestión migratoria. Entre los asuntos tratados figuraron la prevención de llegadas masivas, la explotación de migrantes y la aplicación del marco europeo, con especial atención a centros de deportación en terceros países. La noticia habla de 17 participantes, pero la lista que proporciona contiene 18 países; esa discrepancia impide dar por cerrado el recuento sin información adicional.Una acusación que amplía la controversiaEl primer ministro checo, Andrej Babiš, atacó al Gobierno español con una afirmación según la cual algunos políticos aceptarían sustituir a la población por inmigrantes para conservar el poder. Es una acusación política que el texto no acompaña de pruebas y que no debe confundirse con una descripción acreditada de la política española. Su intervención eleva el coste diplomático del debate y desplaza la discusión desde medidas concretas hacia imputaciones sobre las motivaciones de los gobiernos.El resultado de la negociación europea dependerá de si los líderes logran acordar un lenguaje común sin convertir las conclusiones en una censura unilateral a España. Una condena explícita de la regularización podría tensar las relaciones entre socios y hacer más difícil coordinar políticas futuras; una fórmula centrada en cooperación y aplicación de normas comunes dejaría más espacio a las decisiones nacionales. La diferencia importa: una declaración política puede fijar prioridades, pero no sustituye por sí misma los procedimientos jurídicos ni demuestra el efecto de una medida determinada.
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La regularización española aviva el pulso migratorio entre los líderes de la UEDinamarca, Polonia e Italia buscan que las conclusiones del Consejo Europeo incluyan referencias a la inmigración irregular, a los riesgos de medidas que puedan incentivar nuevas llegadas y a una mayor coordinación de la Comisión Europea. La iniciativa sitúa en el debate la regularización impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque el texto final de la cumbre aún está sujeto a negociación.La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, planteó la crítica más directa. Sostuvo que permitir la permanencia legal de personas que entraron irregularmente puede contradecir la orientación migratoria respaldada por una mayoría de gobiernos europeos y pidió a la Comisión examinar la cuestión. También quiere que las conclusiones relacionen la migración irregular con la criminalidad y la califiquen como delito, formulaciones que podrían ser objeto de discusión entre los Estados miembros.Una discusión sobre normas y señales políticasEl desacuerdo no se limita a la regularización española. Los tres países promotores quieren que la UE refuerce su respuesta frente a las entradas irregulares y dé más capacidad a Bruselas para coordinar las políticas nacionales. En el fondo hay dos cuestiones distintas: qué margen conserva cada Estado para decidir sobre las personas que ya están en su territorio y hasta dónde pueden los gobiernos europeos armonizar medidas sobre fronteras, asilo y retorno.La preocupación por un posible «efecto llamada» expresa una hipótesis política: que la regularización pueda influir en las decisiones de quienes migran o de las redes que facilitan sus desplazamientos. El material disponible no aporta datos que permitan medir ese efecto ni establecer una relación causal. Por eso, cualquier conclusión común que presente esa relación como probada iría más allá de la evidencia expuesta en el debate y convertiría una valoración política en una afirmación empírica.Frederiksen y Meloni endurecen el tonoFrederiksen, dirigente socialista, ha adoptado una de las posiciones más restrictivas de Europa en materia migratoria. Su coincidencia partidista con Sánchez no ha impedido que cuestione sus decisiones: en esta discusión, el eje principal es la política migratoria, no la proximidad entre familias políticas. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, puso el acento en prevenir llegadas irregulares masivas, combatir la explotación de migrantes y aplicar el nuevo marco regulatorio europeo.Meloni pidió mantener una vigilancia elevada en las fronteras exteriores y vinculó la prevención de la migración irregular con los riesgos de seguridad. Sus declaraciones se producen después de que, según la noticia, se anunciara la apertura de negociaciones para levantar controles fronterizos en puertos y aeropuertos tras los sucesos de Ceuta. La coexistencia de contactos bilaterales y críticas públicas muestra que una posible normalización entre gobiernos no elimina las diferencias sobre el rumbo de la política migratoria.La respuesta de Bruselas y la vía de los retornosEl presidente del Consejo Europeo, António Costa, intentó rebajar la tensión con un argumento basado en los resultados: afirmó que los cruces irregulares de las fronteras exteriores de la Unión están en su nivel más bajo desde 2021 y que el enfoque integral europeo está dando frutos. Ese dato aporta contexto, pero no resuelve por sí solo la disputa: una reducción de cruces no determina qué políticas han contribuido a ella ni zanja el debate sobre regularizaciones, seguridad o reparto de competencias.Antes de la cumbre oficial, varios gobiernos mantuvieron una reunión informal para intercambiar propuestas de gestión migratoria. Entre los asuntos tratados figuraron la prevención de llegadas masivas, la explotación de migrantes y la aplicación del marco europeo, con especial atención a centros de deportación en terceros países. La noticia habla de 17 participantes, pero la lista que proporciona contiene 18 países; esa discrepancia impide dar por cerrado el recuento sin información adicional.Una acusación que amplía la controversiaEl primer ministro checo, Andrej Babiš, atacó al Gobierno español con una afirmación según la cual algunos políticos aceptarían sustituir a la población por inmigrantes para conservar el poder. Es una acusación política que el texto no acompaña de pruebas y que no debe confundirse con una descripción acreditada de la política española. Su intervención eleva el coste diplomático del debate y desplaza la discusión desde medidas concretas hacia imputaciones sobre las motivaciones de los gobiernos.El resultado de la negociación europea dependerá de si los líderes logran acordar un lenguaje común sin convertir las conclusiones en una censura unilateral a España. Una condena explícita de la regularización podría tensar las relaciones entre socios y hacer más difícil coordinar políticas futuras; una fórmula centrada en cooperación y aplicación de normas comunes dejaría más espacio a las decisiones nacionales. La diferencia importa: una declaración política puede fijar prioridades, pero no sustituye por sí misma los procedimientos jurídicos ni demuestra el efecto de una medida determinada.

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16 octubre, 2026
Costa Rica inaugura una megacárcel mientras persiste la presión del narcotráficoLa presidenta Laura Fernández inauguró el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una prisión con capacidad para 5.100 personas que busca aislar a los delincuentes considerados más peligrosos. La decisión coloca en el centro de la política de seguridad costarricense una estrategia de control penitenciario inspirada en el modelo aplicado por Nayib Bukele en El Salvador. Su eficacia, sin embargo, dependerá de algo más que el tamaño del establecimiento: de la capacidad de reducir la violencia fuera de sus muros y debilitar las redes que la sostienen.Una cárcel de gran escala en un país bajo presiónLa apertura del CACCO llega después de años de deterioro de los indicadores de seguridad. Costa Rica registró más de 900 homicidios en 2023, entonces su máximo histórico, con una tasa de 17,2 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Los niveles se mantuvieron similares en 2024 y 2025; este último año cerró con 873 homicidios. Las cifras describen una presión persistente, vinculada en el relato oficial al avance del narcotráfico y a la expansión de sus rutas.El nuevo centro pretende apartar de la vida cotidiana a quienes las autoridades consideran de mayor peligrosidad y reforzar el control estatal sobre ellos. En términos operativos, concentrar a internos de alto riesgo puede facilitar la vigilancia y limitar su capacidad de seguir dirigiendo actividades desde prisión, siempre que existan controles eficaces, personal suficiente y reglas que se cumplan de manera sostenida. La capacidad anunciada, por sí sola, no demuestra que esos objetivos se vayan a alcanzar.El espejo salvadoreño y sus límitesLa referencia a Bukele plantea una pregunta que va más allá de la arquitectura penitenciaria: cuánto puede resolver una política centrada en el encarcelamiento masivo. La experiencia salvadoreña alimenta el debate regional sobre seguridad, garantías y las consecuencias de concentrar la respuesta pública en la detención. La noticia sobre Costa Rica no aporta datos que permitan atribuir a una prisión concreta una reducción de homicidios ni establecer qué resultados produciría trasladar ese enfoque a otro país.La comparación tampoco debe reducirse a una elección entre firmeza y ausencia de acción. El aislamiento de personas peligrosas puede ser una herramienta dentro de una política más amplia, pero no sustituye la investigación de los homicidios, la identificación de mandos y financistas ni el desmantelamiento de las rutas criminales. Si las organizaciones conservan sus recursos, reemplazan rápidamente a sus integrantes o continúan disputando mercados, una cárcel puede contener a algunos actores sin modificar las condiciones que alimentan la violencia.La prueba está fuera de los murosEl desafío costarricense será medir el impacto con indicadores que vayan más allá del número de plazas disponibles o de los traslados efectuados. La evolución de los homicidios, la capacidad de las redes para coordinar delitos desde prisión y los avances en la investigación de sus estructuras permitirían valorar si el CACCO contribuye a una mejora real. También importará que el control penitenciario sea sostenible: un centro de gran escala exige recursos, supervisión y mecanismos para prevenir abusos y conservar la legalidad de las actuaciones.En el debate de France 24 participaron Karen Jiménez Morales, presidenta del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica y directora del programa de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia, y Robert Bacon, analista de inteligencia criminal y financiamiento ilícito, exmilitar con experiencia en la DEA. Sus perfiles apuntan a dos dimensiones complementarias del problema: la gestión de la seguridad y el seguimiento de las redes y recursos criminales. La inauguración del CACCO marca una apuesta política visible; su balance dependerá de si esa capacidad penitenciaria se articula con acciones que reduzcan la violencia y debiliten el poder del narcotráfico.
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Costa Rica inaugura una megacárcel mientras persiste la presión del narcotráficoLa presidenta Laura Fernández inauguró el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una prisión con capacidad para 5.100 personas que busca aislar a los delincuentes considerados más peligrosos. La decisión coloca en el centro de la política de seguridad costarricense una estrategia de control penitenciario inspirada en el modelo aplicado por Nayib Bukele en El Salvador. Su eficacia, sin embargo, dependerá de algo más que el tamaño del establecimiento: de la capacidad de reducir la violencia fuera de sus muros y debilitar las redes que la sostienen.Una cárcel de gran escala en un país bajo presiónLa apertura del CACCO llega después de años de deterioro de los indicadores de seguridad. Costa Rica registró más de 900 homicidios en 2023, entonces su máximo histórico, con una tasa de 17,2 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Los niveles se mantuvieron similares en 2024 y 2025; este último año cerró con 873 homicidios. Las cifras describen una presión persistente, vinculada en el relato oficial al avance del narcotráfico y a la expansión de sus rutas.El nuevo centro pretende apartar de la vida cotidiana a quienes las autoridades consideran de mayor peligrosidad y reforzar el control estatal sobre ellos. En términos operativos, concentrar a internos de alto riesgo puede facilitar la vigilancia y limitar su capacidad de seguir dirigiendo actividades desde prisión, siempre que existan controles eficaces, personal suficiente y reglas que se cumplan de manera sostenida. La capacidad anunciada, por sí sola, no demuestra que esos objetivos se vayan a alcanzar.El espejo salvadoreño y sus límitesLa referencia a Bukele plantea una pregunta que va más allá de la arquitectura penitenciaria: cuánto puede resolver una política centrada en el encarcelamiento masivo. La experiencia salvadoreña alimenta el debate regional sobre seguridad, garantías y las consecuencias de concentrar la respuesta pública en la detención. La noticia sobre Costa Rica no aporta datos que permitan atribuir a una prisión concreta una reducción de homicidios ni establecer qué resultados produciría trasladar ese enfoque a otro país.La comparación tampoco debe reducirse a una elección entre firmeza y ausencia de acción. El aislamiento de personas peligrosas puede ser una herramienta dentro de una política más amplia, pero no sustituye la investigación de los homicidios, la identificación de mandos y financistas ni el desmantelamiento de las rutas criminales. Si las organizaciones conservan sus recursos, reemplazan rápidamente a sus integrantes o continúan disputando mercados, una cárcel puede contener a algunos actores sin modificar las condiciones que alimentan la violencia.La prueba está fuera de los murosEl desafío costarricense será medir el impacto con indicadores que vayan más allá del número de plazas disponibles o de los traslados efectuados. La evolución de los homicidios, la capacidad de las redes para coordinar delitos desde prisión y los avances en la investigación de sus estructuras permitirían valorar si el CACCO contribuye a una mejora real. También importará que el control penitenciario sea sostenible: un centro de gran escala exige recursos, supervisión y mecanismos para prevenir abusos y conservar la legalidad de las actuaciones.En el debate de France 24 participaron Karen Jiménez Morales, presidenta del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica y directora del programa de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia, y Robert Bacon, analista de inteligencia criminal y financiamiento ilícito, exmilitar con experiencia en la DEA. Sus perfiles apuntan a dos dimensiones complementarias del problema: la gestión de la seguridad y el seguimiento de las redes y recursos criminales. La inauguración del CACCO marca una apuesta política visible; su balance dependerá de si esa capacidad penitenciaria se articula con acciones que reduzcan la violencia y debiliten el poder del narcotráfico.

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